Fuga de involucrados, destrucción de evidencia: los riesgos por las filtraciones en caso Lozoya

La publicación de un video en donde se muestra pago de supuestos sobornos a senadores, así como la filtración de la denuncia íntegra que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunta corrupción en los dos últimos sexenios, no anula la apertura de eventuales procesos contra los implicados, pero sí genera riesgos.

Así lo señalaron cinco abogados investigadores y expertos en Derecho entrevistados por Animal Político. Coincidieron en que, si bien es prematuro decir que se ha violado irremediablemente la integridad del proceso, la información que se ha dado a conocer puede generar otras dificultades para los investigadores.

Por ejemplo, algunos señalan que se habría afectado el principio de presunción de inocencia, sobre todo si se confirma que la filtración fue resultado de una omisión de la autoridad, lo que puede generar demandas. Otros difieren, pero apuntan un riesgo distinto: un alertamiento prematuro que complique la localización de posibles implicados o que facilite la destrucción de evidencia.

La primera filtración se registró el lunes pasado, luego de que en la plataforma You Tube se publicó un video en el que se aprecia a asistentes de exsenadores del PAN recibiendo un presunto soborno de un funcionario de Pemex, en el contexto de la discusión de la reforma energética.

En dicha denuncia se revelan los nombres de más de 15 personas denunciadas, así como varias de las pruebas y de los testigos (incluso con teléfonos personales) que Lozoya se ha comprometido a aportar.

Sobre ello se detalla el análisis de cada uno de los especialistas entrevistados.

Maestra en Derecho Comparado e Internacional, y experta en sistema penal acusatorio

La especialista advierte que la revelación de datos personales y reservados contenidos en la denuncia, así como la imagen de personas que aparecen en el video de los sobornos, sí genera una violación al principio de presunción de inocencia de los implicados y abre la puerta a demandas civiles contra quien resulte responsable.

Pero esta irregularidad, aclara Greaves, por sí sola no representa una violación a eventuales procesos en contra de los denunciados por Lozoya, si es que la FGR integra bien la indagatoria.

“La línea del proceso penal de estos hechos criminales que se dieron a conocer a partir de la denuncia de Lozoya y está corroborando la FGR es distinta. No veo una violación al debido proceso ni que haya un efecto corruptor que en un futuro pudiera demeritar las acciones que lleve a cabo la Fiscalía, para corroborar la información. Si la FGR la corrobora bien y se allega de datos de prueba no existe ese efecto corruptor…”, dijo Greaves.

Donde la maestra sí advierte un riesgo preocupante, es en el hecho de que las filtraciones anulan en automático la secrecía de la indagatoria, al revelar quiénes son los indagados y qué hechos se están corroborando.

“Se abre la puerta a que se oculten datos de prueba o a que los implicados se deshagan de evidencia o que, por ejemplo, se escondan o cierren cuentas bancarias. Se hace mas difícil un trabajo que de por sí es complicado”, dijo Greaves.

Javier Martín Reyes

Licenciado en Derecho y Ciencia Política; Maestro por la Universidad de Columbia

Martín Reyes señala que si bien de momento no es posible llegar a una conclusión, las filtraciones que derivan en la construcción de una imagen negativa de personas que podrían haber cometido un delito abren la puerta a riesgos, y a la larga pueden comprometer un juicio exitoso.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido contundente cuando afirma que la sola exhibición de personas imputadas en los medios de comunicación representa una forma de maltrato que favorece el terreno de ilegalidad, y que propicia otras violaciones a derechos humanos”, indica Reyes.

El experto señala que cuando el Estado es el responsable de llevar a cabo dichas filtraciones se pone en duda la fiabilidad de las pruebas que a la postre reúna. La Corte, señala Reyes, ha señalado que los jueces deben ser “especialmente escépticos” para juzgar el material probatorio en los casos donde la autoridad ha generado de forma deliberada una imagen negativa de los investigados.

“El tema es que no tenemos certeza aún de dónde provienen las filtraciones, pero sí sabemos que el presidente de la República sistemáticamente ha difundido –y exigido – la difusión del video”, concluye Reyes.

Gabriel Regino García

Abogado experto en Derecho Penal exsubsecretario de Seguridad de CDMX

Regino concuerda con Greaves en el sentido de que la filtración de la denuncia y del video no echan abajo una investigación por temas del debido proceso. Lo que sí se ocasiona, en todo caso, son complicaciones en el terreno operativo.

“La filtración de una denuncia y una evidencia incriminatoria no compromete la investigación de la Fiscalía, salvo que las personas ahí filmadas se den a la fuga y se tornen ilocalizables. De ahí en fuera, su validez dependerá de la forma en que la Fiscalía relacione la denuncia con el video y demás pruebas que obtenga para acreditar la existencia de una organización delictiva”, dice Regino.

Pero el abogado pone además en duda de que se haya violentado la presunción de inocencia de los implicados con la filtración de la denuncia. Desde su perspectiva, los particulares pueden ocasionarse un daño moral (lo que podría ser el caso), pero solo las autoridades pueden vulnerar el derecho a la presunción de inocencia.

En ese sentido, añade Regino, lo que se tendría que verificar es si es la FGR la responsable de filtrar la denuncia, situación que es independiente de la indagatoria por las acusaciones hechas por Lozoya.

Juan Jesús Garza Onofre

Abogado. Maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante

Desde el punto de vista de Garza Onofre las filtraciones registradas en el caso sí abren las puertas para considerar una violación a la presunción de inocencia e incluso, llegado el momento, que se contemple una eventual violación al debido proceso. No obstante, ello dependería de clarificar cuál es el origen de dichas filtraciones.

Pero Garza añade otro riesgo: que el manejo político del caso a través de las referidas filtraciones o discursos como los del presidente terminen rebasando la importancia de llevar un proceso jurídico buen cuidado, donde el juicio público pese más que una eventual sentencia.

“Que esté tan politizado va a terminar influyendo, no sé qué tanto, pero de que va a terminar influyendo lo va a hacer y puede comprometer el éxito jurídico del caso a cargo de la Fiscalía”, dice.

Estefanía Medina Ruvalcaba

Licenciada en Derecho y especialista en la implementación del sistema penal acusatorio

Medina coincide con otros expertos en que resulta prematuro hablar de una violación al debido proceso, e incluso a la presunción de inocencia a partir de las filtraciones que han ocurrido. Pero subraya que estas informaciones generan un riesgo serio para una indagatoria exitosa por la divulgación anticipada de datos clasificados.

“Creo que en estos momentos esto es lo más grave: que se afecte la adecuada investigación de los hechos porque alertas a los investigados que aun no tendrían porque conocer el caso”, dijo la experta.