Cárceles enfrentan el COVID con sobrepoblación, sin doctores ni insumos médicos: CNDH
Las mayoría de las cárceles en México no cuentan con la capacidad suficiente en cuanto a insumos, equipo médico e infraestructura para enfrentar la pandemia por COVID-19, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo realizó un análisis sobre la forma en que los Centros Penitenciarios del país aplican las medidas de la emergencia sanitaria para prevenir y evitar contagios de COVID.
Según datos de la CNDH, hasta el 1 de julio, en las cárceles del país suman 660 casos confirmados acumulados de COVID, así como 104 fallecimientos.
El hacinamiento es uno de los factores que ha propiciado la propagación del virus en las cárceles mexicanas, ya que de los 296 centros penitenciarios que existen, 115 registran sobrepoblación.
“Una constante detectada en la mayoría de los centros penitenciarios del país, fue que no era posible acatar la medida de “sana distancia” derivado de la sobrepoblación y hacinamiento en algunos espacios”, señala el estudio.
Ante este contexto, la CNDH señala que la pandemia por COVID “alcanzó y rebasó” las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios al interior de las cárceles.
Además de la sobrepoblación, en la mayoría de los casos, la CNDH detectó falta de medicamentos y equipo médico; instalaciones deficientes e insalubres; fallas en el acceso de agua potable y saneamiento, así como la invisibilización de los grupos en situación de vulnerabilidad al interior de las prisiones, como las personas con discapacidad o enfermedades crónicas.
Al momento de realizar las supervisiones, el personal de la CNDH observó que en la mayoría de los centros visitados “no se estaban aplicando pruebas para detección de COVID-19”.
Asimismo, “se identificaron infraestructuras médicas básicas no equipadas de
acuerdo con los requerimientos y necesidades de urgencia” para la atención
de casos COVID, e insuficiencia de ambulancias.
Uno de los casos más preocupantes se reportó en el Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla, ya que ni siquiera se realizaban acciones para verificar el cumplimiento de las medidas generales de limpieza e higiene entre las personas privadas de la libertad.
Mientras que el personal médico dijo que no cuentan con los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia, y tampoco tienen conocimiento de los protocolos establecidos por dicho centro.
En el comedor, el personal de la CNDH identificó aglomeraciones y reportó que no se respeta la medida de “sana distancia”.
También se detectó desorganización en el resguardo y cuidado de los casos positivos de COVID, por un lado los pacientes no contaban con insumos de protección, mientras que las personas que esperaban para visitarlos estaban hacinadas o teniendo contacto con otras personas que les llevaban insumos y productos.
Estas deficiencias se reflejan en la situación actual de Puebla, que ocupa el primer lugar por número de casos COVID en sus cárceles con 195 casos confirmados y 24 muertes.
Le sigue Jalisco, con 101 casos confirmados y 5 defunciones; Ciudad de México, con 75 casos confirmados y 5 muertes, y Chihuahua con 58 positivos y 4 muertes.
Reporte del monitoreo nacional por #COVIDー19 en centros penitenciarios, al 01 de julio de 2020: pic.twitter.com/y5c0itGo6x
— CNDH en México (@CNDH) July 1, 2020
En su informe, la CNDH expresa que si bien la crisis sanitaria permitió identificar las carencias de los centros de reclusión, el no atenderlas significaría una violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad; y además el virus se propagaría de una forma exponencial.
Algunos lo han hecho bien
Desde marzo pasado, la CNDH emitió diversas medidas cautelares para prevenir contagios y aunque no en todas los centros se han aplicado, existen algunas excepciones.
En el documento, el organismo ofrece un detallado informe por estado sobre las medidas que se aplican en los centros de reclusión.
El organismo destacó los casos de Sonora y Ciudad de México, donde llevan a cabo acciones para contener no sólo la propagación del coronavirus, sino la ansiedad que pudiera padecer la población privada de la libertad.
Además, la mayoría de los centros penitenciarios de estos estados cuentan contaban con Protocolos de Actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 y filtros para la detección de síntomas.
Otro buen ejemplo se observó en el Centro de Reinserción Social Femenil de
Atlacholoaya, Morelos, ya que realizan sus actividades de áreas comunes y talleres de manera escalonada y por horarios para evitar aglomeraciones.
En este sentido, los estados con menos casos confirmados son Morelos (1 caso), Durango (1 caso) y San Luis Potosí (2 casos).
La CNDH continuará con las supervisiones periódicas en los centros de reclusión de todo el país con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad.
