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Junta Federal de Conciliación reabre con largas filas y sin sana distancia
Junta Federal de Conciliación reabre con largas filas y sin sana distancia
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Junta Federal de Conciliación reabre con largas filas y sin sana distancia
17 de julio, 2020
Por: Zedryk Raziel
@amormundi_ 

Tras casi cuatro meses cerrada al público por la pandemia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) reabrió ayer con largas filas, esperas bajo el sol y aglomeraciones sin sana distancia entre ciudadanos y abogados laborales que acudieron a presentar demandas por abusos de patrones, o a dar seguimiento de controversias que se habían detenido debido a la emergencia sanitaria.

Para los abogados laborales, un trámite que antes se despachaba en 15 minutos ahora tomará de dos a tres horas, pues se implementó un filtro sanitario en la entrada -donde se verifica la temperatura y se proporciona alcohol en gel- y el ingreso se limitó por persona para evitar aglomeraciones al interior del inmueble, donde hay 16 Juntas Especiales.

Pese a los cuidados en el ingreso por parte de funcionarios de la Secretaría del Trabajo federal, sí hubo conglomeración de personas afuera de la JFCA, que se localiza en la alcaldía Azcapotzalco, en el norte de la CDMX, cerca de la frontera con el Estado de México.

Para procurar que no hubiera una visita masiva de usuarios en su primer día de reapertura, la JFCA habilitó un esquema de citas por internet para consultas de expedientes y audiencias conciliatorias, pero algunas personas no se enteraron de esta nueva herramienta y otras no pudieron hacer el trámite por supuestos problemas del sistema de registro.

Entérate: En 28 minutos y por internet: Así fue el primer divorcio a distancia celebrado en CDMX

“Queríamos sacar cita para ver los expedientes, pero la página te rechaza cuando quieres entrar aunque pongas los datos que se piden. Es uno de los problemas. Antes no había citas, eso lo están haciendo ahora para que podamos entrar a la Junta, pero definitivamente no está funcionando”, señala el abogado Manuel López.

“Ya tenemos un rato aquí, más de media hora”, prosigue, “imagínate cuando nos toque entrar, van a ser unas dos o tres horas; antes la fila era más corta, era más rápido y había más gente recibiendo las demandas y los escritos”.

Maru, una joven cuyo padre falleció a principios de junio por COVID-19, también tuvo complicaciones para acceder al sistema de citas.

Entre el gentío que se dispersaba afuera de la JFCA, entre boleadores de zapatos y vendedores informales de comida, dulces y aguas, la joven acudió con su madre, ahora viuda, a pedir informes para que la empresa de transporte de pasajeros donde trabajaba su padre reconozca a la familia como beneficiaria legítima del seguro de vida del trabajador fallecido y de otras prestaciones post-mortem.

Maru cuenta que, en el mes que ha transcurrido desde la muerte de su padre, no pudieron avanzar en el trámite debido al cierre de la Junta, un problema adicional que se sumó al drama de trámites funerarios por la pérdida de su familiar.

“Necesitamos una hoja de designación de beneficiarios para poder avanzar en lo de mi papá. Hasta un mes después de su muerte estamos intentando, porque ya hay movimiento. Vinimos en días pasados y estaba cerrado. El trámite ha sido muy tardado, y por internet y teléfono es muy difícil, porque hay dudas que no te resuelven, te dicen que tiene que ser con cita, y para sacar cita ha sido también complicado, porque nos piden datos personales del occiso que no conocemos, como su correo electrónico”, explica.

Cuando las Juntas Federal y Locales cerraron por la pandemia, arrastraban alrededor de un millón de casos de abusos laborales no resueltos, más la cantidad de nuevas denuncias que lleguen por despidos injustificados ocurridos a lo largo de la pandemia.

El trabajador Juan Paredes ve con pesimismo que su caso en la JFCA, que data de 2017, se resuelva pronto, frente el tamaño del rezago histórico de la autoridad y la instauración de medidas de higiene que ralentizan aún más la aplicación de la justicia laboral.

“Estamos desde 2017 en ese litigio, la empresa había dado largas a través de sus abogados, pero, después de más de dos años, ya estábamos por presentar lo que pedía la Junta y llegar a las conclusiones; pero se atraviesa la pandemia, cierra la Junta y se nos suman otros cuatro meses (de inactividad), entonces se nos ha atrasado mucho nuestra demanda”, comenta.

Para el señor Juan, quien laboraba para una empresa internacional de fabricación de llantas, el cierre de las Juntas de Conciliación durante la emergencia sanitaria dejó desprotegidos a los trabajadores víctimas de injusticias.

“La JFCA no debió haber cerrado las puertas; no entiendo por qué la autoridad no le dio prioridad, si somos el motor de país, la parte productiva; si no se arreglan los conflictos, esto se va a atorar todavía mucho más. Creo que va aumentar el tiempo de solución y eso, obviamente, nos va a perjudicar; si de por sí era incierto, con esto se vuelve más, y no sabemos en qué va a terminar”, sostiene.

El abogado José Luis Martínez afirma que el gobierno federal debió considerar la justicia laboral como una actividad esencial que no debió parar en la pandemia, y acusa que la autoridad incurrió en una denegación de garantías constitucionales de los trabajadores.

“¿Esto no es un servicio prioritario? Es obligatorio, es más que esencial: es una garantía constitucional, es más de lo que es un servicio esencial; a los trabajadores los dejaron en una situación de indefensión”, critica.

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Imagen BBC