Jorge fue diagnosticado con esquizofrenia tras ser encarcelado; la justicia no reconoce su discapacidad
El papá de Jorge llevaba más de medio año notando conductas que le parecían raras en su hijo. Fumaba mariguana, decía que ahora tenía una nueva religión, que él era Jehová, o que ya no quería comer carne. Pero el punto de quiebre fue cuando lo detuvieron, el 17 de mayo de 2019, acusado de matar al hijo de un diputado federal.
No por el posible delito, del que su familia asegura que es inocente, sino porque tras la detención, violenta y con irregularidades, se dieron cuenta de que Jorge estaba completamente fuera de sí, y al llevar a psiquiatras a que lo revisaran, la conclusión fue que Jorge padece esquizofrenia.
Su padre, Cutberto Burelo, denuncia en entrevista que Jorge, de 25 años, lleva más de un año encarcelado en el penal de Barrientos de Tlalnepantla, Estado de México, sin que las autoridades judiciales quieran reconocer su condición de discapacidad psicosocial y le permitan una atención médica adecuada, además de un juicio justo y adaptado a sus necesidades.
Aunque el Poder Judicial local asegura que todo ha sido legal y que no está validado oficialmente que Jorge sea esquizofrénico.
Este tipo de quejas se repite constantemente en casos de personas con discapacidad que son acusadas de algún delito, al grado que el Estado mexicano tiene ya una recomendación internacional sobre el tema.
En septiembre pasado, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU consideró que en el país se han violado los derechos humanos de esta población cuando es encarcelada y recomendó ajustes legales, de capacitación y de procedimiento, que no se han aplicado 10 meses después.
Una detención que pareció secuestro
Las cámaras de seguridad muestran el momento en que empezó la pesadilla para Jorge. Toca el timbre de la empresa familiar y mientras espera, dos hombres con ropa casual llegan y lo agarran. Otro de playera naranja se baja de una camioneta a apoyarlos. Llegan corriendo otros tres y dos camionetas más. Él grita “ayuda, ayuda” aferrado a un poste, mientras los hombres lo jalonean sin decirle que son policías, leerle sus derechos o presentarle la orden de aprehensión. Lo suben a la una de las camionetas y se van los tres vehículos con más de diez hombres.
Parecía un secuestro, pero resultó que era una detención. Ocurrió el 17 de mayo de 2019 a las 11:32 de la mañana en la colonia Estrella de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, ocho días después del ataque con arma blanca que sufrió Abraham Murguía, hijo del diputado Ulises Murguía, en el centro comercial Mundo E, y que un mes después le quitó la vida.
La familia de Jorge primero no supo qué había pasado y al revisar el video de seguridad pensó lo peor. Horas después supieron que estaba detenido.
A su padre le aseguraron en el Ministerio Público que lo habían interceptado porque traía bolsas de mariguana en las manos, pero que ya lo iban a liberar. Él contestó que el video no mostraba eso, y cuando fue a recogerlo, le comunicaron que había sido detenido nuevamente, esta vez con una orden de aprehensión emitida a las 5:20 de la tarde, por el delito de homicidio.
Al poco tiempo, en la cuenta personal de Twitter de un reportero y en un noticiario nocturno, Jorge fue presentado como el asesino de Murguía, con su rostro y su nombre completos, sin proteger su identidad, lo cual es una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Además se informó que Jorge había confesado, pero según su padre, las autoridades nunca han presentado el supuesto video con la confesión, por lo que acusa que es mentira y una manipulación. También dice que le practicaron dos veces el protocolo de Estambul, para detectar tortura en detenidos, y en ambas salió positivo.
Animal Político consultó a la Fiscalía y al Poder Judicial del Estado de México sobre estas irregularidades, pero ambos contestaron que la detención fue legal y ya ha sido validada.
Dictámenes privados vs. oficiales
Cutberto recuerda que cuando por fin pudo ver a su hijo, estaba muy mal. Hasta entonces, Jorge no había querido que lo revisara ningún médico por los cambios de conducta que presentaba, pero ahora su padre llamó a la psiquiatra de su hermana, diagnosticada con esquizofrenia, para que lo viera.
Ella y otro profesional acudieron al penal y tras entrevistas de más de cuatro horas, coincidieron en que estaba en un estado psicótico y que todo apuntaba a que también tiene esquizofrenia. Así que se pidió otra valoración a un tercer psiquiatra, que también llegó a esa conclusión y señaló que pudo empezar a desarrollarla durante la adolescencia.
Pero al solicitar valoraciones de peritos oficiales, la conclusión fue parecida pero muy diferente en el fondo: dijeron que Jorge tenía “trastorno esquizofreniforme”, que es una esquizofrenia pero temporal, por máximo seis meses, que asociaron al abuso de sustancias. El punto clave es que aunque reconocieron esa condición, apuntaron que no era discapacitante y que Jorge era perfectamente consciente de sus actos.
La familia pidió una figura legal llamada “ajustes razonables” para que se diera atención médica mientras se determinaba la condición de Jorge, pero les fueron negados.
También han tenido dos “audiencias de inimputabilidad”, que es una condición legal que considera que la persona no logra entender completamente el proceso que se le está llevando, por lo que se nombra un tutor o se toman medidas adicionales para hacerle accesible el juicio, es decir, como si fuera una persona sorda y se le tuviera que designar un traductor en lengua de señas.
Pero en ambas audiencias se negó declararlo inimputable. Según Cutberto, su hijo tenía un comportamiento errático en el penal del que todos se dieron cuenta y hasta lo mandaron a valoración médica, e incluso en una de las audiencias, la jueza le apagó el micrófono porque era notorio que Jorge decía incoherencias y no tenía control de sí mismo.
Por ello recurrieron a un amparo, que tiene suspendido el procedimiento hasta que una autoridad federal decida, según confirmó el Poder Judicial del Estado de México, que insiste en que Jorge no tiene ninguna discapacidad y ha sido consciente de sus actos todo el tiempo.
A quien sí agradece Cutberto es a las autoridades del penal de Barrientos, que permitieron la entrada de los psiquiatras particulares para que Jorge empezara a recibir tratamiento. Y aunque su última cita fue en diciembre, cuando debería estar en monitoreo permanente, gracias a los antipsicóticos ya volvió a la normalidad y ahora sí tiene conciencia de lo que está pasando a su alrededor, y desde ahí defiende su inocencia.
La organización civil Documenta, que llevó el caso de Arturo Medina, por el que el año pasado hubo una recomendación de la ONU, tuvo conocimiento de la situación de Jorge y lo considera una muestra más de que el Estado sigue violando los derechos de las personas con discapacidad encarceladas.
“Lo que vemos es que tristemente el caso de Arturo parece todavía no haber logrado nada, que la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto al Estado mexicano y las obligaciones internacionales contraídas por la ratificación de la Convención siguen sin atenderse y que el caso de Arturo es un caso que se sigue dando todos los días, donde se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, particularmente intelectual y psicosocial”, lamentó la coordinadora del programa discapacidad y justicia de Documenta, Diana S. Lerner.
