Dylan ya está en casa: fue secuestrado por una mujer que alegó no poder tener hijos
Dylan Esaú Gómez Pérez, el niño de dos años secuestrado hace 44 días en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue liberado y ya se encuentra con su madre Juana Gómez. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas lo rescató el jueves por la noche en Cintalá, a 135 kilómetros del lugar en el que se produjo el rapto.
Según el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, el móvil del secuestro fue porque una mujer, ahora detenida, no podía tener hijos y decidió quedarse con Dylan para tratar de convencer a su exesposo que regresara con ella. La mujer, Margarita “N” de 23 años, se enfrenta a una petición de cárcel de 75 años.
“Me siento feliz, contenta. Mi gordito ya está conmigo. Todo está saliendo muy bien”, dijo Juana Gómez, la madre del menor.
El secuestro se produjo el 30 de junio en el Mercosur de San Cristóbal de las Casas. Según el relato de la FGE, la ahora detenida, Margarita “N”, acudió al lugar con el objetivo de llevarse a un menor ya que ella tiene problemas para tener hijos. Durante dos días estuvo en la zona hasta que dio con Dylan, se hizo pasar por su madre y logró llevárselo. Esa noche durmió en un cuarto que rentó y al día siguiente emprendió su camino hacia la comunidad Las Palmas, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Allí estuvo todo este tiempo con el pequeño.
Según relató al Ministerio Público la acusada, los problemas para tener hijos le generaron conflictos de pareja hasta el punto en el que su esposo la abandonó y se marchó a vivir a otro estado. Con la sustracción del menor ella quería convencerlo de regresar.
“Dylan fue revisado por un pediatra y está estable. Las condiciones en las que lo tuvo la imputada fueron humanas, le daba alimentación, lo cuidaba, no hubo violencia”, explicó Jorge Luis Llaven.
Según dijo el fiscal, nadie se ha hecho acreedor de los 300 mil pesos que las autoridades ofrecieron para conocer la identidad de la secuestradora, que fue identificada por los videos de cámaras de seguridad.
En un primer momento la FGE aseguró que la sospechosa respondía al nombre de Ofelia “N” e incluso se llegó a señalar a una mujer de la comunidad de Ixtapa, ubicada a 57 kilómetros al oeste de San Cristóbal de las Casas. El fiscal explicó que se hizo público este nombre porque la secuestradora utilizó varias identidades falsas, ya que se hizo llamar Ofelia y Vanessa, y fue hasta que se descubrió su verdadero nombre que el menor fue localizado.
La comunidad de Ixtapa, sin embargo, es clave en este proceso. De ahí son originarias las cinco personas que fueron arrestadas previamente durante el operativo de búsqueda y que siempre han defendido su inocencia. Ahora el fiscal Llaven Abarca dice que se trata de una carpeta distinta, pero en su momento se presentaron los arrestos como parte de las labores de localización del menor secuestrado.
Se trata de Adolfo Gómez, su esposa Josefa Sánchez, sus hijas María Hortensia y Maribel y su nuera Juana. El 15 de julio, los dos primeros fueron arrestados dentro de la carpeta de investigación por la desaparición de Dylan. Dos días después, el 17, se realizó el cateo de una vivienda en el barrio de Tlaxcala, en San Cristóbal. Allí estaban 23 menores (tres lactantes y el resto entre 2 y 15 años) y tres mujeres que fueron detenidas y acusadas de formar parte de una red de trata por obligar a trabajar a los menores vendiendo artesanía.
Desde el primer momento familiares de los detenidos aseguraron que todos ellos eran familiares y que salían a vender por obligación debido a su condición de extrema vulnerabilidad económica.
“Es puro acusamiento falso. Nosotros somos víctimas de todo esto que está pasando. No estamos bien”, aseguró Roberto Montejo, abuelo de los menores bajo custodia, en entrevista con Animal Político.
Adolfo Gómez fue encontrado muerto en su celda el lunes 27 de julio. La FGE aseguró que se trató de un suicidio, pero sus familiares aseguran que el cadáver tenía golpes.
Tanto Adolfo Gómez como su esposa Josefa Sánchez fueron detenidos dentro del operativo de búsqueda. También sus dos hijas y su nuera, y sus 23 nietos fueron puestos a resguardo del DIF.
Ahora el fiscal dice que se trata de una carpeta independiente. “Que podamos acreditar el parentesco no puede excluir el delito penal”, dijo Llaven Abarca. Desde el inicio del operativo, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México han denunciado que las detenciones estaban criminalizando a la familia por ser pobres.
El fiscal, por su parte, dijo que la familia todavía no ha puesto denuncia por los golpes que detectaron en el cuerpo del fallecido y que la situación de pobreza no podía servir para excusar el delito.
“Es un motivo de alegría que Dylan esté con su madre. La indignación y la presión fue factor clave”, dijo a Animal Político Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pérez García recordó que hay 23 menores bajo resguardo del DIF, cuatro mujeres encarceladas y un hombre muerto dentro de las labores que la fiscalía realizó en la búsqueda de Dylan.
En Chiapas hay actualmente 230 casos por desaparición de menores desde el inicio de la actual administración. De ellos, según el fiscal, el 90% tiene que ver con conflictos familiares y el resto por ausencias voluntarias. Solo existen tres casos donde hubo desaparición forzada.
El caso de Dylan sacudió a México. Especialmente por el tesón de su madre, que se desplazó hasta la capital para pedir que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, intercediera para acelerar las investigaciones. Ahora que el pequeño está ya en casa quedan todavía muchas interrogantes pendientes, sobre todo las derivadas de un operativo que convirtió a una familia de indígenas que venden artesanía en una presunta red de explotación de sus propios hijos.
