En tres meses, 53 periodistas fueron atacados por su cobertura del COVID-19 en México
En México, las contradicciones y ataques de los gobiernos estatales y federal hacia la cobertura mediática del COVID-19, así como la desinformación, han perjudicado la libertad de expresión y el derecho de información de la ciudadanía.
Así lo concluyó la organización Artículo 19, en su informe especial Coronavirus Opacidad Violencia Impunidad y Desinformación (COVID).
De acuerdo con el informe, en México y Centroamérica, la pandemia por COVID evidenció la precariedad y falta de garantías laborales que enfrenta el periodismo, “y exacerbó los ánimos autoritarios de gobiernos que, hasta el momento, se consideraban democráticos”.
Dicho autoritarismo se vio reflejado, según la organización, al momento en que las autoridades estatales y federales “mostraron un preocupante recelo ante el escrutinio público” y cuestionaron “un sinnúmero de veces la capacidad de la prensa para hacer su trabajo”.
En el documento también se expone la intolerancia de funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno y su falta de voluntad para brindar información útil a la población más vulnerable.
Violencia contra la prensa
El informe señala que en el marco de la emergencia sanitaria, en la que el acceso a la información es una necesidad, las agresiones contra periodistas no han frenado.
Del 12 de marzo al 16 de mayo, Artículo 19 documentó alrededor de 120 agresiones contra periodistas, de las cuales 52 (43.33%) ocurrieron durante la cobertura de la pandemia.
Según el documento, durante la contingencia, el Estado ha sido “el mayor perpetrador de la violencia contra la prensa”.
De las 52 agresiones ocurridas durante la cobertura de la pandemia, 36 fueron cometidas por agentes del Estado.
Los tipos de agresión más comunes perpetrados por las autoridades fueron: bloqueos o alteración de información (27.8%); intimidación y hostigamiento (22.2%); privación de la libertad (19.4%); uso ilegítimo del poder público (16.7%), y ataques físicos (13.9%).
“En México, las autoridades han aprovechado la crisis como una excusa para censurar y estigmatizar las voces disidentes (…) Los individuos en general, han retomado el discurso estigmatizante para intimidar y evitar la cobertura de su propio manejo de la emergencia sanitaria”.
Para ejemplificar los ataques y la estigmatización por parte del Estado, el informe cita la ocasión en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador usó calificativos negativos contra la columnista Denise Dresser.
El 1 de abril, Dresser dirigió un tuit al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el que cuestionaba al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre las proyecciones oficiales para el número de muertos en México.
La también académica preguntó por el modelo usado en México. “Urge saber para entender la magnitud de la crisis del COVID-19 y cómo encararla mejor”, escribió.
Un día después el presidente López Obrador declaró: “Ayer estaba viendo un mensaje de una periodista pidiendo que digamos cuántos muertos va a haber. Esto me hace pensar…, es posible decir que estamos viviendo en temporada de zopilotes”.
Artículo 19 señala que “comparar a una periodista con animales carroñeros es sumamente grave pues, por un lado, vulnera y desacredita a la persona y su labor y, por el otro, desdibuja la importancia que tiene el derecho a informar, al tiempo que inhibe la libertad de expresión”.
Esa no fue la única vez que el presidente ha usado calificativos negativos para referirse a la prensa en torno al tema de COVID.
El 22 de abril, el mandatario dividió a la prensa al categorizar entre “periodistas buenos y malos”, argumentando que los primeros “son quienes se apegan a los discursos oficiales sin criticar y los malos quienes disienten”.
Esto “alimenta la creciente polarización del país y contraviene los estándares internacionales sobre libertad de expresión”, señala en el informe.
Autoridades contribuyen a la desinformación
Las notas falsas y la desinformación han sido una constante durante la pandemia por COVID.
Según el informe en México son tres los factores que propician la ambigüedad, la confusión y el escepticismo para reconocer la gravedad y el alcance del virus:
– Los mensajes contradictorios y la falta de información, de una postura clara y de coordinación de las autoridades en torno al COVID-19.
– El flujo masivo de información y contenidos relacionados con el tema, disponibles tanto a través de los medios tradicionales como de los digitales.
– La falta de rigor de periodistas y medios de comunicación, que ha llevado a no informar con precisión o a contribuir a la generación de narrativas discriminatorias.
En lo que corresponde a la desinformación, el informe señala que muchas veces las noticias no verificadas se propagan rápidamente debido a que es difundido inicialmente por figuras públicas a las que se les concede alguna autoridad, o porque provienen de fuentes oficiales, por ejemplo, determinados funcionarios públicos.
El documento cita algunos casos en los que medios de comunicación, en su mayoría impresos, han difundido información sin verificar que alarma a la población, como fotografías de hospitales saturados de pacientes que no corresponden al contexto real.
En el caso de los funcionarios, el informe cita el caso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien el 25 de marzo afirmó en conferencia de prensa que el COVID-19 ataca principalmente a gente “acomodada” y que “los pobres son inmunes”.
“Hay mucha gente de las cuarenta personas; algunos son padres de familia, sí; la mayoría son gente acomodada, ¿eh?, sí lo saben, ¿o no? Si ustedes son ricos, tienen el riesgo; si ustedes son pobres, no; los pobres estamos inmunes”, dijo el gobernador.
Artículo 19 reprueba declaraciones como esta ya que Barbosa, en su papel de gobernador, tiene más bien “la responsabilidad y obligación de proveer información oficial y datos de manera oportuna y eficaz para combatir la desinformación, los rumores y el miedo”.
La organización señala que esa no fue la única vez que el gobernador de Puebla compartió información “sin validez científica y contradiciendo las directrices de la Secretaría de Salud y de la OMS”.
El 14 de marzo declaró: “Me dijeron que la vacuna que ya se descubrió en contra del coronavirus es un plato de mole de guajolote. Vamos nosotros a echarnos un plato de vacuna contra ese virus que atenta contra el mundo”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también es mencionado en este apartado del informe por ciertas actitudes que “pueden ser consideradas también como una fuente de desinformación y de contradicción con la información difundida por la Secretaría de Salud”.
El informe señala que algunas de las declaraciones del presidente contradicen las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Un ejemplo es la declaración del 4 de marzo en su conferencia matutina, cuando afirmó: “Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar… Hay que abrazarse, no pasa nada”.
Un consejo que va en contra de las medidas de distanciamiento social para evitar contagios, por las autoridades federales de Salud.
El 18 de marzo de 2020, el presidente volvió a contradecir a Salud cuando dijo que el escudo protector contra el COVID era el “ ‘detente’, la honestidad, el no permitir la corrupción” e, incluso, mostró amuletos protectores contra el virus diciendo que eran sus “guardaespaldas”.
Afirmaciones sin sustento científico que además de causar confusión en la población, pueden propiciar que la gente reste importancia a la gravedad del virus.
Poblaciones indígenas en el olvido
El gobierno federal no adoptó medidas para informar y proteger los grupos de mayor vulnerabilidad, como las comunidades indígenas; personas en condición de pobreza; migrantes, o personas sin hogar.
Sectores que deben recibir especial atención al tener un menor acceso a medidas y artículos preventivos, entre ellos, los cubrebocas y desinfectantes.
Pero la falta de información no fue una falla solo a nivel federal.
Para el 21 de abril, fecha en que inició la fase 3 de la pandemia en México, “algunos gobiernos estatales no habían publicado información oficial completa y oportuna sobre la atención a la emergencia sanitaria”.
Según el informe, en esa fecha, estados como Campeche, Tabasco y Nayarit ni siquiera habían informado en sus páginas oficiales sobre las medidas de salud que debía tomar la población.
Al 15 de mayo Ciudad de México, Tabasco y Yucatán aún no publicaban información estadística sobre el comportamiento del virus.
También se acusa que “ha habido una falta evidente de comunicación oportuna y adecuada a las comunidades indígenas”.
En este sentido, diversas instancias han fallado en la generación de una estrategia de transparencia proactiva que haga llegar información pertinente y de manera constante a las comunidades.
En entrevistas hechas por Artículo 19 en comunidades indígenas de Chiapas y Yucatán se supo que hasta finales de marzo, el gobierno federal generó por primera vez información en algunas lenguas, “pero su difusión se limitó principalmente a contenidos en formato de texto, a través de internet, en páginas oficiales y redes sociales, demostrando, una vez más, la falta de pertinencia cultural y la difusión tardía de la misma”.
Si bien a la fecha la información básica ya ha sido traducida por el gobierno federal a las lenguas indígenas, “sigue siendo insuficiente, ya que existe otro tipo de información primordial para que los pueblos indígenas estén debidamente al tanto y puedan adoptar medidas a nivel individual, familiar y comunitario”.
Otro aspecto que dificulta el cuidado de estas comunidades son las condiciones de pobreza que les imposibilitan la compra de insumos de higiene y cuidado como el gel antibacterial.
“Los obstáculos que persisten para que los pueblos indígenas tengan acceso a la información son una muestra de que su condición actual de vulnerabilidad es ocasionada por un cúmulo de epidemias de mayores dimensiones: la pobreza, la desigualdad y la discriminación”, dice el informe.
Ante este contexto, Artículo 19 pide al Estado garantizar a todas las personas el acceso a información clara, oportuna y significativa, apegándose a la máxima publicidad.
Así como asegurar que el gobierno federal y los gobiernos estatales tengan una mayor y mejor coordinación a la hora de recopilar información y compartirla con la población.
