El traslado y presentación ante un juez federal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para imputarle oficialmente los delitos por los cuales fue detenido y extraditado desde España, continúa sin poder llevarse a cabo y no hay una fecha programada para que dicha audiencia se realice.
A una semana de haber llegado a México, el exdirector de Petróleos Mexicanos continúa hospitalizado y en calidad de detenido en un hospital privado del sur de la Ciudad de México por un tratamiento relacionado con una anemia, un malestar en el esófago y una hernia por la cual se le practicó una pequeña cirugía.
Fuentes del Poder Judicial Federal confirmaron a Animal Político que los dos jueces que ordenaron la captura de Lozoya, ambos radicados en el Reclusorio Norte, no han recibido comunicación de la Fiscalía sobre un alta médica del funcionario y, mientras ello no ocurra, no puede programarse una fecha para la audiencia inicial.
“El detenido se encuentra bajo custodia de la FGR. La responsabilidad de su resguardo es suya completamente y estamos a la espera de la comunicación de salud para agendar la cita” indicó un funcionario judicial a este medio.
Por su parte, la Fiscalía General no ha reportado públicamente alguna modificación en cuanto al estado de salud de Lozoya o alguna alta médica. Tampoco se ha informado de cambios respecto a la situación jurídica del exdirector de Pemex, quien formalmente sigue en calidad de detenido.
Si Lozoya es dado de alto y su calidad de detenido no cambia, la FGR está obligada por ley a notificarlo a los jueces que ordenaron su arresto y a trasladarlo de forma inmediata para que quede a su disposición y se defina si es vinculado o no a un proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que se le imputaron.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Lozoya recibió presuntos sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos a cambio de favorecerlos con contratos. Por dichas indagatorias se giraron dos órdenes de aprehensión en su contra.
No obstante, Lozoya a través de sus abogados inició desde antes de ser extraditado de España una negociación con la finalidad de revelar otros hechos de corrupción de mayor gravedad de los que se le imputan y con implicados de mayor rango, a cambio de que su proceso sea anulado que se le imponga una pena reducida.
Ha trascendido que el exdirector de Pemex podría aportar como parte de la evidencia que está obligado a presentar supuestas grabaciones que confirmarían los sobornos.
Además, el periódico Reforma publicó una supuesta carta en la que el exdirector de Pemex presuntamente sostiene que Odebrecht habría pagado sobornos para la campaña electoral del expresidente Peña Nieto, y para la aprobación de la reforma energética.
Cabe señalar que de acuerdo a determinaciones del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) el expediente del caso Odebrecht debe desclasificarse por ser de interés público e incluso jueces federales desestimaron ya los amparos promovidos pro FGR par ano hacerlo, pero hasta el momento eso no ha ocurrido.