El senador de Morena Germán Martínez dijo este lunes que incluso si se aprueba en la Suprema Corte la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar a expresidentes, promovida por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, esta no tendría “ninguna eficacia ni eficiencia” para sancionar las probables conductas ilegales de nadie.
Un hipotético resultado de la consulta en favor o en contra, dijo, “no garantiza la eficacia para aclarar conductas presuntamente delictivas” ni someter a los expresidentes a la rendición de cuentas, ya que el resultado no es vinculante a jueces y juezas ni para la Fiscalía General de la República (FGR).
Martínez, de acuerdo con un comunicado de la bancada de Morena en el Senado, adelantó que se abstendrá de votar en la deliberación sobre la petición presentada por el titular del Ejecutivo, con el fin de realizar una Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes por presuntos actos de corrupción.
Esto se lo hizo saber en una carta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez.
El senador aseguró que no está a favor de la impunidad, mucho menos en el caso de expresidentes o servidores públicos, sin embargo, consideró que “la justicia ordinaria puede, sin ninguna tardanza, iniciar las investigaciones correspondientes, de hechos probablemente delictuosos, sin importar el cargo que ostentan o hayan ostentado”.
Con su decisión, dijo, no pretende lastimar la unidad de la bancada de Morena, sino ejercer su derecho a disentir. “No estoy dispuesto a disfrazar mis convicciones jurídicas. No voy a practicar la ventriloquía política”, refirió.
El legislador mencionó que en días pasados presentó junto con el coordinador de su fracción parlamentaria, Ricardo Monreal, una solicitud para integrar una Comisión, con la finalidad de cooperar activamente con la FGR en la procuración de justicia, llamando a comparecer a personajes públicos y privados.
Asimismo, “informó que presentó una iniciativa para establecer el referéndum y el plebiscito dentro de la Constitución, esto con el objetivo de contar con mecanismos de consulta directa, real y efectiva, en lugar del procedimiento ‘complejo y absurdo’ que impide a la ciudadanía hacer efectivo su derecho a participar”.