Jaime Slomianski, extitular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) durante la administración del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, acumula múltiples carpetas de investigación en su contra y señalamientos por presuntas irregularidades en el gasto de 383 millones de pesos en obras de bacheo.
La Fiscalía capitalina anunció ayer lunes en un comunicado que investiga a Slomianski Aguilar y a varios colaboradores por un presunto desfalco en un contrato que la AGU entregó a una empresa privada.
Sin embargo, fuentes con pleno conocimiento del caso indicaron a Animal Político que la Fiscalía tiene iniciadas hasta ocho carpetas de investigación en contra de Slomianski por la firma de ocho contratos durante su gestión, en los cuales la contraloría interna de la ciudad detectó diversas irregularidades.
Estas mismas fuentes confirmaron que de las ocho carpetas iniciadas en total, la número CI-FSP/B/UI-B-1.C/D/18110/2019 ya se encuentra judicializada.
A partir de esta carpeta, un juez ya concedió a la Fiscalía una orden de aprehensión en contra de Slomianski, por lo que el exfuncionario está siendo buscado por las autoridades para que comparezca ante la justicia.
En esa carpeta judicializada, la Fiscalía de la ciudad detectó irregularidades en un contrato que la AGU otorgó el 11 de noviembre de 2018 a la empresa Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, por 29 millones 980 mil pesos.
El contrato, que fue otorgado a partir del proceso de licitación AGU-LPN-L-2-068-2018, tenía por objeto que la compañía le diera a la AGU servicios de “apoyo técnico y administrativo para la planeación, ejecución y control de procesos de obra pública”.
Sin embargo, la Fiscalía concluyó en su investigación que la AGU ya contaba con esos servicios y que, por lo tanto, era innecesaria la contratación de esta empresa a la que benefició con casi 30 millones de pesos de dinero público.
Según la indagatoria, el titular de la AGU debía autorizar y firmar las contrataciones, ya que sin su aval no podían concretarse las licitaciones. De ahí, su presunta responsabilidad en el desfalco.
Por este caso, a partir del cual se giró orden de captura en contra de Slomianski Aguilar, la Fiscalía también investiga a tres de sus colaboradores: Mario N., Francisco Javier N., y Enrique N., todos exfuncionarios de la AGU que laboraron en el área de compras y contrataciones de la dependencia.
La hoy extinta Agencia de Gestión Urbana era la dependencia responsable de dar atención y mantenimiento a la infraestructura urbana de la Ciudad de México como pavimentación de vías primarias, bacheo, jardinería y alumbrado público, principalmente.
Este no es el primer señalamiento de irregularidades en contra de la Agencia de Gestión Urbana bajo la dirección de Jaime Slomianski.
Ya desde diciembre de 2018, tan solo 17 días después de la entrada del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, la nueva dirección de procedimientos de contratación de obra pública de la AGU, dirigida en ese entonces por Toshimi Jacob Hira, detectó irregularidades millonarias en la gestión de Slomianski.
En concreto, la ‘nueva’ AGU instruyó a la contraloría de obras del gobierno capitalino para que investigara posibles irregularidades en 12 contratos por 383 millones de pesos que fueron entregados a empresas por esta dependencia.
Entre esos 12 contratos señalados está el que ganó la compañía Tecnología Urbana Aplicada.
En febrero de 2019, Animal Político documentó que esta empresa, al momento de ser beneficiada por la AGU de Slomianski Aguilar con un contrato por 49 millones 977 mil pesos para bachear las 16 alcaldías capitalinas, tenía como giro social organizar campañas publicitarias con edecanes.
Esta compañía, además, simuló presuntamente trabajos de bacheo -reportó a la AGU en sus informes que tapó hoyos en coordenadas que conducen a un punto remoto en mitad del Océano Pacífico-, y se benefició de una falsificación de firmas de documentos oficiales para presuntamente defraudar al erario capitalino casi 50 millones de pesos.
En esta misma investigación periodística se documentó que Tecnología Urbana Aplicada simuló el 75% de los trabajos de bacheo utilizando como comprobantes fotografías de socavones que ya habían sido tapados en otras obras.
Mientras que en el 15% de trabajos que sí hizo, la empresa supervisora de las obras denunció que esta contratista empleó cascajo con arena y piedra para tapar baches que, con las lluvias, se deshacían con la mano.
Al margen de este caso, la ‘nueva’ AGU también instruyó a la contraloría de obras de la ciudad para que verificara la “legalidad y la realización de los trabajos” de los contratos otorgados a siete empresas en la gestión de Slomianski Aguilar.
De acuerdo con el oficio GCDMX/AGU/DPCOP/2018-12-17.017, fechado el 17 de diciembre de 2018, y cuya copia fue obtenida por este medio a través de una solicitud de información, los contratos que se instruyó que se investigaran fueron otorgados a estas empresas con tan solo cinco días de separación: entre el 25 y el 30 de mayo de 2018, a tan solo seis meses de que concluyera la gestión de Slomianski en la AGU.
Y todos fueron entregados para realizar el mismo tipo de obra: trabajos de mantenimiento a través de reencarpetado en vialidades secundarias de la alcaldía Álvaro Obregón.
Las empresas beneficiadas fueron:
La revista Proceso publicó en septiembre de 2018 que este grupo de empresas pertenece a un solo contratista: José Velasco Jiménez, cuya red de compañías obtuvo durante la administración de Slomianski múltiples contratos de reconstrucción y mantenimiento de la carpeta asfáltica de la capital.
En esos contratos, las empresas de Velasco cometieron presuntas irregularidades.
Por ejemplo, en las obras de reconstrucción y mantenimiento de la carpeta asfáltica de los Centros de Transferencia Multimodal de la Central de Abasto, las empresas que ganaron la licitación para realizar dicho trabajo, entre las que figuran Grupo Velasco y Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, “carecían de suficiente asfalto, por lo que tuvieron que desviar el material de otras empresas con contratos vigentes”.
“Pero ese asfalto no lo compraron, salió de la planta del propio gobierno de la ciudad de México sin ningún costo”, publicó el semanario.