La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó este lunes sobre el bloqueo de cuentas vinculadas con la organización política Antorcha Campesina, que opera en Estado de México y Puebla.
El acuerdo de ‘congelamiento’ de cuentas, detalló sobre la operación de Antorcha en el Estado de México, es en contra de su líder, así como de personas físicas y empresas vinculadas financieramente con la organización, “la cual mantiene una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria” en esta entidad.
“Del análisis realizado por la UIF, se logró identificar que la organización política en mención, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos”, refirió la unidad sobre el caso de la operación de Antorcha en el Estado de México.
“En cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se identificó que dicha organización cuenta con 30 estaciones de servicio, las cuales se encuentran vinculadas con líderes, amigos y familiares”, agregó.
El esquema identificado por la UIF para la dispersión de los recursos, así como las personas físicas y morales vinculadas, en días pasados, “fue denunciado ante la Fiscalía General de la República para que dicha institución proceda en el ámbito de sus facultades”, se apuntó en un primer boletín.
En otro comunicado, sobre la operación de Antorcha en Puebla, la Unidad de Inteligencia señaló que el congelamiento de cuentas es contra el líder de la organización política, “así como de
su esposa y 3 empresas que eran utilizadas para dispersar los recursos obtenidos de manera ilícita por dicha organización”.
De los elementos analizados, explicó la Unidad de Inteligencia, “se identificó que el líder de dicha
organización recibió, en el periodo de 2010 a 2020, recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos, aunado al hecho de que de 2014 a 2019 recibió transferencias interbancarias por 128 millones de pesos, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción.
De igual forma se enviaron, mediante transferencias bancarias, 18 millones de pesos, destacando 3 personas morales, identificadas como empresas fachada, a las cuales les mandó 3.6 millones de pesos”.