‘Enfrentamos una campaña sucia del gobierno’, dicen OSC sobre acusaciones de AMLO por el Tren Maya
“Nosotras hemos estado aquí desde hace mucho años, más de 15 o 20, desde mucho antes de su mal llamado Tren Maya, trabajando por la defensa de los territorios y los derechos humanos. No somos ambientalistas disfrazados, ni la derecha. Nos han ofendido y criminalizado con sus declaraciones, en un país de alto riesgo para los defensores y defensoras. Exigimos una disculpa pública al presidente”, señaló Sara López, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx).
En lo declarado por la activista se resume la respuesta que este lunes dieron, durante una conferencia de prensa, las organizaciones de la sociedad civil ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado, en su conferencia de prensa matutina, respecto a que reciben financiamiento de fundaciones internacionales, como Ford y Kellogg, para oponerse al proyecto del Tren Maya.
“El presidente pidió una aclaración respecto a los fondos que recibimos y la estamos dando, le decimos que está muy mal informado. Es claro que nos encontramos frente a una campaña sucia, claramente orquestada desde el gobierno federal. Es inmoral usar el pulpito presidencial para golpear con mentiras. Notamos mucha ignorancia por parte del presidente. Porque uno difiere con la manera en la que él piensa y actúa, descalifica sin base”, afirmó Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), otra de las organizaciones señaladas por el mandatario.
Alanís también aseguró que se busca descalificar el trabajo de los activistas, desprestigiar, difamar, deslegitimar, censurar. “Hemos visto cómo muchas de estas agresiones verbales se han vuelto un patrón por parte del Estado mexicano en casos como el Tren Maya. Esto puede llevar a que se produzcan agresiones físicas y asesinatos de defensores. En México, desde 2012, en Cemda hemos documentando 500 agresiones a defensores y defensoras y solo en 2019, mataron a 18 ambientalistas de acuerdo con datos de Global Witness”.
El director de Cemda subrayó que lo que hacen es legal. “Lo que hacemos es lícito, lo reportamos anualmente a la Secretaría de Hacienda (los fondos que reciben) y nos auditan anualmente, en el caso de nosotros, firmas conocidas y prestigiadas a nivel internacional. Y sí protegemos intereses: los de la naturaleza, los territorios indígenas, el medio ambiente, la legalidad, los recursos naturales de la región”.
Las organizaciones también aclararon que aunque sí reciben financiamiento de fundaciones internacionales, estos no están etiquetados para ir en contra del Tren Maya, como lo señaló el presidente.
“Nuestro financiamiento viene de financiadores nacionales e internacionales. Los datos son públicos, los informes están en el SAT y desde presidencia los han usado para armar este escándalo. Pero este dinero no está etiquetado para oponerse al Tren Maya, es para hacer cumplir nuestra misión y visión”, aclaró Alanís.
Por su parte, Sergio Madrid, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), aseguró que ellos no son ambientalistas disfrazados, ni conservadores. Explicó que tienen más de 15 años trabajando en la capacitación de intérpretes traductores indígenas, en proyectos para frenar la contaminación del agua y la agroindustria, las afectaciones de proyectos mineros y de energía, y en la defensa de los bienes comunes, de los bosques y las selvas.
“La información presentada por el gobierno es engañosa y fuera de contexto, se acusa a las organizaciones de recibir recursos para oponerse al Tren Maya, cuando las cifras presentadas se refieren a ingresos acumulados en los pasados 14 años, y lo que hacemos es legal, es un derecho”, dijo Madrid.
Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, afirmó, que les resulta preocupante que el gobierno dedique tiempo, recursos humanos y tecnológicos, en particular en un proceso de crisis como éste, a investigar cómo y por qué se financian las organizaciones de la sociedad civil.
“Es preocupante que esto haya sido dirigido a una obra en particular que es de interés del gobierno y en contra de organizaciones de la zona del sureste del país. Hacemos un llamado a que el gobierno aclare cuál es la información y cuáles son sus fuentes para decir que esto es contra el Tren Maya y por qué desacredita a las organizaciones en uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y el periodismo, esperaríamos que el gobierno no contribuya a esto”.
Como posicionamiento conjunto, las organizaciones reprocharon los señalamientos y exigieron una disculpa pública de parte del mandatario, además lo responsabilizaron de cualquier agresión que sufran ellos o sus familiares.
