Familiares denuncian que omisiones en penales de Chihuahua han provocado más de 220 contagios de COVID
Ante el aumento de contagios por COVID-19 en tres Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Chihuahua, que produjeron ya siete muertos y 221 casos confirmados, familiares de reclusos interpusieron seis quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), mientras que el organismo inició otra investigación de oficio en el penal de Ciudad Juárez por la misma razón.
La alerta fue generada por la situación de hacinamiento y convivencia que existe en las cárceles del estado.
Entre los reos fallecidos se encuentra el exdirector del Fideicomiso para el Fomento de las Actividades Productivas de Chihuahua (Fideapech), Joaquín Lázaro López Ramírez, quien enfrentaba un proceso por peculado en un caso relacionado con las acusaciones que incluyen a otros exfuncionarios estatales, como el exgobernador, César Duarte Jáquez, quien permanece detenido en Estados Unidos para su extradición a México.
‘Niegan servicio médico’, denuncia pariente de González Tachiquín
Otro de los exfuncionarios de la pasada administración estatal, el exsecretario de Educación, Manuel Marcelo González Tachiquin, resultó positivo al padecimiento y ya se encuentra incomunicado en el penal de Aquiles Serdán, lo que despertó la angustia de su familia, expuso a La Verdad Miriam González Martínez, hermana del afectado.
Indicó que lanzaron la exigencia para que su familiar sea trasladado de ese lugar a otro más seguro sanitariamente dado que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad ya que se le negó el servicio médico de calidad que requiere.
Además, desde este jueves no pudieron comunicarse con él porque –al parecer– lo aislaron, cuando antes hablaban todos los días con la familia.
Incluso planean interponer una queja ante organismos de Derechos Humanos.
Tachiquín González está detenido desde el 7 de enero del 2019 acusado de peculado dentro de los expedientes 20/2019, 11/2019, 3464/2018 y 1139/20, juicios que ya fueron resueltos por los tribunales federales que determinaron su inocencia, dijo la informante.
Sin embargo, explicó Miriam, las autoridades estatales le abrieron una quinta carpeta con el fin de retenerlo, por lo que en la actualidad está bajo la medida cautelar de prisión preventiva y a lo largo del proceso se vulneraron sus derechos humanos y fue puesto en situaciones de mucha complejidad y abuso.
A pesar de que un Juez autorizó que se le instalara un brazalete electrónico y una garantía económica para enfrentar el proceso fuera de prisión, el Gobierno del Estado no le permite salir por persecución y revancha política, expuso.
Toda esta situación fue presentada de forma pública a través de una carta, firmada por la madre del procesado, Selma del Carmen Tachiquín de González, que dirige a autoridades federales.
La urgencia que experimenta la familia se debe al brote de COVID-19 en el Cereso 1, donde se encuentra detenido, y a que se le niega lo que por ley le corresponde.
Luego de la muerte de López Ramírez, cuya esposa, Luz María Martínez, declaró ante medios de comunicación de la capital del estado que el hombre presentó complicaciones por COVID-19 y murió la tarde del miércoles anterior por la enfermedad que contrajo en el penal de Aquiles Serdán, la alarma creció.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se implementó un programa para la detección y atención a síntomas del padecimiento, así como áreas especiales para atender a los pacientes.
Se gestiona atención y preliberación: CEDH
Ante las quejas interpuestas por familiares de reos, el presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz Loya, informó que se solicitarán medidas cautelares y se presentará una propuesta general a las autoridades de salud y penitenciarias para que se establezcan medidas sanitarias que ayuden a disminuir los contagios derivados del hacinamiento y convivencia en espacios reducidos.
Esas condiciones, señaló, expone a los prisioneros a condiciones de alta vulnerabilidad.
Armendáriz Loya dio a conocer, a través de un comunicado, que la CEDH realizó diversas gestiones ante la solicitud de familiares de reos que solicitaran su intervención para que se otorgue atención médica y, en caso de ser necesario, se traslade a un hospital a los afectados, además de establecer mecanismos para poder comunicarse con ellos.
El documento expone que se solicitará a las autoridades medidas cautelares para salvaguardar la salud y vida de los pacientes porque, al encontrarse bajo custodia del Estado, su cuidado corresponde a las autoridades porque no pueden buscar atención médica ni acceder a los cuidados que requieren por sí mismos.
La CEDH solicitará información de todas las personas que presentan contagio de COVID-19, así como son antecedentes clínicos, padecimientos y el tratamiento médico que se les proporcionó.
Además, exhortará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, como lo recomendó la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se analicen los casos de personas ya sentenciadas que pudieran ser sujetas a pre-liberación.
También se pedirá que se revise la situación de quienes se encuentran bajo proceso para revisar una posible modificación a la medida cautelar para despresurizar los centros de reclusión y disminuir el riesgo de propagación del virus.
El funcionario agregó que de la misma manera se solicitará la revisión de los casos de reclusos vulnerables, como adultos mayores o con comorbilidades como diabetes, hipertensión u obesidad.
El subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Chihuahua (SSCh), Gumaro Barrios Gallegos, aseguró este jueves que los responsables de cada Jurisdicción Sanitaria donde se ubican los penales con afectación por COVID-19 acudieron a vigilar los protocolos sanitarios de prevención y tratamiento.
El funcionario de salud declaró que se atienden todas las situaciones que surgen en los Ceresos, a donde asisten los epidemiólogos de la SSCh para validar los pasos en busca de cumplir con los criterios de las medidas preventivas.
Expuso que en el estado poco más de 8 mil personas se encuentran recluidas en las cárceles estatales.
