No vamos a dejar nuestras casas por el Tren Maya: pobladores de Campeche rechazan reubicación
En los barrios de Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en Campeche, decenas de familias han vivido durante décadas junto a las vías del tren. Pero ellos llegaron primero, algunos tienen títulos de propiedad de finales de 1800.
Ahora están en riesgo de tener que dejar las viviendas donde nacieron y crecieron, no solo ellos también sus padres y sus abuelos.
El Tren Maya, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), va a pasar por la zona y las casas estorban. El tramo de la mega obra que pasará por esa zona es el 2, que ya se licitó y ganó el consorcio integrado por Operadora CICSA S.A. de C.V. de Grupo Carso, de Carlos Slim, en convenio de asociación con FCC Construcción S.A.
En esos tres barrios están acostumbrados a vivir a pie de la vía ferroviaria Chiapas-Mayab: hay casas que están a tres o cuatro metros del tendido férreo, que empezó a construirse en 1935.
Las familias han crecido junto con esas máquinas que pasan a unos 40 kilómetros por hora y que han provocado accidentes que van desde los descarrilamientos hasta los atropellados.
“Somos cinco o cuatro generaciones las que hemos vivido aquí. En 1938, a instancias del general Lázaro Cárdenas, hicieron el tendido de vías y no nos dieron un centavo porque según fue un donativo”, dice Doña Guadalupe.
Con el Tren Maya no habrá forma de convivir, la velocidad que alcanzará será de más de 100 kilómetros por hora y ya está estipulado que en 20 metros de un lado y 20 metros del otro de la vía no puede haber ni casas ni nada. Si el proyecto se hace aquí, las familias tendrían que irse y muchos no quieren.
Los vecinos inconformes tienen una demanda clara: las que deben irse son las vías del tren. Esa es la frase que repiten una y otra vez la decena de vecinos de los tres barrios con los que Animal Político sostuvo charlas telefónicas para entender por qué para ellos no es tan fácil sólo aceptar una casa y andarse para otro lado.
José Medina, hizo su taller mecánico al lado de su casa, en Camino Real. Ya tiene su clientela bien amarrada después de casi 50 años de vivir y trabajar en la zona. A sus 72 años, mudar su negocio a otro lado se le hace imposible. Ya no está en edad de volver a empezar en otro sitio, dice.
También Candelario Pérez tiene en su hogar, aunque él en el barrio vecino de Santa Lucía, su negocio de reparación de aparatos electrónicos. Su esposa, Luz del Carmen Gutiérrez, es jubilada y entretiene las horas del día cuidando los árboles de su patio. Ahí tiene limón, guanábana, caimito, zapote negro y chicozapote, además de muchas plantas.
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Las casas, afirman, ya estaban aquí desde antes de 1899 cuando se otorgó la concesión para la construcción de la vía de ferrocarril que conecta la ciudad de Campeche con el resto de la Península de Yucatán. La Revolución detuvo los trabajos, que continuaron después de 1935.
“Nos han querido señalar de invasores. Dicen que las casas invadieron la zona de vías y es mentira. Yo tengo documentos que avalan la posesión de mi familia desde hace 128 años. Pero el gobierno federal pasó la vía por en medio de las propiedades. Según les pidió donar terreno, pero a los que no aceptaron, nomás les echaron las máquinas. Partieron en dos los solares, los patios”, afirma doña Guadalupe.
Juan Gómez, del barrio La Ermita, señala que lo anterior es tan cierto que la propiedad de su familia quedó partida por la vía. “La partieron a la mitad, ahora mi hermano tiene su casa de un lado de la vía y yo del otro”.
Los vecinos se quejan también de que como las autoridades manejaron todo como una donación de terreno de las familias, nunca les han pagado nada ni de derecho de vía ni de indemnización.
“Y ahora no les vamos a recibir ningún dinero. No queremos dinero. Queremos que se lleven las vías que vinieron a invadir las propiedades de nuestras familias. Aquí, en esta casa donde estoy, han vivido desde mis bisabuelos y no había vía, lo que pasaban eran carretas”, señala Aurora Concepción Campos, habitante del barrio Camino Real.
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Los pobladores de los tres barrios, que incluso formaron un colectivo para defender sus casas, admiten que hay vecinos que ya aceptaron la reubicación. Pero atajan que son los que llevan menos tiempo viviendo en la zona, sin las raíces echadas que tienen quienes nacieron aquí y heredaron el terruño de sus antepasados.
José Arteo es pescador. Tiene su casa a cinco minutos del mar, en el barrio Camino Real, en la ciudad de San Francisco de Campeche. Carmen Castillo también vive en ese barrio. Se sostiene vendiendo desayunos a los pescadores. Todas las mañanas agarra su triciclo, acomoda la comida y pedalea a la playa. Tarda 10 minutos en llegar.
Además, aseguran, que no son tantos los que ya que aceptaron irse, no son el 80% como dicen las autoridades.
Hay otra cosa que la decena de habitantes repite, palabras más, palabras menos: “no nos oponemos al Tren Maya. Pero hay otros lugares por donde puede pasar la vía y no en medio de la ciudad. Ahora se podría corregir el error de exponer a la gente a vivir junto al tren”.
ONU-Hábitat y el censo
Fonatur dictaminó que la alternativa más viable para mantener en la capital campechana una estación del Tren Maya es la rehabilitación de la vía ferroviaria actualmente en uso, señala un comunicado fechado el 20 de junio.
La modernización de esta vía implica asegurar una distancia con las viviendas aledañas que permita realizar las obras y la operación del tren sin comprometer la seguridad de los habitantes durante y después de la construcción.
De acuerdo con los trazos finales de la trayectoria del tren elaborados por Fonatur, en el caso de San Francisco de Campeche, los predios (que se deberán mover) se ubican en el lado oriente de la vía, en las colonias Camino Real, Benito Juárez, Bellavista y Santa Lucía, donde se encuentra el cerro del Fuerte de San José el Alto, “sin que se requiera afectar las propiedades situadas del otro lado de la vía”, dice el comunicado.
Fonatur asegura en el comunicado que compensará de manera justa y adecuada a todas las familias de Campeche que resulten con su predio impactado como consecuencia de estas obras; por lo cual encargó al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, la elaboración de un Protocolo de Relocalización Consensuada.
El cumplimiento de este Protocolo por parte de Fonatur y de las autoridades competentes conlleva que no haya ningún desalojo forzoso y que las familias participen en la toma de decisiones durante todo el proceso y puedan elegir la mejor opción.
Entre estas, dice el comunicado, destaca la compensación económica y asesoría para la construcción o ampliación de un inmueble en el predio actual, fuera del derecho de vía, que podría aplicarse en muchos de los casos si así lo desean las familias.
El protocolo hecho público por ONU-Hábitat considera la realización de un censo, para hacer un diagnóstico socio-territorial.
Los vecinos entrevistados se quejaron de que la agencia de la ONU siguió adelante con las visitas a las casas en plena pandemia de COVID-19, aunque las autoridades federales determinaron que las encuestas y censos debían parar (Artículo primero, párrafo Vll del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria).
En efecto, el 4 de abril ONU-Hábitat anunció que en coordinación con el gobierno del estado y el municipio de Campeche, se realizarían del 13 al 20 de abril las entrevistas con vecinos, ya sea telefónicas o presenciales, que residen junto a las vías del tren, en las colonias Camino Real, Bellavista, La Ermita y Santa Lucía.
El trabajo de ONU-Hábitat será solo de intermediario. La agencia dijo a Animal Político que esta oficina de la ONU no determinarán a donde se mudarán las personas y solo facilitan las negociaciones, pero no las realiza.
“El papel de ONU-Habitat es escuchar a las familias (entrevistarlas), recoger sus dudas, propuestas e intereses y asegurar que se respeten sus derechos antes, durante y después de la relocalización a cargo de Fonatur.
Respecto a qué pasará con las familias que no quieran mudarse, ONU- Habitat responde que “en los casos en los que la relocalización consensuada no sea posible, los litigios se resolverán a través de las autoridades competentes, sin que la agencia de Naciones Unidas tengan ningún tipo de intervención al respecto”.
Los vecinos inconformes con todo el procedimiento se agruparon en el colectivo “Los tres barrios” y el 17 de abril interpusieron un amparo contra el desalojo.
Argumentando que por la pandemia solo se estaban admitiendo casos urgentes, el juzgado no quiso recibir el amparo, asegura Carlos Escoffié, quien lleva la defensa de los vecinos inconformes. Tuvieron que recurrir entonces al recurso de queja ante el Tribunal Colegiado.
Este órgano les pidió que firmara la demanda no solo una persona, en representación del resto, sino la totalidad de los que quisieran adherirse, y que adjuntaran identificación oficial y comprobante de domicilio.
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“Firmaron 226 vecinos de Camino Real, Santa Lucía y La Ermita”, precisa Guadalupe Gutiérrez. Animal Político tiene copia de la lista de esas firmas.
Después de este procedimiento, el 6 de mayo, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Campeche otorgó la suspensión provisional, pero no por la probable relocalización si no solo se pronunció por suspender el censo y las entrevistas presenciales que ya se estaban realizando. El censo continuó por teléfono.
Qué piden los que se quieren ir
El 30 de marzo, ONU-Hábitat hizo públicos los primeros resultados de ese ejercicio.
Hasta el momento, ONU-Habitat, dice el documento, ha contactado con un total de 119 personas (67 mujeres y 52 hombres) de los barrios de Camino Real, Santa Lucía y Bellavista. De ellas, un 84% asegura estar a favor de una posible relocalización, mientras que el 16% revela su disconformidad con esto.
En una tarjeta informativa, Fonatur reconoce que “existen diversas tensiones debido al esclarecimiento del trazo definitivo y los procesos de indemnización”.
Asegura que las reubicaciones se realizarán mediante el diálogo y contemplando en todo momento el bienestar de las personas.
“En los casos en los que se requiera de procesos de reubicación, se analizará caso por caso y se buscará que estos tengan como fin incrementar la calidad de vida de las personas. En los casos de invasiones a derechos de vía o bienes federales, se reconocerá a aquellas familias que por necesidad hayan hecho su vida sobre estos terrenos”.
Entre quienes han expresado su opinión a favor destaca la idea de que el Tren Maya supondrá beneficios económicos para el estado de Campeche y mejorará las condiciones de vida de las familias, así como su seguridad ante posibles descarrilamientos, según el informe.
“Llevo 39 años viviendo en Camino Real. Me duele tener que dejar mi casa. Compré la vivienda, puse mi negocio y vivo de las ventas, de la gente del barrio. Irme a otro lado es volver a empezar, pero estoy consciente de que es para la mejoría de Campeche, para la mejoría de nosotros mismos. El paso del tren rompe los vidrios de la casa y cuartea los techos. Corremos riesgo. Es mejor estar fuera de la vía”, expresa, de acuerdo al informe de ONU-Hábitat México, una de las vecinas.
Otra de las razones para mudarse, se precisa en el documento, es la necesidad de ordenar la situación jurídica de las viviendas, ya que algunas casas pertenecieron originalmente a una única propiedad.
En otros casos, se negocia la posibilidad de una permuta en otra ciudad: “Me ofrecieron trabajo en Ciudad del Carmen, pero allá la renta es más alta, el doble que acá. Aunque pusimos en renta la casa, no nos alcanza. Para nosotros, la opción sería una casa en Ciudad del Carmen”, se asienta en otro de los testimonios del informe de ONU-Hábitat, aunque ninguno se acompaña de nombre.
Para dar su consentimiento a una relocalización, acota el informe, los vecinos entrevistados subrayan la necesidad de que se lleve a cabo una “negociación justa”, que excluya el traslado a casas de interés social retiradas de la zona -“en la periferia”- o la entrega de viviendas con un valor inferior al de la vivienda actual.
Otra de las demandas contempla tener en cuenta necesidades específicas de la población, sobre todo, de quienes se desempeñan en la pesca y requieren movilizarse cerca del área tanto en los momentos de actividad pesquera, como para el resguardo de sus embarcaciones durante eventos meteorológicos.
Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, señala el documento, aplicando los protocolos sanitarios realizados por Fonatur y verificados por la Secretaría del Trabajo, ONU-Habitat organizará asambleas informativas con las familias que residen a lo largo de la vía del tren.
También continuará las entrevistas con vecinos sobre las características de las viviendas y las condiciones socioeconómicas de quienes viven en ellas, así como su disponibilidad a aceptar el proceso de relocalización y, en dado caso, sus preferencias entre las diferentes opciones que cada grupo familiar proponga, para que Fonatur pueda implementarlas.
El 6 de agosto, la defensa de los vecinos presentó una ampliación de la demanda de amparo presentada en abril, esta vez pidiendo que se mueva el trazo del tren y no se inicien los trabajos en la zona que abarca los tres barrios, explica Escoffié.
El juez admitió el amparo el 25 de agosto, pero evitó pronunciarse por si daría la suspensión o no
Hasta ahora, señala Carlos Escoffié, abogado de los afectados, “las familias están en la incertidumbre y el miedo al desalojo porque no se les ha dicho de forma clara quién serían reubicados ni dónde ni cómo”.
El proceso, señala la tarjeta de Fonatur, se mantiene en la etapa de censo. La hoja de ruta será anunciada en los siguientes meses. Y subraya que ONU-Habitat está brindando la asesoría técnica y trae consigo las mejores prácticas internacionales.
