Familias indígenas y ONG denuncian que FGE de Chiapas fabricó acusación de trata
La búsqueda del menor Dylan Esaú Gómez Pérez derivó en un operativo policial que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas aseguró haber desmantelado una red de trata y rescatado a 23 menores. Fueron detenidos un hombre y cuatro mujeres. El hombre, Adolfo Gómez, apareció muerto en su celda mientras que las mujeres y sus allegados siempre denuncian que se trata de un montaje, que todos forman parte de una misma familia y que la FGE fabricó el caso. Cinco días después de que Dylan fuese rescatado y su presunta secuestradora detenida, las familias de los detenidos en la operación contra la supuesta trata exigen la libertad de los adultos, la reunificación familiar y que se investigue la muerte de Adolfo Gómez.
“Exijo la liberación de mi madre y la aclaración de la muerte de mi padre. Ya apareció el niño Dylan y doy gracias a Dios. Pero la Fiscalía no actuó bien”. Enereida Gómez es hija de Adolfo, el hombre fallecido en la cárcel y madre de cinco de los 23 menores que fueron puestos a disposición del DIF.
Dylan Esaú Gómez Pérez fue secuestrado el 30 de junio. Apenas dos semanas después, el 15, la FGE detiene a Adolfo Gómez y Josefa Sánchez en San Cristóbal de las Casas. Dos días después se realiza un cateo en una vivienda tras el cual se arresta a las hermanas María Hortensia y Maribel Gómez y a Juana Montejo. Con ellas estaban los 23 menores que fueron trasladados al DIF.
Ahora, las familias, acompañadas por ONG como el Colectivo Cereza, Melel Xojobal o la la Red por los Derechos de la Infancia en México denuncian la fabricación de pruebas e irregularidades en los arrestos y exigen la puesta en libertad de los detenidos y que puedan reunirse con sus hijos.
Su versión siempre ha sido la misma: que ellos no explotaban a los menores sino que salían a vender a artesanía porque son pobres y dependen de ese trabajo para subsistir. El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, ha respondido que la situación de vulnerabilidad no les exime de estar cometiendo un delito. Por su parte, organizaciones de defensa de la infancia denuncian que el operativo es una “criminalización de la pobreza”.
En relación a toda la investigación, las ONG que acompañan a las familias denuncian que el caso fue fabricado para, en su día, tapar la falta de pistas sobre el pequeño Dylan. Consultada por Animal Político, la FGE asegura que el caso ya está judicializado y que ninguna de las personas detenidas fue vinculada a proceso por el secuestro, sino por ser parte de esa supuesta red de trata de menores.
Según explicó Patricia Aracil, de La Cereza, las irregularidades comienzan el 15 de julio con la detención de Adolfo Gómez y Josefa Sánchez. Según viene registrado en las carpetas de investigación, fueron arrestados en San Cristóbal de las Casas después de observar una “actitud sospechosa” en el hombre, que estaba rodeado de varios menores.
La activista explicó que se abrieron tres carpetas: una, la 307/2020, contra la salud pública, por presunta posesión de marihuana; la segunda, la 340/2020, en la fiscalía antisecuestro, vinculada a la desaparición de Dylan; la tercera, la 24/2020, por trata de personas en agravio de menores de edad.
“Fiscalía Indígena realiza la investigación, pero lo que hizo fue construir un delito falso”, dijo.
Según su relato, las irregularidades inician con el arresto y conducción a comisaría de aquel día 15. En la carpeta de investigación aparece una supuesta entrevista que un funcionario le realiza a Adolfo ubicándolo en la calle cuando en realidad estaba arrestado. Además, este policía asegura haber iniciado los seguimientos tras la declaración de un vendedor de San Cristóbal que habría señalado a Adolfo, su esposa y una mujer llamada Ofelia. Cabe recordar que en las imágenes en las que se ofrecía una recompensa por Dylan se llamaba Ofelia a la presunta secuestradora ya que, según dijo el fiscal, fue uno de los nombres falsos empleados por Margarita “N”, la presunta secuestradora ya detenida.
Para probar las irregularidades, las organizaciones mostraron un video en el que se observa la declaración de Adolfo Gómez el 16 de junio. En ella, el hombre asegura haber sido golpeado por los policías, que le preguntaban sobre dónde tiene escondido a Dylan. Además, asegura que no le leyeron sus derechos ni le permitieron hablar con un abogado.
Un día después se produce el cateo en la casa del barrio de Tlaxcala en San Cristóbal. Según dijo Aracil, las tres mujeres fueron encerradas e incomunicadas en el DIF durante cuatro días, hasta el 21 de julio. “Causa horror que instancias que deberían estar atentos a los derechos colaboren con la fiscalía para la privación ilegal de la libertad de tres personas”, dijo.
Animal Político quiso saber la versión del DIF de Chiapas, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
“Exigimos que se realicen diligencias para reintegración, porque el daño que se está causando es irreparable”, dijo Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal.
Desde que se produjo el operativo, familiares de los menores están tratando de recuperarlos. Han acudido varias veces al DIF pero no han logrado que se los entreguen, a pesar de que disponen de al menos nueve actas de nacimiento y aseguran estar dispuestos a hacerse análisis de ADN.
“En redes sociales las activistas y los familiares están diciendo que ya acreditaron la relación parental, sin embargo, ante este órgano de procuración de justicia no se ha llevado ninguna diligencia de este tipo”, asegura la FGE. La institución asegura incluso que, en el caso de que se demuestre que son familia, “el delito persiste” e incluso podría agravarse por el hecho de ser familiares.
“Nosotros no tratamos mal a nuestros hijos. Somos pobres. Los sacamos a vender para que nos acompañen, porque vivimos al día”, dijo Enereida Gómez, madre de cinco de los menores.
Según datos recabados por Melel Xojobal, el 85% de los menores indígenas de Chiapas está en situación de pobreza, un porcentaje que podría ascender hasta el 93% debido a la contingencia de COVID-19.
