Qué sigue para el exgobernador César Duarte una vez que sea extraditado a México
Poco más de tres años después de que fuera declarado oficialmente como prófugo de la justicia mexicana, el exgobernador de Chihuahua César Duarte fue detenido este 8 de julio por agentes del Servicio de Alguaciles Federales en la ciudad de Miami, en el estado de Florida.
A Duarte lo detuvieron luego de que un magistrado federal estadounidense de Nuevo México giró una orden de detención con fines de extradición que, a su vez, procede de otra orden de aprehensión liberada en México en octubre del año pasado por una jueza de Chihuahua.
La captura se produjo porque a César Duarte se le acusa en México por su presunta participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Ahora bien, una vez detenido, ¿qué sigue en el caso?
La Fiscalía General apuntó que se espera que, en un plazo de 72 horas, es decir, hasta el próximo viernes, el exmandatario priista sea presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.
Una vez allí, se iniciará un juicio de extradición. Este juicio, que no es penal, es básicamente un proceso en el que, en primer lugar, un juez estadounidense tiene que determinar si se cumplen todos los requisitos del tratado de extradición que México y Estados Unidos firmaron en 1978, y que entró en vigor hasta 1995.
La abogada Adriana Greaves, cofundadora de Tojil AC, explicó en entrevista que el juez estadounidense verificará, por ejemplo, que la orden de aprehensión en contra de Duarte viene correctamente fundada desde México y que contiene datos de prueba de que el exmandatario cometió probablemente los delitos que se le imputan.
Una vez hecho esto, entonces el juez informará a Duarte de cuáles son los delitos que le imputa México y por qué existe una orden de extradición para que enfrente el proceso penal en su país de origen.
Este punto de cuáles son los delitos que se le imputan es clave, subrayó también en entrevista el abogado José Mario de la Garza. ¿Por qué? Porque una vez que se le formulen los presuntos delitos, esos son los que se juzgarían en México. Es decir, ya no habría posibilidad de añadir otros delitos.
En este caso, la FGR informó en un comunicado que la orden de aprehensión que detonó la captura del exgobernador es solo por dos presuntos delitos: peculado y asociación delictuosa. Y esto, en opinión de De la Garza, ya podría estar “limitando” la responsabilidad de Duarte en otros delitos que se le han imputado en México a lo largo de estos últimos tres años en los que ha estado prófugo.
“Será clave ver cuál es la cantidad que se le imputa por peculado y asociación delictuosa, y eso se dirá en el juicio de extradición. Porque si lo acusan por peculado de un millón de pesos, por ejemplo, pues obvio que la pena sería muy menor”, planteó el abogado.
Pero, antes de llegar a ese paso, la defensa del exgobernador aún podría ‘combatir’ la extradición durante el juicio en Florida. De hecho, el abogado De la Garza advirtió que estos procesos de extradición pueden ser “muy complejos” y dilatarse hasta por dos años.
La defensa podría, por ejemplo, alegar que no se cumplieron todas las formalidades del tratado de extradición, o que existe una persecución política en su país de origen. Incluso, aunque el juez determinara la extradición, Duarte aun tendría un ‘chance’ para apelar la decisión y alargar más el proceso.
Sin embargo, la abogada Greaves opina que, ante la cantidad de órdenes de aprehensión en su contra y de imputaciones por desfalco, parece complicado que Duarte pueda evadir indefinidamente la extradición.
“Lo veo difícil. Creo que la pregunta no es si será o no extraditado, sino cuándo”, apuntó la abogada de Tojil AC, quien puso sobre la mesa otra posibilidad, aunque matizó que es solo una hipótesis: que la justicia estadounidense también requiera a Duarte.
“Por ejemplo, si hubiera una investigación en Estados Unidos de que Duarte habría lavado dinero de México allá, un juez de ese país podría levantar la mano y decir que tiene otro proceso abierto y pedir que se le investigue allá”, apuntó la abogada.
Y, en caso de que se trataran de los mismos hechos por los que se pide la extradición, Duarte podría decir que prefiere ser juzgado en Estados Unidos y no en México.
¿Y qué sucede en caso de que Duarte sea extraditado a México?
En cuanto el exgobernador pisara suelo mexicano tendría que ser trasladado ante un juez. En este caso, puesto que la orden que detonó la captura de Duarte en Florida la emitió una jueza de Chihuahua, sería puesto a disposición de las autoridades chihuahuenses, informaron fuentes judiciales consultados por Animal Político.
“Las órdenes de aprehensión son de un juez de Chihuahua, por lo que allá tendrán que ponerlo a disposición de la autoridad que lo reclama”, dijo la fuente consultada, no sin antes recordar que para que eso suceda, antes deben cumplirse todos los trámites legales y administrativos del proceso de extradición.
Una vez aquí, se da comienzo a la audiencia inicial, donde se tendría que determinar si la detención fue legal, si se respetaron los derechos humanos, entre otras cuestiones.
Luego, el juez o la jueza le informaría de nuevo sobre cuáles son los delitos que se le imputan, y en esa audiencia podría determinarse si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso, y si se le aplica alguna medida cautelar para que enfrente el resto del proceso judicial en prisión preventiva, o con alguna otra medida como el uso de un brazalete, entrega de pasaporte, etcétera.
En este caso, y puesto que César Duarte estuvo oficialmente prófugo de la justicia por más de tres años, el abogado José Mario de la Garza opinó que, en caso de que fuera vinculado a proceso, sería “muy probable” que se le decretara prisión preventiva.
Una riqueza desmedida y los casos pendientes
Este miércoles, el gobernador actual de Chihuahua, Javier Corral, celebró la captura del exmandatario, y denunció que este amasó durante su gobierno “una multimillonaria fortuna” de fincas, ranchos, y ganado exótico, que habría conseguido, presuntamente, mediante desfalcos millonarios al erario.
De hecho, a Duarte ya se le han incautado inmuebles con valor aproximado de 500 millones de pesos, con ranchos de más de 100 mil hectáreas.
Los desfalcos fueron denunciados desde 2017, pero, hasta ayer, el exmandatario priista estaba libre debido a la supuesta protección del anterior presidente de México, Enrique Peña Nieto, según acusó el gobernador Corral.
La primera orden de aprehensión contra Duarte la emitió la Fiscalía chihuahuense el 27 de marzo de 2017, tras detectar un desfalco de 6 mil millones de pesos y el desvío de otros 250 millones de pesos.
Desde ese día, Duarte era oficialmente un prófugo de la justicia mexicana, la cual pidió ayuda, incluso, a la Interpol para que emitiera una ficha roja de búsqueda y captura en 190 países.
Aunque el exgobernador no estaba muy lejos. Había huido al país vecino, a Estados Unidos, al que accedió el 28 de noviembre a través del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Desde entonces, Duarte se movió por varios estados de la Unión Americana, refugiándose especialmente en Nuevo México y Texas, donde posee varias propiedades.
Meses después de la primera orden de aprehensión, el 30 de junio de 2017, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que también obtuvo otra orden en contra del exgobernador.
La Fiscalía dirigida en ese entonces por Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, acusa a Duarte por la presunta retención ilegal del sueldo a 700 empleados del gobierno de Chihuahua, durante seis años, que acumularon un mínimo de 79 millones de pesos, presuntamente entregados al PRI para financiar campañas electorales ilegalmente.
Como parte de este tema electoral, también fue detenido Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI. El 7 de mayo del año pasado, Gutiérrez fue condenado por el delito de peculado.
Por otra parte, la Auditoría Superior del estado de Chihuahua también acusó a César Duarte por presuntos desvíos cuantificados en más de 6 mil millones de pesos.
Y en febrero de 2018, Animal Político publicó una nota en la que dio a conocer que, durante 2016, el exmandatario dispuso de 7 mil 713 millones de pesos provenientes de financiamientos a corto plazo, de los cuales no fue posible identificar el destino y la aplicación de esos recursos.
No obstante, todas estas órdenes de aprehensión y señalamientos de desvíos millonarios no desencadenaron ninguna consecuencia contra César Duarte. El motivo: la Fiscalía General de la República acusa a su antecesora, la vieja PGR, de haber congelado el caso.
Por eso, no fue hasta octubre de 2019, ya con la nueva administración de gobierno, que otra jueza de control del Distrito de Chihuahua libró otra orden de aprehensión contra Duarte y con fines de extradición. Misma que ayer se concretó con la captura del exgobernador en Miami, Florida.
