Ancira gana amparo contra orden de aprehension por lavado, la FGR apela decisión
Un juez federal determinó otorgar protección y amparo al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, acusado de estar involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras la venta irregular de Agro Nitrogenados a Pemex. Con esto su orden de aprehensión quedaría anulada.
El amparo se otorgó el pasado 11 de agosto contra la orden de aprehensión emitida el 25 de mayo de 2019 que dio origen a la ficha roja de captura contra Ancira, y su posterior solicitud de extradición presentada ante la justicia de España, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a Animal Político presentó una apelación al recurso.
El recurso procedió gracias a que a juicio del juzgador, la acción penal que motivó la orden de aprehensión en su contra se encuentra prescrita, por lo que mantener vigente un procedimiento penal implica que la autoridad no imparta justicia de forma adecuada, violentando las normas del debido proceso.
“No queda duda que el plazo de prescripción transcurrió del año 2012 al año 2015; en consecuencia, es evidente que la omisión en la que incurrió la autoridad combatida es existente e inconstitucional”, señala la sentencia del amparo.
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“Desde el primer momento, tanto el presidente del Consejo de Altos Hornos de México como la propia empresa rechazaron la existencia del supuesto delito, ya que comprueba la documentación aportada al tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares”, se informó a través de un comunicado.
En relación con la operación de compra-venta de las plantas fertilizantes de Agro Nitrogenados, la empresa señaló que “en su momento AHMSA solicitó un avalúo independiente de la compañía Barclays con valor superior y finalmente se basó en avalúos oficiales y fue sancionada por todas las instancias que establecen las leyes, incluidos los testigos sociales”.
De acuerdo con el comunicado, dicha acción penal “sin sustento generó una compleja problemática por la empresa… originando un impacto por más de 350 millones de dólares y un severo daño en todas sus operaciones financieras y productivas”.
Debido al recurso de revisión contra el amparo interpuesto por la FGR, la sentencia no se puede ejecutar hasta en tanto no la revise un Tribunal federal.
