Una empresa mexicana que forma parte de la presunta red de lavado de dinero formada por Odebrecht y Emilio Lozoya es señalada por autoridades federales de participar en el robo y tráfico de combustible de Pemex en altamar, una nueva ruta de investigación que podría confirmar que la petrolera nacional habría sido saqueada por partida doble: no sólo de sus arcas financieras, sino también de sus materias primas esenciales.
A raíz de un aseguramiento de buques cargados con cientos de toneladas de robo de combustible, conocido como huachicol, en el puerto de Dos Bocas en 2019, las autoridades federales iniciaron una investigación contra el empresario gasolinero Renán Ariel Herrera Valls.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó triangulaciones millonarias entre las cuentas de Herrera Valls, Tagal S.A. de C.V. –una compañía de la que es representante– y Etileno XXI, que tiene participación de la constructora brasileña Odebrecht a través de una subsidiaria, Braskem.
La Secretaría de Marina (Semar) efectuó el decomiso del hidrocarburo en enero del año pasado frente al puerto de Dos Bocas, Tabasco, una de las principales rutas de exportación del crudo mexicano. Para ese momento, el gobierno federal ya había emprendido una dura estrategia de combate al huachicol.
El titular de la Semar, Rafael Ojeda, detalló el 30 de enero que 14 pipas pertenecientes a la empresa Grupo Combustibles S.A. de C.V. –también de Herrera Valls– surtieron en el puerto de Coatzacoalcos 745 toneladas de diésel al buque “Imiloa”, que posteriormente traspasó el hidrocarburo a otras dos embarcaciones de gran tamaño localizadas en Dos Bocas.
En el operativo fueron detenidos los tripulantes y capitanes de los buques, y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el caso. Por esas fechas, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, también denunció que “miles de barriles” de crudo eran robados del puerto de Dos Bocas, e implicó en la red de cómplices a funcionarios de Pemex y de la Administración Portuaria Integral (API).
Hace un mes, el titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó en una entrevista con El Economista que se investigaba la relación de Lozoya y Odebrecht con el tráfico de combustible de Pemex en altamar, y dijo que ya se había presentado una nueva denuncia por estos hechos ante la FGR. A través de diversas fuentes federales, Animal Político conoció detalles de la acusación en contra del exdirector de Pemex, quien ya fue vinculado a proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
La UIF detectó que Herrera Valls y Tagal S.A. de C.V. –empresa dedicada a la distribución de combustibles– efectuaron triangulaciones por 37.1 millones de pesos hacia y desde cuentas asociadas a Etileno XXI. Las transferencias se realizaron en 2015 y 2016, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex.
Conforme las investigaciones de autoridades federales, Tagal S.A. de C.V. depositó a Etileno XXI 18 millones 440 mil 577 pesos en 2015 y 2016. A su vez, Etileno XXI transfirió 15 millones 565 mil 008 pesos directamente a las cuentas de Herrera Valls en 2015. En un tercer momento, Tagal S.A. de C.V. depositó 3 millones 095 mil pesos a la cuenta de la esposa del empresario gasolinero, Norma Alicia Cruz Flores, en 2014 y 2016.
El matrimonio Herrera Valls-Cruz Flores se asoció para crear en 2002 la empresa Grupo Combustibles S.A. de C.V., que fue señalada directamente por la Semar de proveer el hidrocarburo robado que se traficaba en el Golfo de México en enero de 2019. A su vez, Cruz Flores es la accionista mayoritaria y vicepresidenta del consejo de administración de Tagal S.A. de C.V., de acuerdo con documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
El complejo petroquímico Etileno XXI, localizado en Coatzacoalcos, se inserta en la trama de corrupción de Odebrecht y Lozoya como un centro nodal mediante el cual se recibieron y enviaron miles de millones de dólares hacia empresas fachada ubicadas en paraísos fiscales, de acuerdo con la indagatoria de la UIF.
Proceso dio a conocer que dichas transferencias de dinero fueron efectuadas por Braskem y Etileno XXI en años en los que la planta ni siquiera había comenzado funcionar, entre 2013 y 2016, por 244.1 millones de pesos y 653.2 millones de dólares; una de las empresas vinculadas con las triangulaciones es Tagal S.A. de C.V., que incluso hizo depósitos a cuentas de Oceanografía S.A. de C.V., de Amado Yáñez.
Una investigación reciente del Congreso de Brasil señaló que los sobornos transferidos en 2012 por Odebrecht a Lozoya, quien entonces era coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, se pagaron a través de la filial petroquímica Braskem, que en ese momento construía la planta de Etileno XXI, según un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Herrera Valls no sólo está implicado en el caso de robo de hidrocarburos en altamar de enero de 2019, sino que en años anteriores fueron asegurados varios cargamentos de huachicol en vehículos pertenecientes a compañías a las que está vinculado el empresario veracruzano.
En febrero de 2019, elementos de la Policía Federal y del Ejército decomisaron en Campeche una pipa con 30 mil 861 litros de diésel industrial robado; el vehículo era propiedad de Tagal S.A. de C.V. En junio de 2017, otra unidad de la empresa, cargada con 62 mil litros de diésel, fue asegurada por la Policía Federal en Coatzacoalcos. Tagal también se vio envuelta en un operativo antihuachicol de marzo de 2004 en el que elementos de la entonces PGR aseguraron pipas con combustible robado.
Pese a su implicación en estas presuntas actividades criminales, Herrera Valls y Tagal han sido, durante años, proveedores de diésel de instituciones del gobierno federal, principalmente mediante contrataciones por adjudicación directa.