Mexicanos desplazados que buscan asilo en EU, atrapados y sin ayuda en un campamento en Matamoros

Alejandrina colocó una bandera tricolor en uno de los extremos del campamento de solicitantes de asilo de Matamoros, Tamaulipas, “para que no se olviden que aquí también habemos mexicanos”. Ondea en el lugar más próximo a la frontera con Estados Unidos, en lo que ahora es un barrio de tiendas de campaña, rodeado por una valla con la que el Instituto Nacional de Migración (INM) enclaustró a hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, cubanos, pero también a mexicanos. Al otro lado del Río Bravo, que aquí ejerce de muro, las barras y estrellas: el lugar al que toda esta gente atrapada aspira a llegar en algún momento.

Más de un millar de solicitantes de asilo languidecen desde hace más de un año en este campamento de Matamoros. La mayoría son centroamericanos y caribeños que cayeron en la telaraña del programa “Quédate en México”, que los obliga a esperar al sur de la frontera por una cita para defender su caso de asilo. Pero también hay familias mexicanas que quieren pedir protección en Estados Unidos y que huyeron de sus casas por miedo a la violencia del crimen organizado. Ninguna institución les ha ofrecido solución. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se defiende argumentando que es el primero que ha reconocido el problema. Sin embargo, no hay programas de apoyo, ni siquiera un censo de cuántos mexicanos buscan asilo al otro lado. La Ley de Desplazamiento Forzado Interno lleva un año en trámites y debería pasar al Pleno de la Cámara de Diputados esta semana, según Andrés Ramírez, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), pero aún cuando se aprobara en poco tiempo, está lejos de ser una solución.

La iniciativa plantea que esa dependencia sea la encargada de atender a los mexicanos obligados a escapar de la violencia que se convierten en desplazados internos. Es decir, que la Comar no solo se encargaría de la protección de los extranjeros que huyen y llegan a México —24 mil 271 solicitudes en 2020, en plena pandemia; 70 mil 609 el año pasado—, sino que también atendería a esos mexicanos que tuvieron que dejarlo todo.

“Estamos aquí huyendo de la delincuencia”, dice la mujer, sentada frente a su carpa, un amplio espacio de plástico con colchonetas para dormir y reforzado con cobijas que protegen de la lluvia. Cuenta que el 13 de octubre de 2018, hace apenas dos años, mataron a su esposo, Felipe Atanasio Salcedo, en Tecpán de Galeana, Guerrero. Había un pleito entre propietarios de una empresa maderera de Balcón, su comunidad, y el hombre fue llamado para mediar. Tres días antes de la que él creía que sería la reunión definitiva, alguien le pegó siete tiros por la espalda. El primero ya le alcanzó en el corazón y lo dejó en el suelo, pero los sicarios quisieron asegurarse de que habían cumplido su trabajo.

“Mi hijo le empezó a marcar y nada, no contestaba. Él era de los que, timbrando, respondía, de los que no dejaba a uno así. Mi hijo le habló a mi hermana, y al rato le dijo: me acaban de avisar de que está uno tirado en la tienda, y es de Balcón”, explica, recordando el día en el que le cambió la vida para siempre.

“La sorpresa que me llevé es que él yendo a comprar para llevarme algo a casa allá lo matan. Él no era un delincuente. No era nada. Le dieron siete balazos”, dice Alejandrina, sin poder contener las lágrimas. Todo este campamento está lleno de tragedias. Quedarse atrapados es otro paso más de vidas llenas de dolor, sangre, desigualdad y abuso. Para estas personas, el estado es solo el muro que les impide llegar a un lugar seguro. Ninguna autoridad se preocupó por ellas, ni arrestó a quien les hizo daño ni les garantizó que no se volvería a repetir. Cuando huyeron, entonces sí, había uniformados que se interponían en su camino y no les permitían llegar a Estados Unidos.

“La policía dice que llegó y nada más que no lo levantaron, nadie dejaba que se acercara. Pero no hizo nada. Ni siquiera quisimos andar volteando en demandas. Porque aquí, si viste algo, quédate callado. ¿Te hicieron algo? Quédate callado. ¿Podemos denunciar? Para qué. Nadie te protege”, dice.

Más de 5 mil guerrerenses huyeron en 2019

Nunca hubo un detenido por el asesinato de Atanasio Salcedo. A las víctimas no se les protegió. Este es el resumen de la impunidad. De un país en el que el 99% de los delitos no se castigan, según la ONG Impunidad Cero y en el que solo en 2019, un total de 8 mil 644 personas se convirtieron en desplazados internos, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). De ellos, 5 mil 128 procedían de Guerrero, el estado del que Alejandrina y los suyos escaparon, el estado que más personas expulsa, atemorizados ante la posibilidad de que los maten. Por detrás quedan Oaxaca (mil 071 desplazados), Michoacán (704) y Chiapas (608).

Tras un año en shock, cuenta la matriarca que su familia se convirtió en nómada. Durante esos primeros meses que siguieron al asesinato de Felipe permanecieron en Balcón sin atreverse a bajar a la capital. Vivir en su pueblo como si fuesen presos era inviable, así que se marcharon a Colima, a 556 kilómetros al norte siguiendo por la costa del Pacífico. Allí tampoco encontraron la tranquilidad. “Había gente, conocidos de ellos”, explica, sin dar más detalles.

Para Alejandrina son ellos. En el campamento en el que malvive, en Matamoros, se habla de la maña. Es, sin concretar, una realidad a la que sus víctimas no llaman por su nombre. Dar detalles es hablar de más, resultar sospechoso, ponerse una diana a la espalda.

Poco duró la familia de vuelta en Guerrero. Los dos hijos pequeños, que ahora tiene 18 y 16 años, estaban en peligro. Un carro ya andaba detrás del menor, paseándose afuera de casa de sus tíos. Y el chavo se dio cuenta. Año y pico antes habían matado a su padre. Meses atrás huyeron a Colima. En esas condiciones uno desarrolla ojos en la espalda. “Él no quería que yo supiera porque me iba a preocupar”, dice Alejandrina.

“¿Qué cosa hacemos? ¿Esperar otro? ¿Esperar a qué? Siento que estando fuera del país, mis hijos van a estar a salvo. Mientras estemos en México ellos no van a estar a salvo”, explica la mujer. Esa es la disyuntiva cuando nadie te protege.

En medio del pánico, recién retornados de Colima, pero bloqueados ante el miedo de sufrir un atentado, uno de los hijos de Alejandrina tuvo una idea. Cruzó a Estados Unidos de mojado, como cientos de miles de compatriotas han hecho durante décadas. Cuando estaba en lugar seguro, llamó a su esposa, que atravesó el puente de Matamoros como solicitante de asilo.

Incentivada ante la noticia de que su nuera y sus tres nietos seguirían el proceso al interior de Estados Unidos, en Florida, decidió probar suerte y se llevó a los tres pequeños hasta Tamaulipas, a casi mil 500 kilómetros de distancia de Guerrero. Se recorrió todo el país con la esperanza de hacer lo mismo: tomar su número en una lista, aguardar unas semanas y cruzar al otro lado para explicar que a Felipe Atanasio Salcedo le dieron siete disparos y que teme que sus hijos puedan ser los siguientes.

Cuando ya estaba imaginando su vida al norte del Río Bravo, llegó el coronavirus y todas sus expectativas se vinieron abajo. Debido a la pandemia, el 21 de marzo Estados Unidos cerró la frontera a todo tránsito no esencial y todos los procesos, tanto migratorios como de solicitud de asilo, fueron suspendidos hasta nueva orden. Desde entonces, ningún mexicano recibió turno para ser atendido en la corte de asilo. Tampoco fueron procesados los miles de extranjeros que esperan para su cita siguiendo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), que les obliga a esperar en México.

La “nueva normalidad” es estar atrapado en un campamento

La nueva normalidad impuesta por la pandemia en la frontera es la suspensión de todas las garantías legales migratorias o de petición de asilo. Según el artículo 42, que es el que usa el gobierno de Estados Unidos para expulsar a quien cruza irregularmente, todas las personas son potenciales agentes de contagio de Covid19. Así que se les expulsa sin siguiera pasar por un centro de detención. Según este procedimiento, 147 mil 601 personas fueron devueltas a México, de las que 7 mil 131 eran centroamericanas. Muchos de estos migrantes eran por motivos económicos y este sistema les permite volver a intentarlo sin que su pasaporte quede marcado por la deportación. Sin embargo, quienes buscan protección por miedo a ser asesinados, son devueltos igual. Así que Alejandrina ni siquiera lo ha intentado.

Cuando la guerrerense llegó al campamento de Matamoros los mexicanos eran una colonia amplia. Minoritaria y poco conocida fuera de las tiendas de campaña, pero con entidad propia. Había gente llegada de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero. En total, unas 300 personas, de un total de 2 mil 500. Todos se ubicaban en el sector 3, el más informal de todos, el que está casi tocando con la frontera de Estados Unidos. Seis meses después del cierre de la frontera esta población ha menguado considerablemente. Apenas quedan 20 familias, todas ellas de Guerrero salvo una pareja que llegó de Chiapas. Entre ellas están, por ejemplo, Rocío, que escapa con sus dos hijos y llega desde Cuajinicuilapa, en la costa chica de Guerrero, desde donde huyó cuando le dijeron iban a matar al pequeño de todos. O Denia, con tres pequeños a su cargo, con su esposo en Estados Unidos y meses temiendo caer víctima de la persecución que sufría el marido. Conforme pasa el tiempo van desesperándose. Más aún cuando vieron cómo algunas de las carpas que los rodeaban antes ya se levantaron.

Que algunos ya no estén en el campamento no quiere decir que se hayan puesto a salvo. Son víctimas de un sistema que está pensado precisamente para eso, para darles la vuelta, para que se agoten. La pandemia por Covid19 fue el argumento perfecto. Estados Unidos, el país con mayor número de contagios y muertos (6.65 millones de contagios y casi 200 mil muertos al 17 de septiembre), cerrado a cal y canto bajo la excusa de que el virus le puede entrar por el sur. Ante este desgaste continuo, algunos pagaron a un pollero para ser conducidos a Estados Unidos y permanecer allí como ilegales. Otros se hartaron de vivir en carpas y rentaron un departamento allí mismo, en Matamoros. Los menos se regresaron por donde habían venido, al lugar en el que los amenazaron. O a otro punto de México en el que consideren que su vida corre menos peligro.

Los mexicanos ahora atrapados en Matamoros son un drama invisible al que nadie presta atención. Todavía no son solicitantes de asilo, porque ni siquiera han tenido oportunidad de presentar su caso ante la corte de Estados Unidos. Hasta el momento, son desplazados internos. Y, al día de hoy, no existe una sola institución que tenga un plan para ellos. Por no haber, no existe ni legislación específica. Ni, obviamente, un censo. La CMDPDH elabora anualmente un informe sobre desplazamiento interno en México. Según sus datos, desde 2016 hay un acumulado de 346 mil 945 personas que se vieron obligadas a dejar su casa por algún tipo de amenaza. Gente, como Alejandrina, a la que le habían matado al esposo, a un hijo, a un hermano, y a quien el Estado no garantizaba ningún tipo de protección.

Sin planes de apoyo para quienes tienen que dejarlo todo

“Muchas de estas personas que solicitan asilo, cuando se encuentran en esta situación, es que se han vulnerado sus derechos. Han sufrido amenazas o vulneraciones serias a los derechos humanos. Es una movilización muy justificada. Emigran, pero lo planean, sino que se encuentran en la situación en la que salen huyendo”, dice Mauro Santos, director de Desplazamiento Forzado Interno, de la subsecretaría de Derechos Humanos. Admite que ellos no disponen de datos oficiales ni programas específicos, pero asegura que han dado el primer paso: reconocer el problema. Asegura que para cuando alguien se plantea cruzar al otro lado como refugiado es que ya se ha movido por el país sin encontrar protección.

En los últimos años, el fenómeno de mexicanos que piden asilo en Estados Unidos está en auge. Según los datos de la Universidad de Siracusa, las cortes al otro lado del Río Bravo resolvieron un total de 38 mil 750 casos de asilo presentados por mexicanos, lo que le convierte en el quinto país en número de solicitudes, solo superado por China, El Salvador, Guatemala y Honduras. Este indicador solo marca las demandas que ya fueron resueltas positiva o negativamente, pero no las pendientes. Según la oficina de asilo de Estados Unidos, las solicitudes pendientes a septiembre de 2019 eran 339 mil 836, aunque sin especificar por país de origen.

A pesar de todo, estos datos sirven para mostrar que el incremento de demandas de protección de mexicanos es exponencial. En 2001, por ejemplo, apenas 496 personas solicitaron asilo. En 2006, cuando Felipe Calderón declaró la denominada “guerra al narcotráfico”, esta cifra era incluso menor: 342. Sin embargo, con el inicio de la segunda década del siglo XXI las peticiones de asilo de mexicanos se multiplicaron: mil 176 resueltas 2011; 3 mil 267 en 2016; 7 mil 611 en 2019. En este año, y a pesar de que los procedimientos se cerraron en marzo a causa de la Covid19, hay 5 mil 103 solicitantes de asilo procesados por el sistema estadounidense.

Alejandrina pone toda su esperanza en que las fronteras se abran. Sin embargo, que la dejen cruzar no quiere decir que pueda quedarse eternamente. Aquí las estadísticas juegan en su contra. De los 38 mil 750 casos tramitados, 32 mil 975 fueron negados, por lo que a los solicitantes se les regresó a México.

La matriarca no quiere ni pensar en ello. Ahora solo le angustia pensar que la frontera está cerrada y que no parece que vayan a abrirla pronto. ”Yo digo que vieran mi caso. Si no abren, tendremos que ver. O regresarnos, pues. Pero igual. Si nos regresamos ya sabemos lo que nos espera”, explica.

En esta ecuación hay un elemento ausente: el estado mexicano. Animal Político consultó al Instituto Nacional de Migración (INM), la subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. No hay programa que trate el problema. Mauro Santos, director de Desplazamiento Forzado Interno, indicó que ellos trabajan un paso antes de que mujeres como Alejandrina se vean forzadas a pasar meses atrapadas en un campamento en la frontera. Sin embargo, no detalló cuáles son las acciones que desarrolla el gobierno federal. “Estamos tratando de desarrollar políticas públicas que no tengan que llegar a estos casos tan extremos”, dice Santos. Cierto es que, al contrario que administraciones anteriores, la de Andrés Manuel López Obrador reconoce la existencia de desplazados internos. Y sabe que estos, antes de recurrir a Estados Unidos han deambulado por diferentes estados buscando un lugar en el que estar a salvo.

“Estamos esperando que se apruebe la ley sobre desplazados internos”, explica Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar. El borrador de la iniciativa está todavía en comisiones, aunque podría pasar esta semana a la Cámara de Diputados.

Se trata de crear un programa de apoyo a una población que hasta el momento ha sido ignorada desde todas las instituciones de gobierno. Y, como recuerda Ramírez, el primero paso es dotar de recursos a una agencia que ya vio disminuir sus recursos de los 47 millones de pesos de 2020 a los 40 para el próximo año.

Para que la ley sea efectiva los diputados deben aprobarla, enviarla al Senado y haría falta que se construya y apruebe un reglamento. Una eternidad para Alejandrina, que cada día se despierta más cansada, con menos fuerzas de hacer frente a la jornada. Ahí en el campamento tienen su plancha con la que hacer tortillas, una cocina improvisada entre el barro y la madera y hamacas colgadas de los árboles.

“Uno se para sin ganas. Hace el desayuno, el almuerzo, el rato va pasando. Todos los días son lo mismo”, dice. Siendo mexicanos, podrían ir a donde quieran, nadie se lo impide. Sin embargo, ella explica que apenas sale del campamento tienen miedo de lo que hay afuera y gastaron casi todos sus recursos en el viaje a Matamoros.

La verja con la que el INM cerró el campamento es la penúltima afrenta. Ni bañarse en el río les dejan ahora, convertidos en casi presos en un país que no es capaz de protegerlos. “Yo ya no aguanto”, se queja la mujer.

La última esperanza llega en forma de rumor. “Dicen que hay abogados y que hay opción a Canadá. Y si no, para todo se ocupa el dinero, pero buscar. Buscar si se pudiera, aunque sea con permiso de trabajo. Lo que sea, pero fuera de México”, dice. Solo durante este año, 1,935 mexicanos llegaron hasta Canadá para pedir asilo, el 12.6% de las 15,350 que se recibieron, lo que le pone a la cabeza en solicitudes de protección.

Desesperada, Alejandrina ya baraja cualquier opción. Y, si tuviese que regresar, solo pide que sea sin sus hijos. “Yo voy de salida, digo yo que no me hacen nada, pero ellos…”

El campamento de Matamoros se acerca cada vez más a una cárcel en la que cientos de hombres, mujeres y niños que buscan vivir sin violencia en Estados Unidos se ven obligados a languidecer en uno de los estados mexicanos con mayor presencia del crimen organizado. El gobierno de López Obrador se comprometió con Donald Trump a hacer lo posible para que guatemaltecos, hondureños o salvadoreños no se acerquen al muro ni intenten cruzarlo. La paradoja es que, entre todos ellos, también hay mexicanos a los que su propio gobierno, el que despliega miles de agentes de la Guardia Nacional para impedir el tránsito de los centroamericanos, es incapaz de proteger.

Este trabajo se realizó con apoyo de National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund