¿Adiós a los concursos de belleza? Diputadas buscan eliminar su financiamiento público

Incluir en la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el concepto de “violencia simbólica” y eliminar el financiamiento público a concursos y certámenes de belleza, es lo que propone una iniciativa de reforma propuesta recientemente en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 

La iniciativa, explica la diputada del PRD, Frida Esparza Márquez, en ningún momento menciona la prohibición o eliminación de los concursos de belleza, pero sí que el gobierno no pueda apoyar con recursos públicos la realización de estos eventos si incurren en la reproducción de violencia simbólica.

Las reformas a la Ley incluyen declarar como violencia simbólica las acciones en donde se evalúe la belleza o apariencia de las mujeres, niñas y adolescentes a través de patrones estereotipados.

Según el documento, la violencia simbólica se define como: “la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de mensajes, patrones, estereotipo, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad”.

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“Promover la competencia entre las mujeres a partir de sus atributos físicos incentiva patrones sexistas y machistas que estigmatizan, cosifican y minimizan el rol que desempeñamos las mujeres en la sociedad”, detalla la iniciativa de reforma. 

De acuerdo con la legisladora, la iniciativa no busca limitar la participación de las mujeres, ni la representación de las costumbres y tradiciones, sino más bien se centra en el papel que tiene el Estado en este tipo de eventos.

“Por lo general, estos eventos son organizados y financiados por gobiernos municipales o estatales para supuestamente promover el turismo, las tradiciones y costumbres, siendo una verdadera contradicción que el Estado promueva una forma de violencia simbólica”, apunta. 

En entrevista con Animal Político, la diputada Esparza Márquez señaló que en 2019 Jalisco destinó 4 millones de pesos a la alerta de género, sólo se ejercieron 3 millones 850 mil pesos repartidos en 11 municipios, pero ese mismo año, tan sólo cinco municipios gastaron 8 millones 483 mil pesos en certámenes de belleza. 

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“Este tipo de acciones mandan un mensaje contradictorio, pues el Estado que debe luchar contra la violencia hacia las mujeres, autoriza y apoya económicamente eventos que fomentan la violencia simbólica”. 

“Los recursos que se dan a este tipo de eventos ni siquiera está bien documentada. La aportación que hacen estados y municipios es a partir del ramo de cultura y otros tipos de entretenimiento y al final termina siendo una decisión del gobierno, del municipio, alcaldía o estado”, señala. 

Este tipo de eventos se realizan en más de dos mil municipios como en ferias, festejos patrios, patronales, nacionales, ganaderos y agrícolas, entre otros.

La propuesta que se realizó es la que las instituciones de gobierno, el Estado mexicano no apoye de ninguna manera, ni económicamente, ni con publicidad o subsidios la realización de certámenes, concursos, elecciones, eventos o competencias en la que se evalúe, de forma exclusiva o parcial, la belleza o apariencia física de mujeres, niñas y/o adolescentes.

La legisladora federal por Zacatecas alertó de la popularización en México de certámenes como Mini Belleza Latina, en donde niñas de 4 a 13 años de edad, concursan y realizan pasarela con el fin de cumplir con ciertos estándares físicos.

De acuerdo con la diputada, con estas reformas se verían afectados los concursos que tienen patrocinio gubernamental. “Los de la iniciativa privada o del apoyo que pueda dar la iniciativa privada en estos certámenes no se está hablando”. 

A pesar de ello, explicó, si fomentan estereotipos sexistas estarán practicando la violencia simbólica y entonces “el  Estado ya adquirirá implícitamente la responsabilidad de erradicar este tipo de violencia; sin embargo, la iniciativa no trabaja esta parte, aún hay muchísimo campo por afinar, pero es un primer paso”. 

Para Ana Laura Velázquez Moreno, secretaria Técnica en Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, el problema con los concursos de belleza es la promoción del castigo a las mujeres que no pueden o no quieren cumplir con esos estereotipos. 

“El hecho de que las canas, el acné, las estrías, las arrugas, el vello corporal, entre otros procesos naturales del cuerpo, sean estigmatizados y vistos como muestra de descuido por parte de las mujeres e incluso de mala salud, son ejemplo de ello”, destaca. 

“Tal vez se puede decir que esto es algo frívolo, que al vivir en el país de los feminicidios, las fosas clandestinas y las miles de desparecidas ponernos a discutir sobre concursos de belleza es una trivialidad. Luego recuerdo que todas las mujeres que conozco han sufrido en mayor o menor medida por la imposición de estereotipos de belleza; veo cómo se gastan recursos públicos en lujosas coronaciones mientras las fiscalías que deben investigar feminicidios apenas si tienen personal”, escribió recientemente en un artículo de opinión publicado en este medio. 

¿Se criminaliza la belleza?

El tema de esta iniciativa ha generado polémica, incluso hay una petición publicada en la plataforma change.org llamada “Detén la violencia legislativa en contra del derecho a decidir de la mujer mexicana”, firmada hasta el 11 de junio por 3 mil 760 personas para que estas reformas no pasen en el Congreso. 

“Decidir que los certámenes de belleza tiene un impacto negativo en la mujer mexicana y su capacidad de valorar sus opciones de desarrollo es abuso de poder; además, es corto de visión, errado, impositivo y limitativo, ya que miles de mujeres eligen a estas plataformas por ofrecerles oportunidades de crecimiento personal y profesional”, se lee en la petición. 

Destaca que el poder legislativo quiere imponer restricciones, criminalizar los concursos y frenar la decisión de las mujeres mexicanas a participar en un certamen de belleza, violando el derecho a la autodeterminación de desarrollo personal y profesional. 

La Ex Miss Universo mexicana Lupita Jones también habló de la propuesta y consideró que prohibir la realización de concursos de belleza por considerarlos una forma de violencia simbólica hacia las mujeres es “criminalizar la belleza”.

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“Pretender tipificar a estas plataformas como violencia simbólica me parece completamente errada y sin ningún sustento. ¿Cómo se puede considerar violencia a la mujer el capacitarla, entrenarla, formarla y fortalecerla tanto en lo interior como el exterior? Enseñarle a cultivar su autoestima, confianza en ella misma y seguridad. Proveerle de oportunidades profesionales para que logre destacar en aquello que le apasione. ¿En dónde está la violencia?”, cuestionó en sus redes sociales a la diputada Frida Esparza. 

La también empresaria agregó que los concursos como Miss Universo y Mexicana Universal no violentan los derechos humanos ni limitan el desarrollo de las personas; y advirtió que son una promoción de oportunidad turística en todo el país y el mundo, por lo que recordó que en 1989 (cuando el huracán Gilberto dañó Cancún, Quintana Roo) se realizó ahí el certamen Miss Universo para repuntar el turismo

Sobre este mensaje, la legisladora sostuvo que muchos de los comentarios de Lupita Jones respaldan la iniciativa al decir que se capacita, forma y “entrena” a las mujeres. “La lucha es contra una visión de que las mujeres deben cumplir con ciertos estándares y de que alguien nos debe entrenar para poder lograrlo”. 

“Nos habla de que hay una meta y un objetivo idealizado hacia donde quieren ir las mujeres, justamente estos estereotipos son los que se tratan de combatir, nunca se habla de criminalizar la belleza como se ha mencionado ni prohibir los certámenes y tampoco atentan contra la capacidad de decisión de las mujeres”, concluye la legisladora. 

La iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue presentada por las diputadas Beatriz Rojas Martínez (Morena), María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD).