La Audiencia Nacional de España accedió a la extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, para enfrentar los cargos de lavado de dinero.
Esto, a una semana de que el exfuncionario aceptó ser extraditado de España a México donde tiene una orden de aprehensión.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Lozoya Austin presentó formalmente, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, una solicitud por escrito en la que “manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”.
Magistrados españoles encargados de revisar el caso resolvieron “que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega y recuerdan que Emilio L. presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a su país y renunció al principio de especialidad (la prohibición de ser perseguido por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición)”, expuso la Audiencia Nacional.
Sobre el plazo para su retorno al país, la autoridad española explicó que al no tener que pasar por Consejo de Ministros, “una vez sea firme la resolución”, la Sala lo notifica a Interpol para que se proceda a la entrega.
El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso afirmó que Lozoya llegó a un acuerdo con la Fiscalía para lograr beneficios en su posible condena por los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
La FGR señala a Lozoya Austin por presuntamente recibir sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) por un monto que superaría los 12.5 millones de dólares. Ello a cambio de favorecerlas con contratos.
Con dicho dinero Lozoya habría comprado, al menos, dos residencias en zonas exclusivas de Ciudad de México e Ixtapa, Guerrero, que además de representar una inversión le permitieron ocultar el presunto origen ilícito de ese dinero.
También se le relacionó con delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la compra por parte de Pemex – cuando Lozoya era su director- de la empresa Agro Nitrogenados, propiedad de Altos Hornos.
La compra de esta empresa representó un grave daño al erario, ya que la planta fue adquirida en condición de “chatarra”, con 14 años de no ser utilizada, y cuyo avalúo real se infló de los 50 millones a los 240 millones de dólares.