La CNDH investigará la detención del médico de Chiapas acusado de abuso de autoridad
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una investigación por el caso del médico de Chiapas, Gerardo Vicente Grajales, detenido por una acusación de presunto abuso de autoridad por la hija de un paciente que falleció por coronavirus.
Grajales era el encargado del área destinada a COVID-19 en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del ISSSTE en Chiapas, hasta que fue acusado por la hija del exdiputado local, Miguel Arturo Ramírez López, por supuestamente pedir medicamentos y equipo a sus familiares, debido a que el hospital no contaba con lo requerido para el tratamiento.
A través de un comunicado la CNDH dijo que recibió el testimonio de un familiar del doctor señalando que, desde su detención, funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Chiapas han violado sus derechos humanos.
Luego de la acusación de la hija del exdiputado, el médico fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario “El Canelo”, en Tuxtla Gutiérrez, y un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de abuso de autoridad.
Tras su detención, familiares, amigos y compañeros se han manifestado para pedir su liberación.
De acuerdo con los abogados de Grajales, se apelará la resolución del juez porque el delito por el que se le acusa no es grave por lo que no amerita prisión preventiva.
El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la Fiscalía tiene una nueva carpeta de investigación en contra el médico por presuntos hechos de corrupción.
Según lo dicho por las autoridades, existe otro denunciante que asegura que el doctor Grajales, junto con otra doctora de nombre Ana Paola, le pidieron dinero para proporcionarle atención médica.
La doctora señalada ya colabora con la fiscalía chiapaneca en calidad de testigo colaborador.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a las autoridades estatales involucradas a garantizar que sus acciones estén apegadas a derecho, sean respetuosas de sus prerrogativas esenciales y se conceda el derecho al debido proceso.
