El proyecto de presupuesto para 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé incrementar los recursos para la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, principalmente por su involucramiento con obras de infraestructura, pero a su vez plantea recortes en la operación de los penales federales y en la comisión responsable de atender a las víctimas de la delincuencia.
Y aunque el país atraviesa un año en el que los niveles de violencia homicida se encuentran en cifras récord y a que las fuerzas de policía carecen de la preparación y evaluación suficiente, el proyecto oficial propone ligeras reducciones en los subsidios destinados a la seguridad pública en los estados y municipios, así como en el combate al secuestro y en inteligencia.
Al detallar las prioridades de la estrategia de seguridad para 2021, el proyecto señala a la consolidación de la Guardia Nacional como uno de los principales objetivos y, para ello, contempla destinarle un presupuesto que ascienda a los 35 mil 671 millones 328 mil 458 pesos.
Si se toma en cuenta que estos recursos ya agrupan lo que se destinaba a la desaparecida Policía Federal, se trata de un incremento de casi el 18% en términos reales, que se traducen en más de cinco mil millones de pesos por encima de lo contemplado para este año.
Este dinero, sin embargo, no es todo el que se destinará a la Guardia Nacional. El presupuesto también plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)invertirá por lo menos 500 millones de pesos para la construcción de 76 cuarteles para dicha fuerza en distintas entidades federativas.
Aunque la Guardia Nacional es una policía civil por definición, Animal Político ya ha documentado que buena parte de su infraestructura y sus recursos humanos son cubiertos con presupuesto de las fuerzas armadas. De hecho, el salario de la mayor parte de sus reclutas es pagado por la Sedena.
En ese contexto, el presupuesto enviado por el presidente plantea para la Sedena un presupuesto de 112 mil 557 millones 168 mil 656 pesos, cerca de 18 mil millones de pesos por encima de lo que se le había destinado el año pasado, y en términos reales un incremento del 15.7%. Se trata de uno de los mayores incrementos planteados para una dependencia en el proyecto de presupuesto.
Una parte importante de los recursos extra que se pretenden designar al Ejército el año que viene están relacionados con el apartado de proyectos de infraestructura gubernamental para la seguridad nacional, que avanzarían de 6 mil 540 millones destinados en 2020 a 21 mil 814 millones para 2020. La explicación de esto es el incremento en los recursos para la obra del Aeropuerto Felipe Ángeles, cuya ejecución está a cargo de la Sedena.
Aunque en menor proporción, el presupuesto también plantea un incremento en el presupuesto para la Secretaría de Marina Armada de México (Semar): en total 35 mil 476 millones 715 mil 511 pesos, un incremento del 2.2% respecto a 2019 ya tomando en cuenta la inflación.
El proyecto de presupuesto enviado por el gobierno prevé recursos por 63 mil 441 millones para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un ligero incremento del 2% en términos reales respecto a 2020. No obstante, esta alza se sustenta en el incremento a la Guardia Nacional (adscrita a dicha dependencia), pues en otros apartados hay reducciones.
Por ejemplo, pese a que la población penitenciaria ha comenzado a ascender tras al incremento de los delitos que ameritan prisión preventiva automática, el presupuesto propone destinar 21 mil 397 millones de pesos al sistema penitenciario federal en 2021, que en términos reales significa una disminución del 0.7% respecto a lo aprobado este año.
Para la Coordinación Nacional Antisecuestro se plantean 52 millones 650 mil 271 pesos, que al igual que en el caso de los penales es un presupuesto mas alto respecto a 2020, pero que al tomar en cuenta la inflación significa una reducción del 3%.
El presupuesto propuesto para 2021 en tareas de inteligencia orientada a combatir al crimen – ejercido a través del Centro Nacional de inteligencia (antes CISEN) – es de 2 mil 603 millones de pesos, una reducción del 4.2% respecto a 2020.
Otro recorte que plantea el presupuesto se registra en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la que se pretenden destinar 843 millones 727 mil 642 pesos en 2021, 12 millones menos que lo aprobado originalmente para este año, y en términos reales una disminución del 4.7%.
La disminución del presupuesto planteada para CEAV ocurre en un contexto de crisis para dicha comisión. Los reclamos y manifestaciones de víctimas de graves violaciones a derechos humanos han venido en ascenso, motivadas por la ineficacia de esta comisión para dar respuesta expedita a sus demandas de atención. La crisis en CEAV incluso provocó en junio la renuncia de su titular, Mara Gómez, en una carta donde ella misma reclamaba falta de apoyo.
El proyecto entregado por el gobierno federal al Congreso tampoco plantea avances en cuanto a los subsidios destinados al desarrollo de las fuerzas de seguridad pública locales. De hecho, hay ligeros retrocesos.
Por ejemplo; para el Fondo de Portaciones para la Seguridad Pública (FASP) que se reparte entre los estados se proponen 7 mil 695 millones 616 mil 328 pesos en 2021, que en términos reales es un avance de cero por ciento respecto a lo que se aprobó para este año.
En tanto, el subsidio que se destina para los municipios denominado FORTAMUN sufrirá un recorte del 4.5% en términos reales para quedar en 85 mil millones de pesos. Aunque este es un subsidio que se destina para varias cosas, al menos el 20% debe asignarse a seguridad, por lo que disminuir el total afecta la repartición.
Aunque el propio presupuesto reconoce la importancia de mejorar las condiciones de las fuerzas de policía en el país a través del denominado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, no plantea algún recurso extra para ello. Refiere un acuerdo del año pasado que permitiría otorgar hasta 50% del FORTAMUN a este nuevo modelo, pero en el desglose solo mantiene la asignación del 20%.
La Fiscalía General de la República (FGR) – que ya es un ente autónomo y elabora su propia propuesta de presupuesto – le pidió al Congreso un pequeño incremento en su gasto total para el año que viene, aunque con algunas reducciones en áreas claves como las de investigación al crimen organizado o la de desaparición forzada de personas.
La FGR dice requerir en total, ya tomando en cuenta medidas de austeridad, recursos por 17 mil 346 millones 99 mil 616 pesos, que es un alza 0.4% respecto a lo aprobado para este 2020, ya tomando en cuenta la inflación.
En el análisis área por área se advierten algunos incrementos, por ejemplo, del 2% para su cuerpo de policía ministerial, del 8.6% para su fiscalía especializada en investigar denuncias de corrupción, o del 5.4% en la fiscalía que se encarga de indagar denuncias por violaciones a derechos humanos.
En contraste, el presupuesto plantea reducir en términos reales el presupuesto para su Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)en un 3.4% , quedando en 568 millones 616 mil pesos para 2021. De forma similar, plantea un recorte del 7.2% para su Centro Nacional de Análisis, Información y Combate a la Delincuencia.
La FGR también ha propuesto un presupuesto de 20 millones 867 mil 774 pesos para su Fiscalía Especializada en Investigación de Desapariciones Forzadas, que es poco mas de un millón por debajo de lo aprobado para este año, y en términos reales una reducción del 8.6%, una de las más grandes en la fiscalía.