Caso Atenco: en 14 años nadie ha pisado la cárcel por los abusos policiales
Transcurridos más de 14 años desde el operativo policíaco en Atenco, Estado de México, que dejó dos muertos, más de 200 detenidos y diversas denuncias por abuso y torturas no hay condenados por aquellas actuaciones policiales. La Fiscalía General de Justicia de Edomex (FGJEM) informó a las víctimas que existe un proceso penal en contra de policías estatales que está en proceso de instrucción, que se han dictado once sentencias absolutorias, que hay pendiente un recurso de apelación contra una negativa para otorgar una orden de aprehensión y que existen ordenes de aprehensión pendientes de cumplir.
Así que no hay un solo condenado ni nadie ha pisado la cárcel por uno de los casos más emblemáticos de represión policial en los últimos años, según afirma la representación legal de once mujeres que aquel día sufrieron violencia sexual a manos de los uniformados. Ni los agentes que participaron (en el despliegue hubo más de 2 mil entre municipales, estatales y federales), ni la cadena de mando ni los cargos públicos que ordenaron aquellas actuaciones. En los momentos en los que tuvo lugar el operativo el gobernador del Edomex era Enrique Peña Nieto, que entre 2012 y 2018 fungiría como presidente de la República.
“No se ha investigado quién lo ordenó, quién lo planeó. Creemos que el actuar de la Fiscalía busca mantener la impunidad del caso”, dice Melissa Zamora, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que representa a las once mujeres que llevaron el caso ante la CIDH y que fueron reconocidas como víctimas de violencia sexual. Ante la inacción por parte de la Fiscalía del Edomex, las víctimas ponen su esperanza en la Fiscalía General de la República, para que atraiga el caso y de un impulso a las pesquisas.
Desde que sucedieron los hechos la FGE instruye las averiguaciones previas OL/DR/I/466/2006 con los resultados antes mencionados: once absueltos y ni un solo condenado. En septiembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) pidió atraer el caso. Según Zamora, esta iniciativa seguía la línea de lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en diciembre de 2018 condenó a México por la violencia sexual, las violaciones y la tortura sufrida por once mujeres. El fallo, a su vez, pedía la apertura de investigaciones tendentes a sancionar a autoridades del fuero federal y del fuero común por su participación en la planeación, ejecución y supervisión del operativo.
Según relató Zamora, la Fiscalía del Edomex permaneció ocho meses sin contestar a la FGR ni a los requerimientos de los abogados del Centro Pro. Cuando finalmente respondio, lo hizo negándose a entregar el caso, argumentando que no concurren los supuestos legales para que FEVIMTRA se haga cargo de la carpeta de investigación. En opinión de la fiscalía de Edomex no está probado que hubiese un trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales, el caso ya está avanzando en su jurisdicción y el fallo de la CIDH no dice que tengan que ser las autoridades federales las que investiguen. caso.
Ante esta negativa, la representación legal de las once mujeres presentó un amparo indirecto ante el juzgado 7 de distrito en materia de amparo y juicios federales en Toluca. El pasado 3 de septiembre se desarrolló la audiencia y a partir de ahora podría llegar la resolución en cualquier momento sobre el juicio amparo 391/2020
“La negativa afecta a los derechos de las mujeres víctimas, que no pueden acceder a justicia y verdad”, consideró Zamora, que mostró su esperanza en que el tribunal resuelva tomando en cuenta “estándares de apego a los derechos humanos”.
Aunque el amparo se dirime en términos legales sobre competencia o no de la FGR para atraer el caso, lo que las víctimas consideran es que todo tiene que ver con la voluntad política. Creen que en los últimos 14 años ha sido tiempo suficiente para realizar una investigación a fondo y que, en realidad, lo que la Fiscalía de Edomex hace es obstaculizar el proceso.
Animal Político consultó a la FGE, que indicó que “seremos respetuosos con lo que dicte la autoridad judicial”.
Para Zamora, la CIDH delimitó la forma en la que debería haberse investigado el caso. Y esto pasa por analizar el papel que tuvieron figuras como Peña Nieto, que entonces ejercía como gobernador y que el 4 de mayo de 2006 aseguró que el conflicto se había generado por un grupo de “macheteros”.
Recuerda la abogada en la investigación de la Suprema Corte de Justicia quedó probado la existencia de una reunión el 3 de mayo que será un parteaguas del operativo. “Hablamos desde estas autoridades de mayor rango hasta de menor rango pero superiores jerárquicos. No solo es el hecho de que existe información de que participaron en la planeación. Tenían facultades para poder frenar”, explica.
Italia Méndez fue una de las mujeres que sufrió la violencia sexual por parte de los policías. Asegura sentir “rabia, desasosiego y frustración” por tener que seguir litigando para obtener justicia.
Sobre la FGE de Edomex, dice que “ellos son los que han tenido la responsabilidad de investigar, pero no lo hicieron”, lo que les llevó a recurrir a la CIDH, que intervino porque se habían agotado las vías en México.
“Esta respuesta de negativa de atracción del caso nos lleva a plantearnos que lo que quiere la fiscalía es procurar impunidad para estas autoridades y funcionarios de ambos fueros, pero sobre todo el local”, dice la afectada. Recuerda figuras que “tienen responsabilidad, siguen impunes y han ejercido puestos públicos del más alto nivel”, como Peña Nieto.
Ahora la decisión la tiene el juzgado de apelación de Toluca. Las víctimas y sus representantes no contemplan otro escenario que no sea que se acepte su petición y el caso pase a la FGR.
“Estamos cerca de cumplir 15 años. Pero no renunciamos a aclarar, esclarecer estos hechos y que los responsables sean sancionados”, dice Méndez.
