La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo esta mañana que tras la reunión de ayer con las integrantes de las colectivas y familiares de víctimas que tienen tomadas las instalaciones de la CNDH, éstas ya deberían estar libres porque se atendió su reclamo.
Sánchez Cordero comentó que no abordó el tema de las protestantes y la toma de las instalaciones de la CNDH, sin embargo consideró que ya no deberían estar en el lugar.
“Lo digo públicamente, yo creo que si ya se está atendiendo su reclamo y se va a atender de manera profesional y adecuada, no tendrían porque ellas estar dentro de las instalaciones si sus legítimas preocupaciones y reclamos están siendo debidamente y puntualmente atendidos desde la Secretaría de Gobernación, con todas las instancias que nosotros tenemos para atender violencias”, sostuvo durante la conferencia mañanera.
Informó que uno de los acuerdos a los que se llegaron es que la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Sámano, irá a los estados a dar seguimiento a las denuncias de las mujeres, pues muchos de los casos de feminicidios y de violaciones, así como otras violencias, son de competencia local.
La Conavim y la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia revisarán las particularidades de cada uno de los casos presentados, “para definir las posibles negligencias por parte de las servidores que los hayan atendido”.
La funcionaria informó que se establecerán fechas para cada reunión. La primera fue acordada para el 17 de septiembre. De ahí habrá reuniones cada quince días o cada mes.
Ayer tras la reunión, las manifestantes aseguraron que no se negoció la entrega del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Nosotros no vamos a entregar las instalaciones hasta que no tengamos resultados concretos”, indicaron.
Desde el pasado viernes, colectivas feministas y familiares de víctimas tomaron las instalaciones de la CNDH en la CDMX para exigir la renuncia de su titular, Rosario Piedra Ibarra.
Las manifestantes acusan que el actual gobierno no ha trabajado para brindar una reparación del daño para las víctimas de violencia.