Gobierno de Guanajuato dice no tener reportes de fosas clandestinas; prensa suma 109
Entre 2009 y 2020, de acuerdo con información de medios locales, en el estado de Guanajuato se han encontrado 109 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 268 cuerpos.
Según el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato, elaborado por diversos investigadores y organizaciones que realizaron un análisis de datos oficiales y reportes de prensa, dichos hallazgos se registraron en 29 de los 46 municipios, siendo 2019 el año con más casos.
Mientras que los municipios con más fosas encontradas fueron: Pénjamo, Irapuato, Villagrán y Celaya, mismos que han sido disputados desde hace tiempo por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Sin embargo, y pese a las evidencia periodística, el gobierno estatal asegura que no cuenta con registros de fosas clandestinas en los últimos años.
Desde 2015 las y los investigadores, a través de la plataforma de Transparencia, han solicitado al gobierno de Guanajuato el número de fosas clandestinas y de cuerpos recuperados en éstas, la respuesta siempre ha sido la misma: “no hay registro sobre la información solicitada”.
El informe señala que en agosto de 2018, el entonces procurador y hoy fiscal estatal, Carlos Zamarripa, hizo una declaración a medios locales en la que admitió la existencia de 5 fosas clandestinas, pero se refirió a ellas como excavaciones “para ocultar”.
Tras esta declaración, se hicieron nuevas solicitudes de información a la Fiscalía Estatal, la cual nuevamente negó la existencia de fosas.
La última solicitud de información en torno al tema se hizo el 20 de enero de 2020. En ella se pidió “información sobre el número y la ubicación de las fosas clandestinas o entierros clandestinos (superficiales o profundos) de cualquier tipo, así como de los restos humanos o cuerpos de personas encontrados desde que se tuviera registro”.
La respuesta llegó un mes después, el 13 de febrero de 2020; la Fiscalía “reiteró que no se contaba con registros de fosas en el estado y periodo peticionado, bajo el contexto referido”.
Los datos que contradicen al gobierno
Ante la falta de información por parte de las autoridades estatales, las organizaciones y especialistas decidieron recopilar la información recopilada en medios de comunicación.
Así como otros registros que si bien no son del gobierno si cuentan como oficiales al ser de organismos reconocidos por el Estado.
Uno de ellos es el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México 2016. Este documento dice que entre 2007 y septiembre de 2016 se encontraron 18 fosas clandestinas en la entidad, de las cuales se exhumaron 22 cuerpos.
En mayo de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) presentaron otro informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO).
En el informe se registró tan solo una fosa clandestina en Guanajuato en los primeros cinco meses del gobierno en turno, pero en su versión actualizada al 6 de enero de 2020 “no documentó la existencia de fosas clandestinas en el estado”.
Por otro lado, las organizaciones recopilaron las notas publicadas por medios locales referentes a fosas clandestinas entre 2009 y 2020.
En total se sumaron 109 fosas clandestinas y 268 cuerpos exhumados.
Entre 2017 y 2019 se observa un importante incremento en el número encontradas anualmente al pasar de 8 a 40 hallazgos.
En cuanto al número de cuerpos exhumados por municipio, Villagrán encabeza la lista, seguido de Irapuato, Celaya y Pénjamo. Los cuatro municipios concentran el 46.3% del total de cuerpos exhumados en todo el estado.
En la última parte del informe se mencionan las deficiencias detectadas en el gobierno estatal que derivan en la falta de atención para visibilizar el tema.
Entre otras cosas se resalta que la aprobación de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado se logró hasta mayo de 2020, lo que significó un retraso de casi dos años y medio con relación a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición.
Además, en dicho proceso legislativo, “la participación de familias, víctimas indirectas, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de personas defensoras de derechos humanos fue bastante limitada” y ésta fue gracias solo a la presión social.
La participación social permitió que el pasado 3 de julio en el municipio de Uriangato, se llevó a cabo la primera búsqueda en terreno con la participación de colectivos y familiares del estado, acompañados por autoridades federales y estatales.
Las organizaciones que participaron en la elaboración del informe son: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica; el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; Data Cívica, y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG).
Así como los investigadores Fabrizio Lorusso, de la Universidad Iberoamericana León; Jorge Ruiz Reyez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX, y Oscar Elton, de Data Cívica.
