Un año después de la masacre en Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, solo hay 2 policías detenidos
Dos policías detenidos, tres en libertad tras prestarse a colaborar con las autoridades y otros dos en busca y captura. Así se encuentra la investigación un año después de la masacre de la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 5 de septiembre se cumplió un año de la muerte de ocho personas, que las autoridades estatales presentaron como un enfrentamiento contra integrantes del crimen organizado pero que familias de las víctimas y la ONG que les acompaña califican de “montaje”. Los allegados de los fallecidos los recuerdan exigiendo que la justicia investigue a todos los responsables.
El 5 de septiembre de 2019 las autoridades de Tamaulipas anunciaron que elementos de la policía estatal y de la Sedena habían abatido a ocho miembros de un grupo armado tras un enfrentamiento. Posteriormente, sus familias y el Comité por los Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo presentaron videos, fotos y testimonios con los que sostenían que las víctimas fueron llevadas al lugar a la fuerza, torturadas y luego vestidas con uniforme militar para presentarlas como sicarios. Allí mismo fueron ejecutados, según estos testimonios.
“El 5 de septiembre en este lugar la autoridad anunció que en un enfrentamiento habían abatido a ocho integrantes de una célula criminal. Esta información la dio a conocer el gobierno de Tamaulipas. Nos decían hace un año que esos integrantes del crimen organizado se habían enfrentado con la policía estatal y con el ejército. Y entonces muchas familias que empezaron a ver la noticia a través de las redes sociales pusieron en duda esa versión”, dijo Raymundo Ramos, presidente de la Comisión por los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la ONG que acompaña a las familias de las víctimas.
Recordó Ramos que, tras las primeras dudas, se recabaron informaciones que revelaron que “aquí no hubo persecución ni enfrentamiento, aquí hubo una masacre”.
Los nombres de la víctimas eran Wilbert, de 20 años; Jennifer, de 21; Severiano, de 34, Juana Yetzel, de 20; Enrique, de 20; Cindy Esmeralda, de 39; Luis Fernando, de 19 y José Daniel, de 19.
Según videos, fotos y testimonios que dieron a conocer pocos días después de la muerte de estas ocho personas, policías estatales armaron un operativo de seguridad. “Traían una camioneta en una grúa. Después, trajeron a ocho. Ahí adentro los comenzaron a torturar. Los vistieron con uniforme militar y uno a uno los fueron privando de la vida. Los mataron a sangre fría sin dar oportunidad de defenderse”, dijo Ramos.
“Luego nos enteramos que hubo sobrevivientes. Testigos. Estas personas no vivían aquí sino que fueron extraídos de sus casas”, denunció.
“Este montaje sigue impune. Un año después hay dos policías detenidos en una prisión que más parece un hotel y que les permite todo tipo de facilidades. Hay tres policías que se hicieron testigos colaboradores y esos están en libertad. Y hay otros dos que aparentemente están huyendo por los que se pide recompensa”, explicó.
En total, según el activista, hay siete personas acusadas. “Pero aquí participaron más de cien personas. Este es un juicio simulado, una investigación simulada, tanto por el fiscal especial como por el juez como por policías estatales o elementos del ejército”, dijo, tras realizar un llamado al gobierno de Tamaulipas y al ejecutivo federal “para que se haga justicia”.
“Un año después las víctimas no descansan en paz. No tienen paz porque no hay justicia. Familiares están lastimados por la forma en que murieron, porque se burlan los policías, porque no encuentran justicia”, dijo, tras lamentar que “no hay voluntad para esclarecer los hechos”.
Y lanzó una advertencia: “si pretenden que se olvide, no va a ocurrir”.
“Pido a las autoridades que se haga justicia. Ellos no debían morir así. ¿Quiénes son ellos para acabar con la vida? Si andaban mal su trabajo era agarrarlos y exponerlos a la autoridad, no matarlos”, dijo Natividad Chávez Enríquez, madre de Enrique, una de las víctimas de la masacre.
El sacerdote Carlos Raúl Ramírez Moreno, tío de Jennifer, otra de las fallecidas, pidió un “cese al fuego” al ejército mexicano y a los carteles “para que las víctimas puedan salir a buscar a los desaparecidos”. “Todos son víctimas de una guerra que privilegia a gobernadores”, afirmó.
