Muertes en cárceles se triplicaron en mayo, en medio de emergencia por COVID
Las muertes en los centros penitenciarios del país se dispararon en mayo. Más de 150 reos fallecieron en dicho mes, tres veces mas que en abril, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Esto sucede mientras la cifra de personas en prisión sigue en ascenso, pese a la promulgación de la Ley de Amnistía y a la promesa de los gobiernos de agilizar las preliberaciones de internos con la finalidad de disminuir los riesgos de contagio.
Datos oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) arrojan que la cifra de internos fallecidos en mayo fue de 154 en total. Se trata de un incremento del 214% en comparación con los 49 internos que habían fallecido en abril.
Poco más de la tercera parte de los internos fallecidos en mayo (56) ocurrieron en penales de Ciudad de México, mientras que 26 se registraron en Baja California, y 11 en Guerrero. Se trata justo de los mismos estados que lideraron las listas de contagios y letalidad de COVID-19 en mayo.
Además siete de los decesos se registraron en centros pemnitenciarios federales, cuatro de ellos en el CEFERESO 2 Occidente ubicado en Jalisco.
El incremento de decesos en los penales del país se ha mantenido y agravado por tres meses consecutivos. Mientras que en febrero la cifra había sido de 25 internos muertos, para marzo subió a 38, en abril llegaron hasta 49, y en mayo se triplicaron hasta escalar a los referidos 154.
Si se toma en cuenta todo el periodo, la cifra de fallecidos se ha disparado más de 500%. En los tres últimos meses (marzo, abril y mayo) suman 241 los fallecidos en las cárceles. Este lapso coincide con la propagación de la pandemia del coronavirus en México, luego de que a finales de febrero se detectara el primer caso.
Por otra parte, un monitoreo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizado a partir de la información que reportan los penales estatales arroja hasta el 30 de junio 103 fallecimientos confirmados por COVID-19. La cifra evidencia una aceleración en la letalidad causada por el virus, luego de que tan solo dos semanas antes el número de fallecidos era de 68.
Especialistas consultados por Animal Político para esta nota ya advertían la cifra de decesos por COVID-19 reportada por CNDH podría ser mayor ya que hay penales que no están aportando completa la información, y donde existen serias dudas de la estrategia sanitaria pare prevenir la propagación del virus.
Población crece pese a promesas
Ante el alto riesgo de propagación del coronavirus en lugares cerrados como las cárceles, el Congreso de la Unión y los gobiernos federal y estatales anunciaron en los últimos meses diversas medidas, desde la promulgación con carácter de urgente de la Ley de Amnistía hasta la agilización de trámites de preliberación de internos. Todo ello para reducir la cifra de personas presas.
Pero lo que los datos oficiales muestran es que, por el contrario, la cantidad de personas en reclusión ha ido progresivamente en ascenso.
De acuerdo con la estadística penitenciaria, en mayo había 209 mil 53 personas en reclusión. Se trata prácticamente de siete mil internos más en comparación con los que había al arranque del año. El incremento ha sido constante mes con mes en 2020.
En enero la cifra de cárceles en el país con problemas de sobrepoblación (con más internos que espacios disponibles) era de 110. En tanto, para mayo los penales con hacinamiento ya suman 118.
En abril el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía bajo el argumento de que contribuiría a acelerar la salida de personas de prisión, y con ello disminuir el impacto de contagio.
Pero hasta ahora ni un solo interno ha sido beneficiado con dicha amnistía. Ello ya que problemas burocráticos y de presupuesto retardaron la puesta en marcha de la comisión que debe recibir las solicitudes y analizar los casos. Dicha comisión ya fue creada la semana pasada pero aun así la recepción y análisis de los casos puede tomar hasta 4 meses.
Otro obstáculo es que la Ley de Amnistía solo es de alcance federal y en el mejor escenario podría beneficiar hasta un 7% de todos los reos en reclusión. Para que sus efectos tengan mayor impacto necesita ser copiada y aprobada en todos los estados, pero hasta ahora solo Hidalgo ha culminado ese proceso.
Una ruta distinta consiste en agilizar las preliberaciones a la que tienen derecho los internos que han cumplido ciertos requisitos que la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones contempla, como el haber cumplido más de la mitad de la pena, y haber reparado el daño causado. Diversas entidades anunciaron estrategias para ello.
Sin embargo, estimaciones de diversas organizaciones civiles apuntan que, en el mejor de los casos, la cifra de internos preliberados sería de tres mil, cantidad insuficiente frente a la proporción de personas que ingresan a las cárceles diariamente.
El proceso tampoco ha resultado tan sencillo. Por ejemplo, en Ciudad de México el gobierno prometió que hasta 800 reos podrían ser preliberados, pero a principios de junio la cifra era de apenas unos 200. Ello ya que la ley exige que los jueces analicen cuidadosamente cada caso.
“La ley de ejecución no está hecha para enfrentar una pandemia sino para garantizar los derechos de las personas y hay un sinfín de requisitos que se tienen que cumplir, los jueces tienen que medir esos requisitos, si todas esas disposiciones se cumplen, si hay reparación del daño. Y si no es el caso no se puede conceder esa preliberación”, declaró para este medio Maïssa Hubert, subdirectora de la organización civil Equis Justicia.
Otro factor que ha obstaculizado la despresurización de las cárceles, de acuerdo con los expertos, fue la aprobación de la reforma constitucional del año pasado que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática, lo que ha facilitado el ingreso de un mayor número de personas a prisión.
