Javier Acosta se acababa de jubilar como trabajador de Pemex. Todavía no cumplía 60 años, pero padecía insuficiencia renal desde hacía un año y medio, por lo que recibía hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco. Estaba bajo control, hasta que el hospital suministró heparina sódica contaminada con bacterias a casi 70 pacientes como él en febrero pasado y él fue uno de los que murió.
Cuatro meses después, las familias no recibieron ningún apoyo y hasta ahora no hay una sola persona que haya sido sancionada o señalada como responsable.
Oficialmente, fueron ocho los muertos de los que se informó entre el 29 de febrero y el 26 de marzo, aunque los familiares de pacientes de hemodiálisis sostienen que hubo más, pero como no eran trabajadores directamente de Pemex, la empresa del Estado no los reconoció.
Javier fue el séptimo de esos ocho reconocidos, aunque para él ni siquiera hubo un comunicado lamentando su muerte. Pemex informó del sexto fallecimiento el 12 de marzo y del octavo el 26; pero el 15 de marzo, que Javier murió, la dependencia solo difundió que había 30 dados de alta por mejoría.
Aracely Alejo, la esposa de Javier, asegura en entrevista con Animal Político que primero quisieron negarle que su marido había muerto por la heparina contaminada. Cuenta que cuando fue por el cuerpo, le dieron a firmar un papel, y a pesar de su dolor, lo leyó con atención y vio que decía que la causa de muerte era neumonía y que ella rechazaba la necropsia. Le dio tanto coraje, recuerda, que insultó al médico y se fue sin firmar nada. Era domingo y hasta el lunes en la tarde llegó la Fiscalía del Estado de Tabasco para hacerle la necropsia al cuerpo, de la que todavía no le entregan los resultados porque todo cerró.
Fue el fin de semana que empezaron las medidas de distanciamiento social para tratar de contener la pandemia de COVID-19 y la negligencia médica de Villahermosa se dejó en segundo plano.
Dos días antes de la muerte de Javier, Pemex difundió fotos de su director, Octavio Romero, en el Hospital de Villahermosa, en las que tomaba del brazo o platicaba con afectados. Según los familiares de algunos de los fallecidos, esa visita fue de madrugada, sin previo aviso; ellos ni siquiera se enteraron y uno de los retratados en las fotos murió después. Fue la única vez que el director de la empresa productiva del Estado se involucró en el caso.
Javier pasó 11 días en terapia intensiva, resistiendo, hospitalizado desde el 4 de marzo, cuando ya había explotado el escándalo nacional porque había al menos dos muertos y 35 internados por el medicamento contaminado. Dejó huérfanos a dos hijos de 12 y 4 años, pero Aracely no recibió ni una llamada, ningún apoyo. Todavía debe el pago del funeral de su esposo.
El mismo abandono sufrió la familia de Patricia Jiménez. Ella fue la segunda víctima, fallecida el 3 de marzo. Parecía que iba a salir bien librada con los antibióticos que le pusieron para combatir la bacteria Klebsiella spp que venía en la heparina, que es un anticoagulante. Salió del hospital justo para celebrar su cumpleaños número 54, el 1º de marzo, pero al día siguiente tuvo una recaída, entró grave otra vez al hospital, con temperatura altísima, y ya no volvió a despertar.
Era paciente de ese Hospital porque su marido trabajó en Pemex, y ahora su hijo es empleado de la paraestatal. Pero ni por eso recibieron apoyo o algún tipo de seguimiento personalizado.
“Ni el pésame nos dieron”, se queja su hija Paulina Palacios.
Eso contrasta con el mensaje repetido por Pemex en cada uno de sus boletines: que los trabajadores son su principal activo y titulares del derecho a recibir la atención digna y suficiente para garantizar su derecho a la salud y el de sus familias.
“Por tal motivo, se continuará apoyando en el seguimiento de la denuncia presentada para que las víctimas de este hecho accedan a la verdad, justicia y la reparación del daño a los afectados por este lamentable suceso”, señaló la empresa el 26 de marzo.
Un día después publicó su último comunicado del tema para informar que todos los afectados habían sido dados de alta. Los boletines cambiaron de tema para reportar diariamente las atenciones por COVID-19. No volvió a haber información sobre los pacientes afectados por un insumo contaminado.
El 19 de mayo, dos de esos pacientes de hemodiálisis dados de alta dos meses antes por el incidente de la heparina sódica, fallecieron.
Uno de ellos fue don Manuel; su esposa no quiso dar entrevistas porque aún se siente muy afectada emocionalmente, solo dijo a este medio que su marido no estaba tan mal del problema renal como para haberse muerto.
Al otro, Roberto Galicia, se lo llevó un cáncer, pero su hijo cuenta que lo había tenido encapsulado durante 15 años y que tras los 22 días que pasó hospitalizado por las bacterias en la heparina sódica, salió bajo de plaquetas y el cáncer hizo una metástasis que lo mató en unas cuantas semanas.
Todavía recibió algunas hemodiálisis en la Clínica del Riñón de Villahermosa, con la que Pemex contrató el servicio subrogado después del incidente en sus instalaciones. Una clínica tan saturada, que a Roberto, de 84 años, le tocaba el turno de 10 de la noche a 3 de la mañana.
Tenía su documento de haber sido dado de alta, donde además de una dieta recomendada decía que en caso de que necesitara ser ingresado nuevamente, tenía carta abierta para ser recibido. Pero cuando el nefrólogo confirmó que además del daño renal tenía metástasis de cáncer, él prefirió no regresar al hospital y morir en su casa.
A mediados de abril, ya en plena emergencia sanitaria y después de casi tres semanas sin información oficial por parte de Pemex respecto al Hospital de Villahermosa, medios locales revelaron que el director, José Luis Oramas Vargas, había sido removido del cargo.
Sin embargo, comunicación social de Pemex confirmó que Oramas no fue destituido, sino que hubo un cambio de director por “un proceso normal de rotación”.
Según fuentes del hospital, únicamente cambió de puesto: ahora es el director de Medicina Interna. El área clave para atender a enfermos de COVID-19.
Como funcionario público, no ha presentado la actualización anual de su declaración ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el sistema Declaranet, donde conste su cambio de puesto. Solo hay constancia de su cargo como “jefe de departamento” con funciones de administración de bienes materiales y atención directa al público, que tenía desde julio de 2017. Antes de eso, fue jefe del departamento de especialidades en el mismo hospital, de 2011 a 2013.
Oramas Vargas es hermano Arquímedes Oramas, que fue senador por el PRI de 2014 a 2015 como suplente de Humberto Mayans Canabal. Este último, en las elecciones de 2018 fue expulsado del PRI por apoyar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, candidato por Morena. En octubre del año pasado, Mayans Canabal fue designado Consejero Independiente del Consejo de Administración de Pemex.
Pero ni Oramas ni nadie más ha sido sancionado o separado de su cargo para investigar la responsabilidad por la negligencia médica que mató a al menos ocho personas hace cuatro meses.
El 3 de marzo, día de la segunda muerte confirmada, López Obrador fue cuestionado al respecto en su conferencia de prensa matutina y dijo que ya se estaba haciendo una investigación.
Al día siguiente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) apuntó la investigación hacia el fabricante de la heparina, Laboratorios PISA, una de las farmacéuticas que el actual gobierno ha acusado de prácticas monopólicas.
La empresa se apresuró a poner una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por falsificación de su producto, porque aclaró que desde 2018 no le vendía heparina sódica a Pemex y es un anticoagulante que se usa con mucha frecuencia y no pasa años almacenado. Una búsqueda en la herramienta QuiénEsQuién.Wiki, que reúne contrataciones que no aparecen en la base de datos pública de Compranet, confirma que no tenían contratos desde hacía años.
Pasaron todavía seis días para que la Cofepris emitiera una alerta sanitaria pidiendo a hospitales, farmacias y puntos de venta revisar si tenían existencias del lote C18E881 de INHEPAR 5000 UI/mL, (Heparina Sódica), frasco ámpula 5 mL con caducidad enero de 2021, para que en su caso la inmovilizaran e informaran. Esto a pesar de que desde el primer comunicado de Pemex, emitido el 28 de febrero, el hospital de Villahermosa ya había dado los datos del lote contaminado, después de haber hecho pruebas en sus instrumentos y material usado para la hemodiálisis y detectar que el problema eran bacterias en la heparina.
El 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera y cuando ya iban siete muertos, López Obrador volvió a ser cuestionado en su conferencia diaria sobre la situación en el Hospital de Pemex. Aprovechó para asegurar que los gobiernos pasados dejaron en pésimas condiciones la infraestructura hospitalaria de Pemex y lanzó la sospecha de que antes se morían muchas personas por adulteración de medicamentos, pero no se sabía. Envió el pésame a las familias de pacientes de hemodiálisis que murieron y aseguró que se les estaba dando todo el apoyo.
“Se está haciendo toda la investigación, ya se tienen algunos elementos y ya hay denuncia en la fiscalía, y también la instrucción es que no haya impunidad, que se aplique la ley y que se castigue a los responsables, y desde luego que se atienda a los familiares de las víctimas, en eso estamos”, dijo. Atención que en realidad no les estaba llegando.
Además, dijo que la siguiente semana iría el director de Pemex, Octavio Romero, para informar del tema. Pero eso no ocurrió. Romero fue a una mañanera hasta el 15 de abril, un mes después, para explicar las negociaciones con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), tema que para ese momento era el centro de la polémica, y no los muertos en el hospital de Villahermosa.
Además de las fotos en Twitter en las que apareció tomando de la mano a varios de los afectados por la heparina sódica contaminada, del 13 de marzo, el director de la paraestatal nunca informó del asunto. Hasta el pasado 6 de junio, que de gira por Veracruz junto al presidente, fue abordado por medios locales y se excusó en que por el debido proceso no podía dar detalles.
“Está en la Fiscalía ese tema. Desde el primer día que ocurrió, dimos parte a la Fiscalía, pusimos la denuncia y está corriendo la investigación. Nosotros no podemos ahí, por el debido proceso no podemos…”, contestó.
Las primeras denuncias se interpusieron ante la Fiscalía de Tabasco, pero días después remitió las carpetas de investigación a la FGR por ser un hospital de una institución federal, y solo continuó apoyando en la realización de necropsias, sin que los resultados fueran concluyentes, detalló a pregunta de Animal Político.
La FGR confirmó que tiene abierta una carpeta de investigación, pero no hay ninguna información sobre avances.
Pemex publicó en total 30 comunicados sobre el tema, entre el 29 de febrero y el 26 de marzo, en los que informó primero de la denuncia ante la Fiscalía estatal, luego de la supervisión de Cofepris, pero nunca mencionó algún tipo de investigación interna. Se le preguntó varias veces al área de comunicación social si había sanciones o averiguaciones por lo ocurrido, pero no hubo respuesta.
Tan solo la Secretaría de la Función Pública señaló que “la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, abrió desde el 2 de marzo pasado un expediente de investigación por medicamentos posiblemente contaminados en el Hospital Regional Villahermosa de Pemex. Se investigan probables conductas irregulares por el suministro de medicamentos”. Pero hasta la fecha, tampoco se ha informado de avances y ningún funcionario público, ni médico ni administrativo, fue suspendido por la muerte de ocho personas.