A pocos días de dejar la dirigencia nacional de Morena, la secretaria general, Yeidckol Polevnsky, ordenó a la Secretaría de Finanzas del partido que se pagaran 395 millones de pesos a dos empresas por contratos de obras de remodelación y mantenimiento de inmuebles que nunca se llevaron a cabo.
Los dos contratos fueron firmados por la propia Polevnsky y se liquidaron en su totalidad. Animal Político tuvo acceso a las facturas de pago, que demuestran que los depósitos millonarios fueron realizados en Año Nuevo y mediante 14 transferencias bancarias desde la cuenta de Egresos de Morena, manejada por el Secretario de Finanzas, Joel Frías.
Las dos compañías beneficiadas son Inmobiliaria Moscati de Querétaro S.A. de C.V., que recibió un pago de 312 millones 445 mil pesos, y Estrada Miranda Proyecto y Construcción S.A. de C.V., a la que se le pagaron 82 millones 555 mil pesos; ambas empresas están ligadas a Grupo Ebor, del queretano Enrique Borbolla García.
Durante la revisión de las finanzas que dejó Polevnsky en el partido, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) encontró que hubo un daño patrimonial millonario a Morena, debido a que las obras contratadas no se efectuaron, pese a que fueron pagadas de manera anticipada y en su totalidad.
“Las empresas no pusieron ni un tornillo”, confirmó un integrante de la dirigencia nacional. “Para que te des una idea del tamaño: el Pemexgate fue por 500 millones de pesos”.
La nueva dirigencia encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar ordenó, el pasado 5 de junio, la conformación de un equipo de abogados para determinar en qué faltas incurrió Polevnsky y qué acciones jurídicas emprendería en su contra.
Animal Político contactó a la secretaria general morenista, de manera directa y a través de sus representantes de relaciones públicas, para conocer su versión de los hechos, pero no atendió la solicitud.
El 29 de diciembre de 2019, Polevnsky firmó dos contratos de obras con las empresas Inmobiliaria Moscati y Estrada Miranda Proyecto y Construcción para la realización de obras de remodelación, adaptación y mantenimiento, así como suministro de mobiliario, equipo de cómputo y sistemas de seguridad para las oficinas que adquiriera el partido en el futuro.
En los contratos, Morena declaró que compraría “diversos inmuebles en territorio nacional”, mientras que el constructor manifestó de antemano su conformidad con el estado físico de los mismos, aún cuando éstos aún no habían sido adquiridos.
Los instrumentos legales establecían que, si el cliente aceptaba saldar por adelantado y en su totalidad el monto de las obras que se realizarían a futuro, se aplicaría un descuento a la suma global, a lo que accedió Polevnsky; así, se acordó un pago de 312 millones 445 mil pesos a Inmobiliaria Moscati y otro de 82 millones 555 mil pesos a Estrada Miranda Proyecto y Construcción.
La anomalía detectada en la revisión del CEN es que Polevnsky haya aceptado liquidar contratos de obras futuras para inmuebles inexistentes (a la fecha de la firma, Morena no contaba más que con las escrituras de propiedad de tres inmuebles).
El Secretario de Finanzas, Joel Frías, fue llamado a comparecer el pasado 1 de junio por el nuevo CEN para conocer detalles de estas transacciones.
Ante un notario público, el tesorero declaró que Polevnsky le envío un oficio en Año Nuevo -dos días después de la firma de los contratos de obras- en el que le ordenó transferir a las empresas los montos acordados por ella.
Los depósitos fueron realizados en un lapso de 2 horas ese mismo día desde la cuenta “Morena CEN Egresos”: 10 transferencias a inmobiliaria Moscati y 4 a Estrada Miranda Proyecto y Construcción, de acuerdo con las facturas de los pagos.
Frías admitió en su declaración que hizo los depósitos a las empresas sin conocer los contratos, proyectos de obras, catálogo de costos ni anexos, acatando únicamente la orden de su jefa.
“El tesorero vio por primera vez los documentos hasta marzo”, señaló la fuente del CEN.
Por haber efectuado los pagos sin la documentación indispensable, el tesorero también podría ser sujeto de responsabilidades por mal uso de recursos públicos.
Grupo Ebor es dirigido por el queretano Enrique Borbolla García, quien estuvo en prisión por un fraude relacionado con la renta de una aeronave al gobierno de Quintana Roo en el gobierno de Félix González Canto.
Borbolla García es socio de Inmobiliaria Moscati, fundada en 2015 y asentada en Querétaro; Erick Lara Gutiérrez funge como comisario de la empresa, mientras que Raúl Octavio Maldonado Amparan es delegado, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Tres años después se fundó en la CDMX la empresa Estrada Miranda Proyecto y Construcción, que tiene sede en un pequeño departamento de la colonia Niños Héroes, alcaldía Benito Juárez.
Dos socios de Borbolla García tienen participación en esta nueva empresa: Maldonado Amparan como administrador único y Lara Gutiérrez como comisario.