Presentan proyecto pospandemia para la recuperación económica y ambiental de América Latina
Legisladores de diversos países de América Latina, incluido México, presentaron un plan de recuperación económica y ambiental para las poblaciones más afectadas por la emergencia climática y la pandemia por COVID-19.
El proyecto pospandemia se llama Plan de Recuperación Económica con Justicia Social y Ambiental 2020-2030 y es impulsado por el movimiento internacional Nuestra América Verde, encabezado por líderes sociales y políticos de la región.
La versión preliminar fue publicada este lunes y presenta 14 propuestas concretas sobre mitigación, adaptación y financiamiento para el beneficio de las familias más pobres de la región.
Básicamente, el plan consiste en aplicar medidas para la transición a energías limpias y sostenibles en materia de vivienda y de transporte; así como la defensa del agua y la protección social de trabajadores y sus familias.
También plantea medidas de financiamiento justo, como el cobro de impuesto a la riqueza.
Los autores del documento señalan que, a consecuencia del COVID-19, América Latina enfrenta su peor crisis social y económica en muchas décadas, además de ser una región de alto riesgo climático, por lo que el plan debe ponerse en marcha lo más pronto posible.
“No solo hemos sido testigos del dolor causado por miles de muertos, sino también del desamparo de millones de trabajadores que han perdido sus empleos y de familias que no tienen recursos para enfrentar el hambre”, refieren.
Ante este contexto, el principal objetivo del plan es mitigar el cambio climático y reducir las desigualdades sociales de la región acrecentadas por la pandemia.
“La crisis sanitaria, económica y social generada por el COVID-19 es solo un preludio de lo que podría enfrentar el planeta si no se aborda la emergencia climática”, se lee en el documento.
Los creadores del plan lamentan que a pesar de las advertencias de la comunidad científica sobre las consecuencias de la emergencia climática, la sociedad en general y los líderes mundiales no han emprendido acciones que ayuden a revertirlas.
Señalan que la aplicación del proyecto solo será posible con el uso de la ciencia, la cooperación internacional y la justicia social.
Inversión en sustentabilidad
Actualmente, la región de América Latina sufre las consecuencias de décadas de emisión descontrolada de dióxido de carbono (CO2), principalmente por parte de los países de América del Norte.
El exceso de CO2 no solo es un detonante del calentamiento global, sino que también causa daños directos en los océanos y arrecifes, así como en algunas especies animales.
A nivel continental Estados Unidos es el principal emisor de dióxido de carbono, con un total de 399 mil millones de toneladas de CO2; seguido de Canadá, que produce 32 mil toneladas, y México, con 19 mil toneladas.
En Sudamérica, Brasil lidera la lista con 14.2 mil toneladas de CO2; despupes Argentina con 8 mil toneladas y Venezuela con 7.6 mil toneladas.
Por ello, el plan impulsado por Nuestra América Verde plantea una transición a energías limpias que tenga como objetivo alcanzar una matriz energética del 100% de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) para el año 2050.
Para lograr esto proponen acelerar el cierre de termoeléctricas, al mismo tiempo que se invierte en energías limpias.
Así como la construcción de 25 millones de viviendas sostenibles para los sectores más vulnerables, y el reacondicionamiento en eficiencia energética y confort térmico de 40 millones de hogares.
En cuanto al transporte público sugieren invertir en el mediano plazo en un sistema eléctrico gratuito, y aumentar la infraestructura de movilidad urbana no motorizada y ciclovías.
También incrementar la inversión en el transporte interurbano bajo en emisiones y fomentar la creación de redes ferroviarias eléctricas.
Señalan que estas medidas ayudarán a desincentivar el uso del transporte aéreo, al menos mientras no existan soluciones bajas en gases de efecto invernadero para este medio.
Defensa del agua
El proyecto señala que a pesar de contar con una alta disponibilidad de agua, América Latina tiene importantes desafíos en cuanto a su accesibilidad y suministro.
Detallan que el 23% de la población de la región (unas 125 millones de personas) vive cerca de cuencas donde existen problemas de escasez de agua potable.
Bajo este contexto, el plan propone el desarrollo de políticas subregionales y el fortalecimiento de los instrumentos nacionales de administración del agua.
Estas acciones traerán consigo una mejora de los sistemas de suministro urbanos, eficiencia en el uso agrícola e industrial y se privilegiará el consumo humano.
El proyecto también apuesta por la conservación de los glaciares y el establecimiento del agua “como recurso estratégico para la supervivencia”.
Protección a trabajadores
En este punto, el plan hace mención de las millones de personas que perdieron sus empleos por culpa de la pandemia y la situación que enfrentarán durante los próximos años.
Por otro lado, señala que la crisis sanitaria “dejará marcas en la forma en que trabajamos, mientras que la crisis ecológica y climática exige cambios radicales en la organización económica regional”.
Para este punto el plan propone:
– Establecer una renta básica de emergencia para las familias vulnerables durante la crisis, es decir, aquellas que perdieron sus empleos o medios de supervivencia.
– Facilitar el traspaso de nuevas fuentes de trabajo para quienes lo perdieron o están en sectores amenazados por la emergencia climática, así como ofrecer capacitación y educación a las comunidades mientras se apoya con una renta especial a trabajadores afectados.
Impuesto a la riqueza
Por último, el plan sugiere el cobro de “un impuesto a la riqueza” para el 1% de la población más rica de la región.
Ese 1%, según el documento, concentra más del 40% de la riqueza de América Latina, por lo que resultaría justo que se les cobre un impuesto adicional.
“Necesitamos que los más ricos pongan de su parte para la recuperación económica de todos, y que nuestros países cooperen para que las normas tributarias sean más justas y efectivas”, dicta el plan.
Por otro lado, aconsejan la creación de una “coalición de países del Sur Global” que erradique las pérdidas económicas ocasionadas por los “Paraísos Fiscales”, que han sido hasta de 13,500 millones de dólares al año.
Así como un acuerdo de paz y cooperación para disminuir gasto militar a la mitad en un plazo de 5 años, ya que “actualmente los países de América Latina gastan casi 3 veces más en defensa que a principios de siglo”.
Y la creación del Banco Latinoamericano de Desarrollo Verde, el cual estaría conformado por países de América Latina, y promovería el desarrollo de polos económicos e industriales verdes en la región, como la industria de electromovilidad, construcción sustentable, climatización sostenible, entre otras.
Además de estos puntos, el plan contiene otros proyectos para lograr la unidad de los países en América Latina; proteger a pueblos originarios y activistas ambientales, y conservar y regenerar la biodiversidad.
Al momento, el plan está firmado por 24 legisladores de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y México.
Se espera que en los próximos días se unan más países hasta abarcar toda América Latina.
Por México firmaron las senadoras: Citlalli Hernández, de Morena; Patricia Mercado y Veronica Delgadillo de Movimiento Ciudadano, y Alejandra Lagunes del Partido Verde.
