A un año de que mujeres salieron a las calles a protestar contra la violencia sexual cometida por policías capitalinos, el diálogo con las autoridades sigue, pero hasta el momento no ha dado un resultado contundente. Lo que es un hecho es que las denuncias contra elementos de seguridad siguen aumentando: desde septiembre de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020 se han abierto 165 carpetas de investigación por delitos sexuales.
Activistas feministas como Sofía J. Poiré y Suhayla Bazbaz, quienes participaron en las mesas de diálogo que las autoridades capitalinas establecieron para tratar el tema de agresiones sexuales cometidas por fuerzas de seguridad, señalan que pese a la voluntad que mostraron las instituciones, el número de denuncias crece, sin que lleguen a ser judicializadas.
En opinión de Bazbaz, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC, más allá de los posicionamientos vagos que han hecho al respecto las autoridades, “necesitamos que haya sanciones y que haya medidas eficaces y efectivas para prevenir que ocurran casos. Es inaceptable que elementos de seguridad cometan delitos sexuales contra quienes deberían cuidar en la Ciudad de México, y no podemos normalizar que cada mes se sigan sumando carpetas de investigación”.
De acuerdo con el informe Carpetas de Investigación de Delitos Sexuales cometidos por Elementos de Instituciones Policiales, desde el inicio de la presente administración y hasta junio pasado se presentaron 252 denuncias por delitos sexuales contra integrantes de instituciones policiales.
El delito que más se denunció fue el de abuso sexual (148), seguido del acoso sexual (65), violación (30), contra la libertad sexual (5), corrupción de menores (2), estupro (1) y feminicidio en grado de tentativa (1).
La mayoría de las carpetas de investigación, 193, fueron interpuestas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los segundos más denunciados fueron los que forman parte de instituciones privadas, con 31 registros.
También fueron denunciados elementos del Ejército (6), Policías de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina (4), del Sistema Penitenciario (4) y de la Policía Bancaria (3), de la Policía Federal (2) y del Estado de México (2).
Otras corporaciones acusadas por delitos sexuales fueron la Policía Auxiliar y la Guardia Nacional, con una denuncia en cada caso. En cinco de las denuncias, no se especificó a qué dependencia dependían los agresores.
El reclamo de las mujeres surgió ante la denuncia de una joven que dijo haber sido violada por cuatro elementos policiacos en la alcaldía Azcapotzalco, lo que motivó que activistas feministas realizaran una protesta en redes sociales con la etiqueta #NoMeCuidanMeViolan.
En los siguientes días, se dio a conocer que existían dos denuncias más contra elementos de seguridad de la Ciudad de México: una violación presuntamente cometida por dos policías en la colonia Tabacalera, y el abuso sexual de un integrante de la Policía Bancaria en el Museo Archivo de la Fotografía.
Por ello, el lunes 12 de agosto de 2019, mujeres se manifestaron en las oficinas de la SSC, donde lanzaron diamantina rosa al entonces titular Jesús Orta, y marcharon hasta la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde rompieron cristales e ingresaron por la fuerza, ante la negativa de la procuradora Ernestina Godoy de recibir a una comisión.
La jefa de Gobierno y la procuradora calificaron como una provocación lo ocurrido, y sus declaraciones motivaron la realización de una segunda protesta, el viernes 16 de agosto, en la que las manifestantes incendiaron una estación de policía y pintaron con consignas feministas la Victoria Alada.
Esta vez, la respuesta de las autoridades fue anunciar la realización de mesas de trabajo con grupos feministas para abordar el tema de la seguridad pública y las denuncias contra elementos policiales por delitos sexuales.
Fue a partir de entonces que se estableció el compromiso por parte del gobierno capitalino de hacer pública la información sobre las carpetas de investigación abiertas por estos hechos, lo que, de acuerdo con Suhayla Bazbaz, permitió saber que no se trata de un solo caso, sino de conductas que se cometen de manera constante.
“Los informes lo que nos han permitido saber es que no es solo un caso el de la adolescente de Azcapotzalco por el cual cimbramos las calles de la ciudad hace un año, sino que tenemos al menos 252 carpetas de investigación”, señaló en entrevista con Animal Político.
En todas las alcaldías se han presentado denuncias contra elementos de seguridad por agresiones sexuales: la localidad con mayor número de carpetas de investigación es Cuauhtémoc (49), seguida por Iztapalapa (31), Venustiano Carranza (25), Miguel Hidalgo (25) y Gustavo A. Madero (22).
Álvaro Obregón (13), Benito Juárez (13), Iztacalco (7), Azcapotzalco (7), Milpa Alta (6), Xochimilco (5), Tláhuac (5), Coyoacán (4), Cuajimalpa (3) y Magdalena Contreras (2) también registraron denuncias.
Las colonias de la Ciudad de México donde se cometieron la mayoría de las agresiones son Centro (14), Lomas de Chapultepec (8), Guerrero (7), Roma Sur y Norte (5), Morelos (4), Polanco (4), Agrícola Pantitlán (4), San Pedro de los Pinos (3), Santa Martha Acatitla (3), Cuauhtémoc (3), Narvarte (3), Tepalcates (3) y San Lorenzo Tezonco (3).
En caso de que se compruebe la culpabilidad de los imputados, estos en su mayoría habrían cometido las agresiones sexuales en horas de trabajo: en el 81% de las denuncias se señaló que las agresiones fueron cometidas mientras los imputados se encontraban en funciones.
El 95% de las acusaciones se han presentado contra elementos del sexo masculino, y el 5% contra mujeres. Las víctimas son en un 92% del sexo femenino, y 8% fueron hombres.
La mayoría de los presuntos agresores son funcionarios de entre 30 y 59 años (90), seguidos por los que tienen entre 18 y 29 años (32) y de 60 años o más (10).
Por su parte, las víctimas fueron desde niños de 0 a 5 años (1), de seis a 11 años (8), de entre 12 y 17 años (24), de 18 a 29 años (114), de 30 a 59 años (97), y de 60 años o más (4).
En respuesta a las demandas planteadas por diferentes colectivos sobre respuestas a las agresiones contra las mujeres en la capital, el gobierno de la Ciudad de México decretó una Alerta por Violencia de Género con la que planteó algunas medidas para responder al aumento de delitos sexuales.
El 21 de noviembre de 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que como parte de las medidas que tomaría su administración contra la violencia de género se crearía un registro de agresores sexuales y se aprobaría una ley para sancionar el acoso y la violencia digital.
Además, se anunció que invertirían recursos en el programa Camina Libre, Camina Segura, que contemplaba la instalación de luminaria pública y botones de pánico por diferentes zonas de la ciudad, así como la profesionalización del personal de Ministerios Públicos en temas de género.
Sin embargo, para Sofía J. Poiré, una de las activistas que participó en los diálogos con autoridades para trabajar en estrategias contra los delitos sexuales, señaló que la respuesta del gobierno de la Ciudad de México no fue una satisfactoria, pues nunca cumplieron con los compromisos de disculparse con las manifestantes por criminalizarlas, ni se determinaron medidas que realmente impactaran en la disminución de los casos.
“Se criticó las medidas de vigilancia, como invertir en botones de pánico, porque no estábamos convencidas de que fueran medidas eficaces para el problema en particular. A pesar de que hubo voluntad por parte de las instituciones de dialogar con interlocutoras mujeres, finalmente hay una institución detrás de ellas que impidió concretar soluciones conjuntas”, explicó.
Para Suhayla Bazbaz, el problema es que las instituciones “ ni entienden que no se trata de presentar una lista de acciones que surgieron quien sabe de dónde y que no tienen resultados claros ni una línea base para saber si funcionaron”.
“Ha sido muy desgastante invertir tiempo y esfuerzo para cambiar la forma en que están acostumbradas a gobernar las autoridades, y no lo digo únicamente por la administración de Sheinbaum, la mayoría, aunque cambien los partidos están acostumbrados a administrar los problemas y no a pensar en las causas y mejores intervenciones para atenderlos”, concluyó.
Animal Político consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de las Mujeres y a la Fiscalía General de Justicia acerca del estado de las investigaciones que se iniciaron contra elementos acusados por delitos sexuales en la Ciudad de México, sin que hasta el momento de la publicación se obtuviera respuesta.