Gobierno extingue el fondo de ayuda para Centroamérica; SRE dice que reactivarán programas
El fideicomiso Fondo México, encargado de gestionar las ayudas de 30 millones de pesos a Centroamérica para implementar programas sociales, será extinguido sin que Honduras y El Salvador hayan recibido un peso.
El dinero se encuentra en el Banco del Bienestar, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que asegura que los planes, suspendidos a causa de la COVID-19, no corren peligro. Por el momento el apoyo se limita a una promesa incumplida. El canciller Marcelo Ebrard aseguró en agosto de 2019 que para marzo de este año “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” estarían operando en los dos países centroamericanos. Estaba previsto que en ese momento se realizara una primera evaluación. Llegó la pandemia, se paralizó todo el proceso, pero ni siquiera se había definido un método para medir los resultados.
El Fondo México es como se conoce en este sexenio al Fondo Yucatán, un plan de inversiones para Centroamérica y el Caribe que data de 2011, cuando lo puso en marcha el entonces presidente Felipe Calderón. De ahí proceden los 30 millones que México prometió a Honduras y El Salvador para poner en marcha programas sociales con los que tratar de frenar la migración irregular a Estados Unidos. El fondo, según confirmó la SRE, desaparecerá por el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, publicado el 2 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Dicha extinción no implica la cancelación del compromiso adquirido por México para la ejecución de los programas referidos en Honduras y El Salvador, pues de conformidad con las reglas de operación, el convenio de canalización y los respectivos contratos de donación del Fideicomiso los recursos se encuentran concentrados en el Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., como intermediario financiero, y los mismos se dispersarán en cuanto existan las condiciones óptimas, de conformidad con la naturaleza y lineamientos que cada programa establece para ello”, dijo la SRE.
La orden de extinción del Fondo México dicta que sus recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, según una orden firmada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, a la que tuvo acceso Animal Político.
Los trabajos para implementar “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida” en Honduras y El Salvador están paralizados desde marzo a causa de la pandemia por COVID-19. No obstante, tampoco se han cumplido con los plazos estipulados hace un año, cuando López Obrador firmó los acuerdos con sus homólogos Nayib Bukele y Juan Orlando Hernández. El canciller, Marcelo Ebrard, aseguró entonces que para marzo se habría desplegado los programas sociales en ambos países centroamericanos y que estaba previsto crear 20 mil empleos en cada uno de ellos.
En el momento de su suspensión apenas se había alcanzado una sexta parte de las inscripciones anunciadas. La Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo (Amexcid), encargada de la gestión de los programas, reconoció en que hay 8 mil personas en el proceso, sin especificar cuántos corresponden a cada país. Se trata de la misma cifra que su titular, Laura Elena Carrillo Cuevas, dijo en marzo que se habían inscrito en El Salvador. En todo caso, es un número muy alejado de los 40 mil registros que el canciller Ebrard vaticinó en agosto, cuando presentó públicamente la iniciativa en la conferencia mañanera.
Según Ebrard, en marzo estaba previsto que los programas estuviesen funcionando y se realizara una primera evaluación conjunta con los gobiernos de El Salvador y Honduras. Sin embargo, Amexcid reconoce que todavía no se han elaborado los mecanismos que permitan testar el trabajo institucional. “Se están realizando las consultas con diversos organismos evaluadores para establecer los mecanismos necesarios que permitan llevar a cabo las evaluaciones a las iniciativas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro aplicadas fuera del territorio nacional”, dijo la agencia en una respuesta a una solicitud de información pública.
Desde que se anunciaron los programas, la directora de Amexcid, Laura Elena Carrillo Cubillas, se ha desplazado en diez ocasiones a Honduras, El Salvador y Guatemala. Estos viajes oficiales quedaron registrados en los informes de comisiones oficiales a los que accedió Animal Político tras solicitud de acceso a la información.
Los primeros encuentros tuvieron lugar entre el 7 y 11 de julio en Tegucigalpa, Honduras, y San Salvador, El Salvador. En aquellas primeras tomas de contacto los funcionarios mexicanos explicaron el funcionamiento del programa. En El Salvador comenzó el trabajo conjunto del equipo técnico mientras que, en Honduras, además, trabajaron en la visita que Juan Orlando Hernández realizó a México a finales de mes.
Entre el 16 y el 20 de julio, una delegación mexicana encabezada por Marcelo Ebrard regresó a San Salvador. Allí se realizó un evento en el que se convocó a los “primeros 200 salvadoreños” participantes en “Sembrando Vida” y se entregaron paquetes de insumos agrícolas. El informe no especifica de dónde salieron los fondos para pagar estos insumos ni cuánto se desembolsó, pero no forman parte del paquete de ayudas de 30 mdd, ya que este permanece todavía intacto en el Banco del Bienestar.
Para dar inicio al programa, el canciller Ebrard participó en una siembra de árboles junto al presidente Nayib Bukele. En aquel momento existía una gran sintonía entre ambos ejecutivos. Sin embargo, la relación se ha deteriorado hasta el punto de lanzarse graves reproches mutuos después de que Bukele acusase sin pruebas al gobierno mexicano de no controlar los vuelos hacia su país y permitir que subiesen pasajeros infectados de COVID-19.
Los registros de los viajes muestran los diferentes ritmos a los que se trabajó en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica. En El Salvador, para el 1 de octubre ya se había firmado el contrato para las donaciones, mientras que en Honduras no se realizaron las primeras inscripciones hasta mediados de febrero, cuando tuvo lugar un acto en Comayagua, un municipio ubicado a casi 100 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital. En Guatemala el proceso va todavía más lento. En agosto, Alejandro Giammattei se impuso en la segunda vuelta de las elecciones y fue hasta diciembre que algunos de los funcionarios que iban a ocupar puestos relevantes en su gabinete, como el canciller Pedro Brolo, se reunieron con una delegación mexicana.
Poco después llegó la pandemia y los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala cerraron sus fronteras. Además, los dos primeros solicitaron a México suspender temporalmente los trabajos de implementación de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. La SRE dijo en otra respuesta que “sólo recientemente se encuentran en proceso de reactivación”, sin dar más detalles.
Los fondos al desarrollo pactados con los países centroamericanos tienen su origen en diversas iniciativas. La SRE asegura que la idea comenzó con la Declaración Política suscrita el 1 de diciembre de 2018 en la Ciudad de México entre representantes de Honduras, Guatemala y El Salvador con el presidente López Obrador, que aquel día se estrenó en el cargo. Por aquel entonces, miles de centroamericanos que habían atravesado el país en caravana permanecían varados en Tijuana a la espera de una oportunidad para cruzar a Estados Unidos. De ahí surgió el Plan Integral de Desarrollo para El Salvador, Guatemala, Honduras y México que fue presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 20 de mayo de 2019.
El 7 de junio, Marcelo Ebrard firma en Washington un acuerdo con el gobierno de Donald Trump por el que se compromete a impedir el tránsito de migrantes procedentes de Centroamérica a cambio de que Estados Unidos no imponga aranceles a las exportaciones. A raíz de este pacto, México militarizará las fronteras (6 mil miembros de la Guardia Nacional fueron enviados al sur). Además, permitirá que los solicitantes de Asilo en Estados Unidos sean devueltos a su territorio para esperar allí su proceso legal. Desde entonces, más de 60 mil personas que huyen de la violencia fueron devueltas a ciudades con altas tasas de homicidios como Tijuana, Baja California; Juárez, Chihuahua; o Matamoros, Tamaulipas.
Dos semanas después se firman los acuerdos con Honduras y El Salvador por los que México se compromete a entregar 30 mdp a cada país para implementar “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
“Posteriormente, se celebraron diversos contratos de donación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., I.B.D. (BANCOMEXT) en su carácter de Fiduciario del Fondo México; la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), como unidad responsable del Fideicomiso; el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. como intermediario financiero; así como el respectivo representante de cada país como donatario”, dijo la SRE.
“Para el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es imperante terminar con la corrupción y con intermediarios que sólo buscan beneficio propio de la aplicación de programas sociales. En este sentido, el mecanismo implementado a través de la ejecución del Fondo México, pretende que sean los beneficiarios de “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, quienes reciban los recursos de manera directa”, explicó.
El Fondo México será extinguido según el decreto del 2 de abril. Sin embargo, el dinero, se encuentra en el Banco del Bienestar y, según la SRE, estará disponible cuando los programas se reactiven.
En 2019, primer año con López Obrador en el gobierno, fueron detenidos 186 mil 750 extranjeros, de los que 157 mil 691 eran centroamericanos. De ellos, 120 mil 549 fueron deportados a sus países, la mayoría a Honduras, El Salvador y Guatemala.
La tendencia al inicio de 2020 iba al alza, con 11 mil 996 centroamericanos detenidos solo en enero, de los que 8 mil 239 fueron devueltos. Sin embargo, la irrupción de la pandemia también ha supuesto un freno casi absoluto en el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. En mayo, apenas fueron detenidos 1 mil 864 centroamericanos, de los que fueron devueltos 1 mil 098.
