CIDH admite caso de la Guardería ABC porque a 11 años, México no ha aclarado los motivos del incendio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso del incendio en la Guardería ABC, ocurrido el 5 junio de 2009 y en el que murieron 49 niños y niñas.
Esto significa que la CIDH analizará a fondo los hechos “para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano”.
En caso de haberlas, la CIDH formularía recomendaciones al Estado para que se garantice el acceso a la justicia y la no repetición.
Fue en octubre de 2014 cuando las familias de las víctimas presentaron el caso ante la CIDH. Después de analizar el caso, el 6 de julio de 2020 la CIDH declaró el caso como admisible.
Tras revisar los argumentos y las pruebas de las familias, la CIDH encontró que a 11 años de haber ocurrido los hechos, “el Estado mexicano no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos altos funcionarios públicos de diferentes entidades estatales”.
Por lo tanto, se lee en el informe, dadas las características de la petición y el tiempo transcurrido desde los sucesos materia del reclamo, la Comisión considera que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.
La CIDH resalta que desde que ocurrieron los hechos, los familiares de las víctimas “no han dejado de activar todos los mecanismos de derecho interno para reclamar justicia”.
Otro factor que permitió la admisión del caso es que la CIDH concluyó “que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable”, ya que a 11 años del incendio se mantiene la impunidad en el caso.
Durante todo este tiempo, los familiares de las víctimas han argumentado ante la CIDH que el incendio “no fue un siniestro imprevisible, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles, pues dicho sistema convirtió el cuidado de los niños y las niñas en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias”.
En los últimos años también han exigido la investigación y sanción penal a todos las personas que resulten responsables en las causas del incendio, “incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares”.
En su informe, la CIDH señaló que de ser probado que el incumplimiento estatal en cuanto a la prevención en el servicio educativo de cuidado infantil; así como la presunta falta de una investigación y sanción para los responsables se habrían violado los artículos: “4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana.
Finalmente, la CIDH expresó su deseo de que este litigio ayude a que el Estado mexicano tome todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana.
El pasado 5 de junio, los padres de los menores fallecidos reclamaron al gobierno federal el que no haya personas detenidas ni reparación del daño tras varios años de investigación.
“En resumen no hay justicia. Lo que hay es impunidad y un desinterés de todos los gobiernos y las fiscalías que han pasado, incluyendo al actual fiscal general (Alejandro Gertz) no lo hemos visto una sola vez”, señaló a Animal Político, José Francisco García Quintana, padre de uno de los niños fallecidos y vocero del Movimiento 5 de Junio, que agrupa a varias de las familias afectadas.
Entre los varios pendientes que existen en el caso, el que más reclaman los padres de las víctimas es la falta de castigo a los responsables, pese a que ya se han dictado sentencias.
En 2016 un juez penal dictó sentencias condenatorias en contra de 19 personas – entre exfuncionarios del IMSS y particulares – por los delitos de homicidio y lesiones no intencionales, e impuso penas de prisión que fueron de los 14 hasta 30 años de prisión.
Un año mas tarde, las sentencias fueron ratificadas el Tercer Tribunal Unitario en Sonora, pero los implicados no fueron detenidos ni encarcelados debido a que promovieron diversos juicios de amparo alegando que la sentencia impuesta fue excesiva.
