“Esto es un alivio, vivimos un tormento esperando 14 años”. Martha Perla Iglesias López tenía 32 años aquel 2 de febrero en el que le llamaron para avisarle que su padre, Guillermo Iglesias, estaba al interior de la mina de Pasta de Conchos cuando esta colapsó. Fue un shock para ella, para sus cuatro hermanos y para toda Nueva Rosita, Coahuila, una tierra minera en la que la mayor parte de la población vive de la extracción. El pozo, propiedad de Grupo México, se vino abajo y 65 personas fueron sepultadas. Solo dos de los cuerpos pudieron ser recuperados. Ahora, Iglesias tiene 46 y acaba de escuchar por primera vez el compromiso de que iniciarán las labores de rescate.
“Mi corazón está contento, son casi 15 años, hoy es un día muy importante para las familias”, aseguró.
“Fue muy impactante de un día para otro no ver a mi papá. A los once meses, mi mamá falleció. Ahora sabemos que podemos recuperar el cuerpo de papá para darle sepultura”, dijo la mujer.
“Son emociones encontradas. Todos estos años teníamos la esperanza de tener este rescate. Ahorita estamos en un punto de que va a empezar, pero falta otro tiempo para lo que viene”, explicó. Es consciente de que lo viene puede ser duro. Porque nadie sabe cómo estarán los restos después de casi tres lustros y con toneladas de tierra y minerales por encima. A pesar de todo, ella mantiene la ilusión de que sus padres puedan ser enterrados juntos.
La noticia de que había voluntad para iniciar el proceso se la dio a las familias el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante un encuentro en Palacio Nacional. Ahí les anunció el calendario para recuperar los restos: los trabajos de acondicionamiento comienzan esta semana, pero él se desplazará hasta Coahuila para dar seguimiento el 23 de octubre. Estas labores podrían alargarse hasta cuatro años. Además, se instalará un mausoleo para recordar a las víctimas y se procederá a las indemnizaciones.
Para Iglesias y el resto de familias, con esta promesa termina un ciclo que les ha llevado a manifestarse, a protestar, a participar en cientos de reuniones, todo con el objetivo de que el gobierno se comprometiese a reabrir la mina y buscar los cuerpos de sus allegados.
“La emoción de hoy es cuando te dan claramente el sí. Veníamos con bajas expectativas, no ha sido una lucha fácil”, explicó, desde las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Junto a ella, Cesáreo Calvillo, Orlando Minjares y Alfonso Julián Martínez, familiares de mineros que se encontraban al interior del pozo durante la tragedia, y Stephanie Brewer, de la organización de derechos humanos.
Previamente, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, había hecho pública la minuta suscrita entre el gobierno federal y los familiares de los mineros.
Según lo acordado, la Comisión Federal de la Energía iniciaría los trabajos de rescate, que serían costeados en parte por el carbón que se extraiga una vez terminados los trabajos. Se estima que podrían costar 75 millones de dólares. En el predio de la mina en el que tuvo lugar el siniestro se levantará un memorial. Habrá una reparación individual y colectiva.
Según los familiares, López Obrador se comprometió a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, con pavimentación y la construcción de una universidad. Los trabajos deberían comenzar en enero de 2021. Previamente, a través de la secretaría de Gobernación, deberá liquidarse la indemnización, que en un encuentro anterior se fijó en 3,7 millones de pesos para cada familia.
Los representantes de las familias afectadas se mostraron muy agradecidas con el presidente López Obrador. “Nos dijo que el rescate se va a hacer. Y esto cambió las expectativas”, dijo Iglesias.
Alfonso Julián Martínez González es otro de los afectados por la tragedia. Tenía 25 años cuando su padre Julián murió sepultado. “Aquel golpe fue algo que no se esperaba nadie. Ese día que pasó la tragedia estábamos esperando para ir a trabajar, haciendo la casa de uno de los hermanos. Mi hija también lo estaba esperando, pero nunca llegó”, explica.
“Se nos avisó, nos enteramos por los medios. Y yo y mis hermanos fuimos para allá. Nadie se espera nada así”, explica. Han pasado 14 años desde aquello, pero para el hombre sigue siendo difícil revivir aquella tragedia.
Para él resulta importante el cambio mostrado por la actual administración en el trato hacia las familias. “Ningún gobierno nos había recibido. Nunca tuvimos respuesta de ellos, siempre era que el rescate no era viable. Con este, quedamos sorprendidos de verdad con la resolución que dio”, dice. Anteriormente, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto les cerraron las puertas, asegura.
“Es una alegría, un descanso. Estamos muy contentos de que se vaya a dar”, explicó el hombre, minero como su padre. Ahí en Nueva Rosita trabajar perforando la tierra es un orgullo que se pasa de padres a hijos. Lo sabe Martínez, que siguió con el oficio a pesar de la tragedia. También sus tres hermanos. Todos siguieron los pasos del padre fallecido en el siniestro.
“No da miedo. Lo que pasa es que la región, como su nombre lo dice, es una región carbonífera. La fuente de empleo casi es minera. Desde que estás chico, quieres ser como tu papá. Es un trabajo riesgoso, pero puede ser bonito”, afirmó.
A pesar de la alegría, las familias mantienen la cautela porque queda todo por hacer. “Esto no termina. Termina hasta que tengamos el rescate. El origen es que nos digan que van a hacer el rescate. Estamos viviendo otro episodio mas”, dijo Iglesias.
Además, queda pendiente la justicia hacia los familiares. Según dijo la mujer, este es un punto al que el presidente también se comprometió. “Al hablar de justicia y de leyes tiene que haber responsabilidades”, dijo.