Fallas de investigación y muerte de implicado mantienen impune desaparición de 5 jóvenes de Tierra Blanca

Francisco Navarrete Serna, alias “El Primo”, fue detenido en 2016 bajo la sospecha de liderar un grupo criminal que, en complicidad con la policía estatal, desapareció a cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Estuvo bajo proceso más de tres años, pero fallas en la investigación a cargo de la SEIDO provocaron que fuera liberado en agosto del año pasado.

Hoy Navarrete Serna está muerto. Fue asesinado el viernes en una fiesta organizada por él en el mismo municipio. Estaba armado, pero de nada le sirvió. Los sicarios fueron más rápidos. Cinco personas más también perdieron la vida. La Fiscalía considera que fue un ataque contra “el Primo” y, el resto, víctimas colaterales.

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“Se fue sin pagar por lo que hizo, sin decirnos por qué… mientras que algunos seguimos muertos en vida…”

“Todos son víctimas del mismo sufrimiento. Es un crimen que nos quitó todo, la salud, el dinero, todo. Mientras tanto ese desgraciado (Navarrete) nunca pagó por lo que hizo. Y ahora lo asesinaron. Al que a hierro mata a hierro muere… pero eso no es justicia”, dice Rocío a Animal Político.

Los hechos en los que Navarrete perdió la vida se registraron la noche del viernes 29 de mayo en el salón de fiestas “YemanYa” en Tierra Blanca, Veracruz, cuando se desarrollaba un evento convocado por El Sol de Tierra Blanca, un supuesto portal informativo fundado por el propio Navarrete poco después de salir de prisión.

Justo cuando el grupo estaba por terminar su participación los agresores, que aun no han sido identificados, ingresaron y comenzaron a disparar. En la transmisión se alcanzan a escuchar algunas detonaciones y se aprecia al propio Navarrete, que en ese momento estaba en el escenario, sacar una pistola de su pantalón y salir de cuadro. Ahí se corta el video.

Autoridades ministeriales confirmaron a este medio que el saldo final fue de seis personas asesinadas. Además de “El Primo” perdieron la vida “Benigno” N” y Manolín “N”, dos tecladistas del grupo; Maximiliano “N”, técnico de sonido; Héctor “N”, empresario de la zona, y “Manuel” N, un ingeniero civil y amigo de Navarrete.

Detención y fiasco

El 11 de enero de 2016 cinco jóvenes originarios del municipio de Playas de San Vicente, Veracruz, desaparecieron tras ser detenidos por policías estatales a la altura de Tierra Blanca. Se trataba de Bernardo Benítez Arroniz de 25 años; José Alfredo González Díaz, de 25 años; José Benítez de la O, de 24; Mario Arturo Orozco Sánchez de 27, y Susana Tapia de 16 años.

El caso cobró relevancia inmediata pues se sumaba a varias desapariciones que acarreaba la administración del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Dos semanas después, el 26 de enero, fue detenido en un operativo estatal y federal Francisco Navarrete Serna. En su cuenta de Twitter el gobernador Duarte dijo que se trataba del “jefe de plaza” de un grupo delictivo – el Cártel Jalisco Nueva Generación – el cual era presunto responsable de la desaparición de los jóvenes.

A la captura de Navarrete, quien fue acusado del delito de delincuencia organizada, le siguieron otras detenciones, tanto de policías estatales como presuntos integrantes del grupo encabezado por “El Primo”. En total fueron 21 los probables responsables capturados y procesados.

Pero tres años mas tarde, en marzo de 2019, un juez federal concedió un amparo en favor de Navarrete, el cual fue confirmado de forma definitiva por un Tribunal. La razón: fallas graves en la investigación en su contra como, por ejemplo, pruebas recicladas de otra indagatoria distinta.

Lo anterior ocasionó que “El Primo” tuviera que ser liberado sin que se esclareciera su rol al frente del referido grupo delictivo y sin que concluyera el juicio. Tampoco ayudó que sobre él no pesaran otros delitos, ni que se esclareciera su intervención más directa en la desaparición de los jóvenes.

Celestino Rivera Espinoza, representante legal de la familia de los jóvenes desaparecidos, advirtió tras la liberación de Navarrete que el caso presentaba serias fallas. “La SEIDO nunca investigó realmente más allá de lo ya se había indagado por desaparición. No se indagaron siquiera los nexos con otros casos”, dijo en aquel momento a diversos medios.

Desapariciones impunes

A cuatro años y medio la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca permanece impune y sin esclarecerse completamente.

El amparo concedido a Navarrete terminó favoreciendo a otros detenidos a los que también se les retiró el cargo de delincuencia organizada. Los que permanecen en la cárcel son 8 expolicías y 12 presuntos integrantes del CJNG acusados a nivel local de desaparición forzada.

“A Navarrete ya no le lograron hacer la vinculación con el caso. Quedan los otros detenidos y se supone que el proceso ya debía de haber terminado. Ya está todo, pero hasta ahora no les han dictado sentencia. Todo se ha venido retrasando y con lo de la pandemia pues aun más. Seguimos esperando”, dijo Bernardo Benítez, padre de uno de los jóvenes.

El paradero de las víctimas es otro tema de la investigación en el que las conclusiones quedaron a medias. En su momento, la indagatoria llevó a las autoridades hasta un rancho conocido como “El Limón”, donde se presume que fueron asesinados. Sin embargo, la inspección del terreno solo permitió localizar un fragmento de un hueso de uno de ellos, y un pedazo de tela con el ADN de otro mas. Eso fue todo.

En marzo del año pasado, en cumplimiento de una recomendación, el gobierno federal y el de Veracruz pidieron a las familias una disculpa pública, tras reconocer que la colusión de las autoridades con el crimen organizado permitió la detención ilegal y desaparición forzada de los cinco jóvenes inocentes, y facilitaron las deficiencias posteriores en la indagatoria.

Tanto el gobernador Cuitláhuac García como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se comprometieron a que la investigación continuaría y no habría impunidad. Pero justo unos días después vino la exoneración de Navarrete y otros por las fallas en la indagatoria.

Existe, además, una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada. Pero la misma no se ha podido cumplimentar debido a que dicho delito no entró en la solicitud por la cual se le extraditó desde Guatemala, y ahora se requiere un permiso especial que no se ha resuelto.

Rocío Arroniz, tía de Alfredo, considera que el daño que han sufrido las familias es imposible de reparar. La frustración y el coraje de lo ocurrido le costaron la vida a su sobrina Mariana (hermana de Alfredo, y quien falleció de cáncer un año después de los hechos), y al padre de ambos, quien tenia 63 años, cuyo corazón no resistió mas desgaste.

Para los que siguen en vida, como ella y lo padres de otros de los jóvenes, nada ha vuelto a ser lo mismo.

“A nosotros nos mataron en vida. Nuestros muchachos no eran malos, no andaban en problemas. Eran buenos jóvenes. Acababan de terminar su carrera. Lo único que pedimos es justicia, que paguen por lo que hicieron. No se imagina cuánto nos hemos movilizado, lo que hemos gastado, lo que nos ha costado. Toda para que al final hasta Duarte va a terminar saliendo sin pagar por las desapariciones que se cometieron”, concluye Rocío.