‘Es una simulación, no quieren investigar a la Marina’, denuncian por caso de 27 desapariciones en Nuevo Laredo
Jessica Molina no ha cambiado su relato ni un milímetro desde la noche del 27 de marzo de 2018. Desde entonces viene asegurando que elementos de la Marina irrumpieron en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se llevaron a su esposo, Daniel Trejo, y a un amigo de este, Gabriel Gaspar Vázquez. Los golpearon, los interrogaron y los capturaron, asegura la mujer. “Nadie me lo contó. Yo estaba ahí”, dice. No volvió a saber nada de su marido a pesar de remover cielo y tierra para encontrarle.
Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le da la razón y vincula a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en la desaparición de 27 personas, entre las que se encuentran Trejo y Vázquez. En su recomendación 36VG/2020, fechada a 13 de julio, la institución denuncia que los marinos negaron tener información sobre los desaparecidos y advierte sobre irregularidades en la investigación. Todo lo que Molina lleva diciendo desde aquella noche.
“Tengo sentimientos encontrados. La recomendación llega dos años y cuatro meses después de la desaparición de mi esposo. Aún no hay un solo caso judicializado a pesar de tanta evidencia”, dice, en entrevista con Animal Político.
Ni un solo oficial imputado. Ni un solo marino señalado. Nada. Y eso que, según Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, “hay al menos cuatro casos en los que hay evidencias suficientes” como para iniciar un proceso penal.
La recomendación da veracidad a lo que las familias llevan denunciando desde hace dos años: que entre febrero y mayo de 2018 uniformados de la Semar se llevaron de sus domicilios a al menos 27 personas. De ellos, 12 aparecieron muertos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.
Las 331 páginas del informe de la CNDH son una radiografía de la impunidad. Para Jessica Molina y para las familias de otras 26 personas son un primer reconocimiento oficial de que decían la verdad. Confían en que sirva para que las investigaciones se aceleren.
“La Marina y el Gobierno de Enrique Peña Nieto cuestionaron nuestra versión y dijeron que estábamos mintiendo, que quien los había desaparecido era crimen organizado. Con esto se demuestra que tenemos la razón”, dice Ramos.
Animal Político quiso conocer la versión de la Semar y de la FGR, pero al cierre de la nota no había obtenido respuesta. El día en el que se hizo pública la recomendación, la Marina dijo a través de un tuit que acataría el mandato de la CNDH.
Un video clave
Para Molina la pesadilla comenzó el 27 de marzo de 2018. Su relato, unido al de dos testigos y los videos de seguridad de una de las viviendas cercana, permite saber qué ocurrió aquella noche.
Pasaban algunos minutos de la medianoche cuando varios hombres irrumpieron en el domicilio. Vestían “uniformes de la Marina”, según el testimonio de Molina registrado en la recomendación de la CNDH y entraron “apuntándoles con armas largas”. No mostraron documentos ni orden de cateo y tampoco se identificaron. Se movían en camionetas tipo pick up sin ningún distintivo oficial.
Ahí en el mismo domicilio comenzaron los golpes contra Daniel Trejo, a quien le preguntaban por su alias y sobre “un tal Willy”. Molina siempre ha asegurado que escuchó en al menos dos ocasiones que los uniformados reconocían haberse confundido de domicilio.
“Estando dentro de su vivienda, los uniformados revisaron el celular de Trejo, y le dijeron ‘ya valiste’. Comenzaron a golpearlo y luego lo sacaron del domicilio, llevándoselo con rumbo desconocido, siendo el caso que desde entonces se ignora su paradero”, dice la recomendación de la CNDH.
Ahí en el domicilio se encontraba también Gabriel Gaspar Vázquez, amigo de Trejo y quien se encontraba buscando trabajo en la zona desde el 19 de marzo, cuando partió de Oaxaca. Aunque Molina no vio cómo se lo llevaban, desde aquel día no hay noticias sobre su paradero.
En los 20 minutos que permanecieron en el domicilio, los uniformados se llevaron varios teléfonos celulares y un disco duro en el que se almacenaban las grabaciones de la cámara de seguridad de la vivienda.
La CNDH es contundente en su versión de los hechos. “Es posible concluir con alto grado de probabilidad que entre las 23:57:50 horas del lunes 26 de marzo de 2018 y las 00:26:51 del martes 27 de marzo de 2018, un grupo de al menos 14 individuos uniformados (con uniforme táctico tipo militar) y armados, efectuaron un operativo en las inmediaciones de las calles Nayarit y Amado Nervo, en la colonia El Mirador, de Nuevo Laredo, donde se ubica el domicilio de Molina y Trejo, al cual ingresaron arbitrariamente y perpetraron un cateo ilegal”, dice la recomendación.
“Asimismo, de las imágenes del Video 1 es posible observar cómo algunos de estos uniformados condujeron a dos personas (que se presume se trata de Trejo y Vázquez), hacia unas camionetas que se encontraban estacionadas sobre la calle Nayarit y Amado Nervo, afuera del Domicilio, para posteriormente subirlos por la fuerza a dichas camionetas y retirarse del lugar, llevándoselos con rumbo desconocido”, continúa.
Aquel mismo día Jessica Molina presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y se abrió la carpeta de investigación número 9. Posteriormente, el 1 de junio, el caso pasó a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, donde se inició la carpeta de investigación número 10. Desde entonces Molina no tiene noticias de que nadie haya sido ligado a proceso ni tan siquiera interrogado. Y, lo más importante, no hay pistas sobre dónde se encuentra su esposo, al que personal uniformado se llevó de su casa aquella madrugada.
Investigación “deficiente”
Las familias de los desaparecidos llevan mucho tiempo quejándose por la obstrucción a las investigaciones realizadas por la Semar. Desde un inicio, la institución negó tener registros de los desaparecidos o que sus hombres hubiesen participado en el operativo.
En el oficio 2509/2018 del 30 de mayo de 2018, la Semar niega tener registro sobre Trejo o Vázquez.
En junio de ese año inició una investigación administrativa de la que no se han hecho públicos los resultados.
En octubre, la Semar insiste: “no se tiene registro de que personal haya participado en la detención de los quejosos, o en los hechos (…) no se cuenta con registro de los señores Trejo y Vázquez”.
Una de las principales quejas de las familias de los desaparecidos es la lentitud con la que se desarrollan las investigaciones. Y la CNDH también les da la razón en este extremo, ya que observa “deficiencias” en el trabajo del MP. “Se limitaron a recabar la comparecencia de los denunciantes y a girar requerimientos de trámite a diversas autoridades solicitando información sobre el paradero de las víctimas, pero no fueron suficientes ni eficientes en la búsqueda de las personas desaparecidas ni en la investigación de la probable participación de personal de la Semar”, dice el informe.
Básicamente, lo que la fiscalía hizo fue girar órdenes de búsqueda, pero sin enviar agentes a buscar a las bases operativas a pesar de que las denuncias señalaban directamente a los marinos como participantes
Esta falta de diligencia en la investigación ha sido reiteradamente denunciada por las familias afectadas.
“Esto es una simulación, no hacen nada. No le quieren entrar a investigar a la Marina. Los reportes son búsquedas de escritorio”, denuncia Molina, que se queja de haber sufrido el trato agresivo de algunos fiscales.
Está previsto que esta semana se celebren reuniones con cada una de las familias para explicar los avances en las investigaciones. Porque el tiempo pasa y no hay rastro de Trejo, Vázquez ni del resto de desaparecidos.
Como no han sido señalados judicialmente, los uniformados que participaron en estos operativos siguen trabajando.
“La FGR actúa muy parecido al caso Ayotzinapa. Hace una investigación parcial e intenta proteger a las fuerzas armadas”, denunció Raymundo Ramos, el abogado que acompaña a las familias. “La marina los tiene identificados, la FGR también, pero no actúan”, se queja.
En el caso de Trejo y Vázquez, la CNDH constata la participación de al menos cuatro marinos a los que tiene identificados. Uno, que aparece en el informe como AR2, es un mando, mientras que los otros tres, AR7, AR8 y AR9, serían parte del operativo.
La recomendación de la CNDH podría ser un primer paso para que el caso se judicialice ya que la institución denunciará a 20 integrantes de la Marina por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. Mientras tanto, las víctimas deberán ser indemnizadas y las autoridades tendrán que realizar una disculpa pública.
En su recomendación, la CNDH puso tareas a la Semar y a la Fiscalía General de la República. A los primeros les pide indemnizar a las víctimas y colaborar con las pesquisas tanto de los órganos de control internos como del Ministerio Público. A los segundos, que continúen con las averiguaciones para encontrar a los desaparecidos y castigar a los responsables.
