Familia acude a la justicia para que le instalen energía eléctrica y su hijo pueda tener clases a distancia
Patricia Gómez, de 43 años, dice que durante los últimos 15 años ha vivido sin luz y sin energía eléctrica, y acostumbrada a guiarse por la frágil luz de las velas en las noches cerradas.
En su casa, donde junto a su esposo Crescencio Cruz ha criado a tres hijos y a un nieto, no hay televisión, ni refrigerador, ni microondas, ni mucho menos computadoras, tablets, o señal de Wi-fi. Y aunque en las paredes de cemento desnudo de la vivienda hay varios conectores, en la práctica es como si no existieran.
Patricia no vive en alguna de las múltiples comunidades serranas, remotas, y de muy difícil acceso que hay desperdigadas por el extenso campo de la vasta huasteca potosina. Vive en la colonia Terremoto, en la periferia de la capital de San Luis Potosí, más concretamente en la ‘terremotito’, que está en las afueras de esta colonia periférica.
“Acá estamos igual de olvidados que mucha gente que vive en la sierra -lamenta la mujer-. Llevamos años con el mismo problema de falta de energía eléctrica y falta de agua. Por eso mucha gente ya se fue de aquí. Porque no hay nada, ni los servicios más básicos. Yo soy de las pocas que he aguantado”.
Y ha aguantado, admite, porque tampoco es que tenga muchas más opciones con el sueldo de Crescencio, ayudante de plomero que con la pandemia de Covid ha visto la chamba reducida a trabajos esporádicos.
“En la casa hay para medio comer, nada más”, dice.
A continuación, Patricia trata de rebajar el tono grave de sus palabras. Asegura que ya están habituados a la falta de servicios básicos, que no es algo nuevo ni son los únicos en esa situación, y que, aún así, siempre se las ingeniaron para salir adelante.
El problema, subraya, el gran problema es que con la pandemia y la nueva normalidad de educación a distancia tener energía eléctrica y una simple televisión se vuelve tan indispensable como la olla de frijoles que hierve al fuego de la lumbre.
Entre el trabajo infantil y las pandillas
El pasado 24 de agosto, la Secretaría de Educación puso en marcha el programa ‘Aprende en Casa II’ con el que dio arranque el ciclo escolar 2020-2021.
Este programa consiste en que, por medio de un convenio de 450 millones de pesos, varias televisoras transmiten en abierto clases para 30 millones de alumnos y alumnas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Además, los contenidos se transmiten por internet y radio, y se distribuyen libros de textos gratuitos y cuadernillos de trabajo para quienes no pueden seguir las clases por ningún medio.
Sin embargo, a las 9.30 de la mañana, cuando comienzan a transmitirse por el Canal 10 las clases para los alumnos de cuarto grado de primaria, Jesús Guadalupe Cruz, de 11 años, no está frente al televisor aprendiendo Matemáticas, Historia de México, o Geografía.
“Desde que se cortaron las clases, el niño trabaja en el campo ayudando a un señor a cortar alfalfa”, explica Patrica, su madre.
“En la casa no tenemos televisión, radio, internet… ¡No tenemos ni electricidad! No podemos seguir las clases a distancia de ninguna forma. Y para que esté todo el día en la calle, mejor que esté haciendo algo. No es una gran ganancia lo que le dan en ese trabajo, pero al menos saca para sus gastos y eso ayuda en la casa”, añade la mujer, que no obstante asegura que está preocupada por su hijo. Teme que el niño ya no quiera volver a las aulas cuando la pandemia se debilite. Que teniendo un empleo -informal y precario, pero un empleo- vea como algo inútil retomar los libros.
“Hablo mucho con él. Le digo que su padre y yo queremos que siga estudiando, que está muy chico todavía para irse a trabajar al campo”.
Patricia suspira.
“Él me dice que sí, que va a seguir estudiando. Pero me preocupa que ya ganando dinero no quiera volver a la escuela”.
La preocupación de Patricia está fundada. El propio secretario de Educación, Esteba Moctezuma, la compartió el pasado 22 de junio, cuando dio una conferencia virtual en la que expuso que en el ciclo escolar 2018-2019, antes incluso de la pandemia, la tasa de abandono escolar promedio fue del 4.4% en secundaria y de hasta el 13% en educación media. El factor común y recurrente en estas cifras fue que, en efecto, los estudios “dejan de ser prioridad” para los menores “debido a factores externos y a la necesidad de cumplir con otro tipo de necesidades, fundamentalmente económicas”.
A Patricia también le preocupa que su hijo no quiera volver al colegio porque, al trabajar ya como un adulto, está creciendo demasiado rápido. Y eso lo hace vulnerable, más aún, a la calle. A la colonia.
Y, de nuevo, su preocupación está justificada. En la ‘Terremoto’, como en otras múltiples colonias de la ciudad de San Luis Potosí, como Arbolitos, 1 de Mayo, San Antonio, San Francisco, o Praderas del Maurel, la presencia de pandillas se ha intensificado en los últimos años, informó en marzo del año pasado el Instituto Potosino de la Juventud, que reveló que solo en la zona metropolitana de San Luis y el municipio de Soledad operan al menos 450 pandillas.
Además, está la presencia de múltiples grupos del crimen organizado, como el cártel Jalisco Nueva Generación, que desde noviembre del año pasado mantiene en la entidad un enfrentamiento con otros grupos armados, como el Cártel del Noroeste, el Cártel del Golfo, y Los Zetas.
Esta maraña de pandillas y cárteles, aunado a la pobreza, falta de oportunidades, y a la marginalidad, hacen de las colonias de la periferia potosina, como la Terremoto, lugares propicios para el reclutamiento de menores por parte de la dencuencia.
“La colonia está muy peligrosa, es una zona de muchas pandillas. Y si el niño está todo el día en la calle, es presa fácil para que agarre malas mañas y malas compañías”, advierte Patricia. “Por eso, queremos que siga estudiando”.
“Para estos niños no hay ‘Aprende en casa’”
En la conferencia del pasado 22 de junio, el titular de la SEP aseguró que para evitar la deserción escolar temprana han llevado y están llevando a cabo varias medidas, como el establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana “personalizado”, “para identificar posibles casos de abandono escolar y actuar a tiempo con el objetivo de que ningún alumno se quede fuera y continúe sus estudios”.
Y para esta tarea, dijo Moctezuma, es clave el trabajo que está haciendo la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ‘Benito Juárez’, que en el primer bimestre de este año entregó becas y apoyos a 5 millones 460 mil menores, que representan un poco más de 3.5 millones de familias.
Incluso, por el Covid, señaló que en el bimestre mayo-junio se entregó la beca “de forma adelantada” a 2 millones 665 mil menores, “quienes cada bimestre reciben 1 mil 600 pesos”.
Esto, además del programa ‘Aprende en casa II’, del cual Moctezuma recalcó que no se trata de un ‘parche’ provisional, sino de un curso formal para el que se cuentan con “todos los instrumentos necesarios”.
Sin embargo, ya en la práctica, Raquel Álvarez, abogada de la organización civil Renace San Luis, denuncia que cuestiones tan básicas como la falta de acceso a una televisión o al tendido eléctrico están imposibilitando que miles de niños accedan al derecho a la educación.
“Hemos visitado múltiples lugares de la huasteca potosina, y muchas colonias de la ciudad, como la ‘Terremoto’”, explica Álvarez. “Y lo que hemos documentado es que hay muchos niños y niñas que no tienen acceso a plataformas digitales, ni a una computadora, ni a una televisión, porque no tienen acceso a cosas tan elementales como la energía eléctrica”.
“Es decir, son niños para los que no existe el programa ‘Aprende en casa’”, sentencia la abogada.
Por ello, el pasado 7 de septiembre, Renace San Luis interpuso de manera altruista un amparo ante un juez de distrito en San Luis Potosí para que la Secretaría de Educación federal, así como las autoridades estatales, otorguen al niño Jesús Guadalupe y a su familia el acceso a los medios electrónicos y a internet para seguir las clases por televisión durante la pandemia, así como el acompañamiento de un maestro o maestra.
“En el amparo lo que señalamos es que la SEP no previó, ni estableció cuál sería la política a seguir para evitar la deserción de estudiantes, como Jesús Guadalupe, que no tienen acceso a servicios básicos, ni tampoco lo hizo el gobierno de San Luis”.
“Por ello -añade la abogada-, recurrimos ante los tribunales para que la autoridad resuelva de forma estructural este problema, empezando por brindar a esta colonia la energía eléctrica, y luego brindando las herramientas tecnológicas necesarias a los niños”.
En definitiva, subraya Álvarez, con el amparo, que se encuentra en revisión, se busca beneficiar a Patricia y a su hijo, pero también a toda la colonia que está sin electricidad y a otros menores en esta situación.
“Es una forma de obligar jurídicamente a las autoridades a que cambien su forma de actuar, y a que garanticen derechos fundamentales para los que, en realidad, nadie tendría que recurrir ante la justicia para obtenerlos”, concluye la abogada de Renace San Luis.
