El Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparos del Estado de México admitió un amparo a favor de Tomas Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación de la PGR (hoy FGR), sobre quien pesa una orden de aprehensión por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Con esta medida Zerón, acusado por la FGR por tortura y una serie de irregularidades en el caso de los 43 estudiantes, pretende conocer la cronología del desarrollo de las audiencias en las que se otorgó la orden de aprehensión y las pruebas en su contra.
La demanda de amparo solicitado por Zerón es contra actos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y otras autoridades.
Al admitir el amparo el Juez solicitó que, “en el caso de ser cierta la orden de aprehensión que se reclama que deriva de un asunto del nuevo sistema de justicia penal…debe ser emitida oralmente y deberá constar por escrito después de su emisión oral, al rendir su informe justificado, remitan copia del audio y video de dichas audiencias y copia certificada de lo que se haya asentado por escrito de las mismas”.
Además, pidió un “informe un índice cronológico del desarrollo de las audiencias en que se haya dictado el acto reclamado, en la que se deberá indicar el orden de intervención de cada una de las partes”.
El Juez Octavo de Distrito fijó para la celebración de la audiencia constitucional, donde determinara si analizará o no la solicitud de amparo, las once horas del próximo 17 de julio.
El Juez determinó que “en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, lo hagan saber a este juzgado, pues de no hacerlo se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 251 del ordenamiento invocado”.
El pasado 18 de marzo, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja contra Tomás Zerón de Lucío, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado por presunta tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa
De acuerdo con la información de la propia Interpol, el exfuncionario de ser encontrado culpable podría alcanzar “una pena máxima aplicable de (al menos) 60 años de privación de libertad”.