“Son seis años y nada”: estos son los pendientes de la investigación sobre Ayotzinapa
“Queríamos llegar con un poco más. Son ya seis años y no tenemos nada”. Las palabras de María Martínez Ceferino, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, sintetizan el desánimo con el que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afrontan el sexto aniversario de los hechos de Iguala. Durante meses, los familiares de los desaparecidos mostraron su frustración ante la escasez de avances y la presentación del informe era el modo con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reafirmaba su compromiso con sus reivindicaciones.
El balance, sin embargo, tiene sus vacíos. Existe consenso en desechar la denominada “verdad histórica”. Es decir, que hay acuerdo sobre qué es lo que no ocurrió. También hay anuncios de calado, como las órdenes de aprehensión contra militares, hasta ahora intocables. Sin embargo, las grandes interrogantes siguen pendientes: ni se sabe dónde están los 43 estudiantes ni qué ocurrió para que se los llevasen. Aunque para llegar hasta ahí, los investigadores tienen primero que deshilvanar todo el entramado levantado sobre el caso durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Las autoridades se manejan en tres ámbitos fundamentales de investigación. El primero, la búsqueda de los 43 normalistas. El segundo, la investigación de los responsables de su desaparición. El tercero, perseguir a quienes desviaron las pesquisas para cubrir posibles alianzas entre fuerzas de seguridad y crimen organizado, haciendo perder un tiempo precioso cuando los hechos acababan de perpetrarse. En un año, el gobierno de López Obrador puede presumir de pequeños avances en cada uno de los campos. Sin embargo, queda por hacer. Lo reconocía el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, cuando dijo que “la única verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala”.
Argumentó Encinas que, al contrario que la administración de Enrique Peña Nieto, ellos no van a forzar una nueva “verdad histórica” que luego sea desmentida. “Estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto del silencio para esclarecer un crimen de Estado a 6 años de distancia”, dijo.
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Identificaciones paralizadas por Covid-19
Sobre las identificaciones, no hay novedades desde que el 18 de junio la universidad de Innsbruck certificase la coincidencia genética de uno de los restos con el de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes desaparecidos. Un pequeñísmo hueso correspondiente a un pie que se ubicó a 800 metros del vertedero de Cocula, el lugar en el que, según la versión difundida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron quemados los cuerpos de los jóvenes. Este hallazgo sirvió para que tanto gobierno como familias y organizaciones de Derechos Humanos enterrasen la denominada “verdad histórica”.
Desde aquella identificación no hay avances. En otra área de la misma zona se hallaron unos 900 restos susceptibles de ser analizados. Pero todavía hay que hacer el cribado y saber cuántos realmente irán a Austria. La pandemia por Covid19 ha frenado el proceso. Por un lado, porque impide viajar al equipo de forenses argentinos. Por otro, por las dificultades técnicas que implica enviar los restos en avión hasta el país europeo.
Militares prófugos y un policía federal encarcelado
El anuncio más relevante viene en el ámbito de las detenciones. López Obrador aseguró que “se han entregado ordenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar”, lo que confirma los rumores que venían escuchándose en las últimas semanas. Martínez Ceferino, la representante de las víctimas, se lo había vuelto a recordar al presidente y este recogió el guante. “Dicen que a los muchachos se los entregaron a la delincuencia. No nos interesa eso. Se los llevaron policías, Participaron los militares, hubo videos, fotografías, operaron el C4. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Cuándo les van a llegar a los militares?”, insistió la mujer.
Por el momento no hay más detalles. Las familias llevan tiempo pidiendo que se persiga a integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Alejandro Encinas anunció que la Secretaría de la Defensa (Sedena) ha entregado la información solicitada (personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos, órdenes de operación) y también ha puesto a disposición del ministerio público a los integrantes del batallón para que sean interrogados y, si es el caso, procesados.
Más allá de esto no sabemos ni cuántos militares tiene orden de aprehensión ni cuál es su graduación. Solo que están dentro de los 73 requerimientos liberados desde marzo. De ellos, únicamente 34 han podido completarse, de los que 24 son policías federales. El resto están prófugos. Entre ellos, los militares.
Desde que la actual administración llegó al gobierno, un total de 80 personas han sido arrestadas. El objetivo de los investigadores, aseguran, es romper el “pacto de silencio” entre quienes participaron o tuvieron algo que ver con los hechos. Tanto Omar Trejo, titular de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, como Alejandro Gertz Manero, fiscal general, insisten en que ya hay logros en este ámbito.
Siguiendo en el ámbito de los arrestos, los funcionarios pusieron en valor dos capturas: la de Carlos Gómez Arrieta, exmando policial acusado de torturas, y la de Blanca “N”, antigua ministerio público a la que se acusa de maltratar a los detenidos y de participar en la manipulación de la investigación. En realidad, Gómez Arrieta no fue detenido, sino que se entregó ante la FGR. De hecho, mientras estuvo prófugo escapó de un operativo para capturarlo en Michoacán, donde ejercía como subsecretario de Seguridad Pública antes de darse a la fuga.
Tomás Zerón “robó más de mil millones de pesos”
Uno de los grandes objetivos sigue siendo Tomás Zerón, el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), al que ahora no solo se acusa de torturas y de construir una versión de los hechos manipulada, sino también de enriquecerse ilícitamente por ello. El fiscal Gertz Manero le acusó de llevarse más de mil millones de pesos de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) como pago por sus servicios y dijo que gestionan su extradición con Israel, el país al que supuestamente huyó desde Canadá.
Omar Trejo anunció que 25 de las órdenes de aprehensión son contra personas vinculadas directamente en los hechos y el sábado se vinculó a proceso al policía federal Víctor Manuel “N”, a quien se señala de participar en la desaparición forzosa de los estudiantes y contra el que ya hay dictado auto de prisión.
“Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad”, dijo el fiscal Gertz Manero. El problema, como recordó Alejandro Encinas, es que muchos están en libertad.
El subsecretario de Derechos Humanos señaló directamente a varios jueces como responsables de esta falta de justicia efectiva. El primero, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, que otorgó la libertad a 77 presuntos implicados en la desaparición forzosa. Reconoció Encinas que fueron objeto de torturas, pero consideró que no les exime de responder por sus delitos y que, además, el juez no actuó contra los torturadores. “En este caso, el juez no fincó ninguna responsabilidad a los presuntos torturadores, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación”, afirmó.
También apuntó hacia otros dos jueces: Gabriel Domínguez Barrios, juez noveno de Distrito en Iguala, quien dejó en libertad a Marco Antonio R., quien había sido recapturado tras su deportación de los Estados Unidos, y el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito Penal del Estado de México, Marco Aurelio González, que iba a liberar a Ángel C. a cambio de un soborno.
El gobierno de López Obrador siempre tomó Ayotzinapa como un símbolo de las vulneraciones a los derechos humanos perpetradas durante sexenios anteriores. En su intervención, el mandatario reconoció que “estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado. Y por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió, y tiene que entregar buenas cuentas y tiene que haber justicia”. A falta de una narrativa sobre qué es lo que ocurrió, los familiares, por voz de María Martínez Ceferino, reconocieron el esfuerzo del actual gobierno. Aunque hora más tarde tuvieron que volver a marchar por las calles de la Ciudad de México. Una marcha que es símbolo también de todo lo que falta por saber en la desaparición de los 43 estudiantes.
