Ley de Amnistía: más de un mes sin que comisión explique los pasos para ser excarcelado
Ha transcurrido más de un mes desde la primera y única reunión de la Comisión de Amnistía y todavía no se ha hecho público el procedimiento para que las personas privadas de libertad puedan optar a su excarcelación.
“No contamos con lineamientos claros. Seguimos sin tener certeza de los requisitos para presentar las solicitudes”, dice Viridiana Valgañón, abogada litigante de Equis Justicia para las Mujeres. Esta organización presentó el 1 de julio un caso para que sea resuelto por la comisión, pero todavía no ha recibido respuesta. En la misma situación está Documenta, otra asociación civil que registró otro caso y que tampoco tiene noticias sobre su evolución.
Según el Transitorio Segundo del acuerdo por el que se creó la Comisión de Amnistía el 12 de junio, esta debía hacer público el procedimiento en un máximo de 72 horas desde la celebración de su primera reunión. Esta tuvo lugar el 23 de junio, pero todavía no se conoce documento alguno que explique qué es lo que un preso debe presentar para pedir ser liberado.
La Ley de Amnistía, aprobada el 22 de abril, sí recoge los delitos que pueden aspirar a las excarcelación (aborto; homicidio por razón de parentesco;delitos contra la salud, en especial aquellos condicionados por su situación de vulnerabilidad; robo simple y sin violencia y sedición). Lo que no señala es qué deben hacer los presos que quieran acogerse a la amnistía y sus abogados: qué presentar y de qué plazos disponen. Únicamente, la norma indica que si transcurren 4 meses sin obtener respuesta, la persona presa debe dar por hecho que rechazaron su solicitud. “Esto genera indefensión, ya que ni siquiera sabemos qué debemos apelar”, explica Nohemí Juárez, del área jurídica de Documenta.
El mismo 23 de junio, cuando tuvo lugar la primera reunión (por vía telemática debido la pandemia de COVID-19), la secretaría de Gobernación hizo público que se habían recibido 2 mil 487 solicitudes de amnistía (de las que 56 eran del fuero federal, 2 mil 016 del fuero común, 496 sin identificar y 9 ya habían alcanzado su libertad). Animal Político solicitó la actualización de esta cifra, pero en la Segob respondieron que solo se hará pública cuando se celebre una nueva reunión de la comisión, para la que no hay fecha todavía.
La institución que dirige Olga Sánchez Cordero dijo que “se está trabajando” sobre el procedimiento.
Recientemente, Equis Justicia para las Mujeres presentó un amparo por el incumplimiento de la obligación de hacer público en el Boletín Oficial de la Federación (BOF) los requisitos para aspirar a la amnistía.
Los dos casos presentados por las ONG entran dentro de los supuestos que marca la ley. Una es una mujer de Oaxaca, zapoteca, que está al cuidado de su madre. Está en prisión tras ser detenida con un paquete con droga de camino a Ciudad de México. Le pagaron 2 mil pesos por transportarlo. El otro es un joven que tenía 18 cuando fue detenido en la frontera entre México y Estados Unidos. Fue condenado en el país vecino pero regresó por un acuerdo que le permite cumplir la pena en México.
“Seguimos sin tener certeza de los requisitos”, denunció Viridiana Valgañón. Las únicas comunicaciones recibidas desde la comisión han sido para que los presos entreguen copia de su expediente. Pero la abogada recordó que no todas las personas recluidas tienen recursos para acceder a esta documentación. Además, consideró que esta ley no se ha explicado bien al interior de los reclusorios.
La aprobación de la Ley de Amnistía coincidió con la expansión de la pandemia por COVID-19 en México. Ambas organizaciones consideraron que este podía haber sido un mecanismo para “despresurizar” las cárceles, espacios vulnerables por su hacinamiento y falta de medidas higiénicas.
El impacto que la enfermedad ha tenido en los reclusorios mexicanos no está claro. La única entidad que está haciendo públicos los datos es la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), cuyo último recuento cifra en más de mil 700 los contagios y 180 los fallecimientos.
“Hay un subregistro porque no todos los penales están reportando”, dijo María Sirvent, directora de Documenta.
Además, este mismo informe revela que en mayo había 7 mil presos más que en enero, lo que contradice las promesas de gobiernos federales y estatales para acelerar las preliberaciones y tratar de descongestionar las prisiones.
“Hay más decesos que nunca y hay más personas que están entrando a prisión. Debería haber estrategia integral de despresurización de las prisiones”, dijo Sirvent.
