Cómo ha impactado el COVID en la violencia contra las mujeres y cuál es la respuesta institucional
Durante la pandemia por COVID-19, algunos tipos de violencia contra la mujer– como la violencia familiar, los asesinatos y las llamadas de auxilio– se han intensificado, y las políticas públicas y las respuestas institucionales en México no han sido suficientes.
El total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó, en promedio, 11.2 mujeres asesinadas por día (la cifra mensual más alta registrada en lo que va del año). Además, de marzo a abril de 2020, los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%; mientras que los asesinatos de hombres se redujeron un 0.2%.
Esto de acuerdo con el informe Las dos pandemias: Violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID-19, de la organización Equis: Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y la organización Intersecta.
El informe proporciona información sobre cómo la pandemia ha afectado la violencia contra las mujeres y cómo ha reaccionado el gobierno a esta situación.
Señala que la austeridad presupuestaria sin perspectiva de género ni derechos humanos; el debilitamiento e incertidumbre presupuestarios de los refugios que atienden a víctimas de violencia; – recortes presupuestales que tienen efectos negativos en programas de atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
Así como la priorización de otros programas gubernamentales –algunos incluso incompatibles con los derechos de las mujeres–; y las fallas acumuladas de algunas políticas públicas son sólo cinco ejemplos de la falta de estrategias y políticas del Estado que contribuyan a hacer frente a la violencia contra las mujeres en México no sólo durante la pandemia, sino desde antes.
Llamadas por violencia
Con base en información emitida en los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Intersecta encontró que, en el mes de abril de 2020, se registró un total de 103 mil 117 llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres, lo que significó aproximadamente un promedio de 143 llamadas por hora.
De las 103 mil 117 llamadas, el 57.2% fueron por violencia familiar, el 19.3% por violencia de pareja, el 22% por violencia contra la mujer y el 1.4% por violencia sexual.
En el caso de llamadas al 911 relacionadas con “violencia contra la mujer”, sólo en el mes de abril de 2020, se recibieron 21 mil 722 llamadas. Son 30, en promedio, por hora. Esa cifra representa un aumento del 42% respecto del mes de abril del año previo.
Al analizar las llamadas a la Línea Mujeres relacionadas con violencia familiar también puede verse un aumento. Tanto las llamadas de abril de 2020, como las de mayo de 2020, superan a las registradas en esos mismos meses en años previos. Por ejemplo: si se compara la incidencia de llamadas en mayo de 2019 (968), con las de mayo de 2020 (1,739), el aumento fue del 97%.
El gobierno de la Ciudad de México es el único gobierno estatal que decidió liberar datos de llamadas hechas durante la pandemia. En este caso, hizo públicas, en formato de datos abiertos, las llamadas recibidas a la “Línea Mujeres” de Locatel.
Atenciones en la Red Nacional de Refugios
De acuerdo con el informe, entre marzo y mayo de 2020, se registró un aumento en las atenciones, acompañamientos y orientaciones brindadas: la Red atendió 12 mil 710 mujeres, niñas y niños a través de las llamadas y mensajes de auxilio, así como mediante los espacios de prevención y protección entre marzo y mayo.
La Red Nacional de Refugios ha proporcionado, entre enero y mayo de 2020, 7 mil 975 atenciones a través de sus redes sociales y líneas telefónicas. Esto representa un aumento del 48% si se comparan con las atenciones brindadas en el mismo periodo en el 2019 (donde proporcionaron un total de 5 mil 377 atenciones).
De las mujeres que ingresaron a los espacios de protección de la Red, el 100% fueron víctimas de violencia familiar y el 5% de los niños y niñas fueron víctimas de abuso sexual durante el confinamiento.
El 48% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo fueron víctimas de agresiones dentro de sus casas durante la pandemia, detalla el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias de prensa, ha negado sistemáticamente cualquier aumento en la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia.
El 6 de mayo afirmó que no habían advertido un “aumento en las denuncias” y, por otro, insistió que en México impera la “fraternidad familiar”.
Lee: No ha aumentado la violencia contra mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar: AMLO
Una semana después, cuando volvió a ser cuestionado, – considerando que las propias cifras del gobierno mostraban, para el mes de marzo, un aumento en las llamadas al 911, el presidente afirmó que el 90% de estas llamadas eran falsas.
“Este tipo de afirmaciones nos preocupan no sólo por imprecisas y contrarias a lo que los mismos datos del gobierno muestran, sino porque contribuyen a exacerbar uno de los estereotipos más perniciosos a los que se enfrentan las víctimas de violencia: que exageran o, peor aún, mienten”, destaca el informe.
Denuncias
En el mes de abril, la cifra de carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia familiar disminuyó en casi 28%. ¿Esto significa que se redujo esta violencia? No.
“Que las mujeres no acudan a las fiscalías a denunciar, no significa que la violencia disminuyó, menos considerando el aumento en asesinatos y en llamadas de auxilio en distintos medios. Esto es muy evidente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en donde, si bien las carpetas por violencia familiar en abril de 2020 se redujeron en un 20% en comparación con abril de 2019, las llamadas a la Línea Mujeres en este mismo periodo aumentaron en un 97%, según el análisis de Intersecta”, de acuerdo con el informe.
Respuestas institucionales
El informe (Des) Protección Judicial muestra que la primera respuesta de las autoridades ante la emergencia sanitaria carece de perspectiva de género y expone la poca importancia que se le da las órdenes de protección
Sólo 7 de los 32 Poderes Judiciales consideraron de manera explícita el establecimiento de guardias para la emisión de medidas de protección en materia familiar. 22 de los 32 Poderes Judiciales las omitieron como parte de sus medidas.
Medidas precautorias en materia penal: Sólo 5 de los 32 Poderes Judiciales tuvieron en consideración la necesidad de contar con personal para ratificar medidas de protección emitidas por ministerios públicos. 8 de los 32 Poderes Judiciales no establecieron medidas al respecto de manera explícita. Y 19 de los 32 omitieron, de plano, el establecimiento de guardias presenciales.
El ordenamiento jurídico también contempla como herramienta las medidas precautorias en materia familiar. La gran mayoría de los Poderes Judiciales no consideraron como una medida de emergencia fundamental contar con este tipo de herramienta.
Respecto a la pensión alimenticia: 21 de los 32 Poderes Judiciales establecieron guardias para que el pago de pensiones opere de manera regular. 1 de los 32 Poderes Judiciales lo hizo, pero no de manera explícita.
Centros de convivencia familiar: 1 de los 32 Poderes Judiciales dejó a discrecionalidad de las autoridades analizar caso por caso para ver en qué asuntos era necesaria la suspensión de las convivencias y tomar las medidas correspondientes para garantizar este derecho. En 15 de los 32 Poderes Judiciales se suspendieron las actividades de los centros, sin ofrecer alternativas. 14 de los 32 Poderes Judiciales ni siquiera se pronunciaron al respecto.
Las mujeres en México nos enfrentamos a #DosPandemias: una por #ViolenciaDeGénero y otra por #COVID19 😷
Junto a la @RNRoficial e @intersectaorg presentamos un informe ante la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de la @ONU_es.
➡️Conócelo https://t.co/6DzQfW7lPo
— EQUIS Justicia para las Mujeres (@EquisJusticia) August 7, 2020
Acceso a la justicia
En cuanto al acceso a la justicia mediante tribunales, al analizar los servicios disponibles de los Poderes Judiciales, es posible concluir que existe una grave deficiencia de coordinación, misma que obstaculiza el acceso a la justicia para las mujeres durante la emergencia sanitaria.
Además de que la información respecto de los servicios disponibles en los tribunales, así como el contenido de dicha información no es entendible ni de fácil acceso para todas las personas.
Equis: Justicia para las Mujeres encontró que si bien la mayoría de los Poderes Judiciales analizados continúan ofreciendo servicios limitados y atendiendo casos urgentes, la mayoría de los Poderes Judiciales no contemplan las condiciones de internamiento de la población privada de la libertad como asuntos prioritarios o urgentes.
Los avisos mediante los cuales los Poderes Judiciales de cada entidad federativa comunicaron a la población los asuntos que atenderían durante la emergencia sanitaria están escritos en lenguaje técnico y ambiguo. Esto no da claridad a las personas que requieran de los servicios de los Poderes Judiciales, refiere.
La mayoría de los avisos y de los servicios que se consideran prioritarios o urgentes no fueron elegidos teniendo en cuenta perspectiva de género, enfoque diferenciado ni interseccionalidad.
Información pública
Finalmente, señala el informe, en México, la información pública que permitiría evaluar el impacto que las medidas de confinamiento y el contexto de crisis han tenido en la violencia contra las mujeres ha resultado insuficiente, poco oportuna y se ha visto limitada por las medidas sanitarias.
Por un lado, uno de los problemas –transversal a la información que genera el Estado mexicano– es la falta de interseccionalidad. Lo anterior implica que no podemos saber cómo es que la violencia durante la pandemia ha afectado a las mujeres de manera diferenciada.
Por otro lado, en algunos casos, la información pública acerca de algunas modalidades de violencia contra las mujeres no es inmediata, sino que se hay un desfase entre el momento en el que se denuncian ciertos hechos o se inician las investigaciones y el momento en el que es posible tener acceso a esa información.
“Si esto no cambia, la información detallada, por ejemplo, sobre los homicidios de mujeres que están sucediendo en el contexto de COVID-19 estará disponible públicamente un año y medio después. Este desfase limita la posibilidad de emprender acciones informadas y oportunas de política pública. Finalmente, la calidad y el formato de la información no permiten realizar análisis completos de violencia, además de que hay datos fundamentales que se excluyen de la información que se publica”, apunta.
