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Poder Judicial pide 950 millones para reforzar seguridad de jueces y enfrentar crimen organizado
Poder Judicial pide 950 millones para reforzar seguridad de jueces y enfrentar crimen organizado
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Poder Judicial pide 950 millones para reforzar seguridad de jueces y enfrentar crimen organizado
09 de septiembre, 2020
Por: Arturo Angel
@arturoangel20 
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El Poder Judicial de la Federación pidió al Congreso de la Unión que autorice un aumento del siete por ciento en su presupuesto total de 2021 con el objetivo de contar, entre otras cosas, con casi 950 millones de pesos que se destinarán exclusivamente a reforzar la seguridad física de jueces y magistrados y enfrentar el crecimiento de casos de corrupción y crimen organizado.

En el documento enviado a San Lázaro, el Poder Judicial plantea la urgente necesidad de salvaguardar la integridad física de los juzgadores luego de que el pasado mes de junio fueran asesinado en Colima el juez federal Uriel Villegas Ortiz junto con su esposa, por presuntos sicarios. El juzgador llevaba proceso relacionados con delincuencia organizada.

“Este crimen contra el Estado no es un hecho aislado, pues debe considerarse en el marco de múltiples amenazas, tanto en público como en privado, a quienes dedican sus vidas a la impartición de justicia (…) Por ello, tenemos el ineludible reto de garantizar la protección y seguridad de juezas, jueces, magistradas y magistrados” señala en su exposición de motivos el Poder Judicial.

El documento añade que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la imparcialidad de los jueces se ve seriamente afectada al trabajar en entornos donde su integridad física y hasta su vida se ven amenazadas.

En ese contexto, detalla que aun cuando se ha venido trabajando en mejorar los diagnósticos de riesgo para asignar medidas de protección a los juzgadores, resulta imperativo destinar mayores recursos sobretodo para jueces y magistrados que trabajan casos penales.

“El presente proyecto de presupuesto prevé una asignación de 826 millones de pesos, recursos necesarios para garantizar la seguridad de jueces y magistrados”, advierte la propuesta.

A ello se suman otros 117.1 millones de pesos que el Poder Judicial destinará exclusivamente a reforzar las capacidades de juzgados que tienen la mayor carga de trabajo de casos relacionados con crimen organizado. Y es que de acuerdo con el poder Judicial dicha carga ha ido en aumento luego de que se legalizó la participación de las fuerzas armadas en operativos de seguridad pública.

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Más prisión, más espionaje, nuevos juzgados

En su proyecto de presupuesto enviado a San Lázaro, el Poder Judicial solicitó un presupuesto total de 72 mil 429 millones de pesos para 2021, que significaría en términos reales un alza del siete por ciento respecto a lo que le fue aprobado para el año que sigue en curso.

Aunque destaca que se trata de una propuesta “responsable y austera”, el documento subraya que se requieren recursos extra para algunos temas en específico.

Uno de ellos es el potencial incremento en las cargas de trabajo que recibirán los juzgados penales, luego de que el año pasado se aprobaron reformas constitucionales que duplicaron la cantidad de delitos que ameritan prisión preventiva automática, la cual debe ser avalada por un juez.

“Derivado de la reforma al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, se prevé un aumento significativo en los asuntos atendidos por los Centros de Justicia Penal. Para ello, en 2021 se prevé la instalación de 19 nuevos Centros de Justicia Penal, lo cual requiere de 339 millones de pesos” indica el documento.

El Poder Judicial también contempla destinar 201.6 millones de pesos para atender con mayor rapidez la creciente demanda de intervenciones de comunicaciones, aseguramiento de cuentas y cateos de parte de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De igual forma se pretenden crear al menos 43 nuevas plazas de jueces de distrito que se estarán designando para distintas tareas, entre ellas, para agilizar la atención de solicitudes relacionadas con la nueva Ley de Amnistía y con preliberaciones de internos de en el contexto de la pandemia sanitaria

A la par de ello el Poder Judicial señala, aunque sin precisar cantidades, que reforzará el Instituto de la Defensora Pública que se encarga de asesorar y representar legalmente a personas que no cuentan con recursos para pagar un abogado, y el cual cuenta actualmente con 889 abogados de oficio y 211 asesores jurídicos que resultan insuficientes.

En términos globales, el Poder Judicial plantea un presupuesto total de 64 mil 44 millones para el Consejo de la Judicatura Federal; de 5 mil 159 millones de pesos para la Suprema Corte de Justicia; y de 3 mil 225 millones para el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación.

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Mil 500 millones para reforma laboral

El Poder Judicial también proyecta la erogación de casi mil 500 millones de pesos para continuar con la fase uno de la implementación de la reforma laboral ya aprobada, e iniciar la fase dos. Ello se traduce en la puesta en marcha de Tribunales laborales que conocerán las demandas de este ramo en sustitución de las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje.

En ese contexto y pese a las complicaciones que ha traído consigo la pandemia del COVID-19, se advierte que ya se han instalado tribunales laborales en ocho entidades federativas para los cuales se requieren ahora 938 millones de pesos para realizar adecuaciones y ponerlos en marcha.

A su vez se plantea como meta para 2021 iniciar la instalación de 19 tribunales más en 13 entidades federativas para lo cual se necesita de otros 557.8 millones de pesos.

“Estos tribunales requieren de infraestructura y recursos operativos altamente especializados: una plataforma digital para realizar notificaciones por vía electrónica; equipo de grabación para el desahogo de las audiencias; una unidad de peritos para el examen de evidencias; calculadoras de prestaciones laborales que automaticen los procesos que actualmente requieren demasiado tiempo y generan errores, y modelos predictivos que permitan a las partes decidir si concilian o si continúan con el litigio a partir de las tendencias en casos análogos a los suyos”, indica el presupuesto.

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