Es por solidaridad y buen juicio: STPS justifica aportación ‘voluntaria’ de salario y quitar computadoras
Para la Secretaría del Trabajo dejar sin computadoras a funcionarios públicos, limitarles el uso de servicios básicos como electricidad o agua y pedirles que aporten “voluntariamente” un porcentaje de su salario, significa “apelar a su buen juicio” y un acto de “solidaridad” con el gobierno federal.
Luego de que este 15 de julio la Secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias de la administración pública para que funcionarios de dirección “aportaran” de manera “voluntaria” del 5% al 25% de su salario dependiendo del nivel de su puesto, la Secretaría del Trabajo, dirigida por María Luisa Alcalde, defendió la medida.
Se trata de “apelar a su buen juicio para realizar aportaciones hasta los topes que se anuncian, con la finalidad de sortear la emergencia económica al reorientar el gasto público, en beneficio de los más desprotegidos”, tras el “escenario crítico” que ha dejado el para de labores por el confinamiento ante la pandemia de coronavirus.
Así respondió la dependencia a preguntas realizadas por Animal Político sobre si esta medida podría atentar contra la certidumbre laboral, al prestarse a posible presión hacia los subordinados que temieran perder el empleo en caso de no aceptar.
“No se atenta en contra de la certidumbre laboral, es una solicitud de aportación voluntaria, de la cual se hizo un análisis sugiriendo una cantidad que no tenga un impacto significativo en el bolsillo de los trabajadores”, sostiene la dependencia encargada de vigilar la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y defender a los trabajadores del país.
Además, esta aportación “no compromete de ninguna manera su estabilidad laboral, toda vez que se trata de una aportación voluntaria y se puede realizar a través de un depósito bancario, no mediante la aplicación descuentos vía nómina o de manera coercitiva” y esperan que sólo sea hasta el 31 de diciembre.
Aunque el porcentaje mayor de aportación (25% del salario) sería para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que equivale a 27 mil 983 pesos, la petición también incluye hasta subdirectores de área cuyo salario neto es de 30 mil 793 pesos y de aceptar la aportación, tendrían que entregar mil 539 pesos mensuales.
La carta de respuesta firmada por Luis Gabriel Urquieta, director de comunicación social de la dependencia, también defiende el recorte de 75% en el presupuesto de servicios generales en las dependencias, que se ha traducido en limitar a los funcionarios públicos hasta el uso de agua en los escusados de las oficinas, la electricidad e incluso dejarlos sin computadoras.
Al preguntarle si esto no significa un atentado a su dignidad y derechos al no contar con un instrumento de trabajo como lo es una computadora, la Secretaría respondió que “por el contrario, es un llamado a la solidaridad de los trabajadores con otros Trabajadores”.
El personal de estructura que “de manera solidaria se ha sumado al esfuerzo para reducir el gasto presupuestal”, ha logrado “aliviar en un 10% el gasto en equipos de cómputo, lo que nos permite sumar energías para reducir el gasto corriente”.
Animal Político dio a conocer que la Secretaría del Trabajo implementó medidas de austeridad que van desde el retiro de computadoras a la mayoría de los funcionarios hasta la reducción a la mitad del consumo de agua de garrafón y la “recomendación” de que no carguen la batería de sus celulares en las tomas de corriente de las oficinas.
Al respecto, la dependencia afirma que no se reduce el acceso al agua potable sino que como gran parte del personal trabaja desde casa, “se disminuyó la cantidad de entregas del vital líquido, ya que actualmente no se utiliza en la misma medida que antes del confinamiento”.
Estas decisiones derivan del decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán aplicar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020 y que ordenan un 75% de recorte en el gasto de insumos y servicios generales en las oficinas.
Cada dependencia ha adaptado dicha instrucción en diferentes rubros. Por ejemplo, la Secretaría de Economía también había instruido el retiro de computadoras y que los funcionarios públicos compraran por 4 mil pesos el equipo de trabajo a la empresa que las arrendaba.
Luego de hacerse público, la dependencia dirigida por Graciela Márquez se retractó, pero mantuvo otras medidas como el uso “indispensable” de energía eléctrica y agua en los sanitarios; retiro de refrigeradores, hornos de microondas, cancelación de impresión de documentos y la entrega de papelería cada mes.
Según los lineamientos de la dependencia también estarían cancelados los servicios de fumigación y jardinería, por lo que se propone a los funcionarios a “adoptar una planta” y limpiar sus áreas de trabajo; habrá menos vigilantes en los inmuebles y los autos propiedad del gobierno se quedarán estacionados el resto del año por falta de presupuesto para el mantenimiento y gasolina.
