Recorte de 75% compromete pagos de servicios básicos del gobierno y arriesga inversiones en salud y ciencia
El recorte del 75% al “gasto corriente” del presupuesto público ordenado por Andrés Manuel López Obrador compromete el pago de los servicios esenciales para el funcionamiento del gobierno, como luz, agua, gas, telefonía y arrendamientos, pero también podría afectar inversiones prioritarias en salud, educación, energía e investigación científica.
Algunas de dichas inversiones están relacionadas con la adquisición de medicamentos y suministros de laboratorio, arrendamiento de equipo médico, producción de materiales de enseñanza para centros educativos o la compra de combustibles para plantas productivas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dichas inversiones están incorporadas como “gasto corriente” en los capítulos “2000 Materiales y Suministros” y “3000 Servicios Generales” del Presupuesto de Egresos de este año.
La Secretaría de Hacienda aplicará el recorte del 75% sobre los recursos que las instituciones públicas tenían disponibles en esos capítulos entre el 23 de abril -fecha en que se publicó el decreto- y diciembre.
La reducción presupuestaria no aplicará para los Poderes Judicial y Legislativo ni para los órganos autónomos; tampoco se verán afectadas las Secretarías de Salud, Defensa y Marina ni la Guardia Nacional (adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana).
Las demás instituciones gubernamentales -dependencias del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas paraestatales- deberá operar el resto del año con el 25% de los fondos sobrantes en los capítulos 2000 y 3000.
Dichos capítulos no sólo constan de gastos que podrían considerarse superfluos o prescindibles, como los viajes de funcionarios públicos, los congresos y exposiciones o la publicidad oficial, sino que también incluyen partidas para cubrir servicios esenciales -cuya falta de pago podría paralizar al gobierno- e inversiones en insumos y equipamientos prioritarios.
A fin de entender el impacto del recorte, Animal Político revisó, concretamente, en qué ha gastado el gobierno este año los recursos asignados a los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto, con base en el reporte del Avance del Gasto Público al Primer Trimestre elaborado por la Secretaría de Hacienda, que es el informe más actualizado disponible.
Para esta revisión se tomó en cuenta el gasto ejercido exclusivamente por las instituciones públicas que serán objeto de la reducción presupuestal, con la finalidad de describir, precisamente, cuáles de sus actividades podrían verse en riesgo.
Conforme al decreto, el recorte se aplicará a las Secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados; empresas con participación estatal (Pemex y CFE); organismos descentralizados (CEAV, Inmujeres, Pueblos Indígenas, entre otros), así como al IMSS y al ISSSTE, que no fueron excluidos de la política de austeridad -a diferencia de la SSA-, pese a su relevante función actualmente en el combate a la pandemia.
Gasto en servicios esenciales
Entre enero y marzo, las instituciones consideradas en el decreto de austeridad ejercieron un gasto de 59 mil 587.2 millones de pesos del presupuesto asignado al capítulo “2000 Materiales y Suministros”, y 49 mil 690.8 millones de pesos del capítulo “3000 Servicios Generales”.
En este último se incluye el pago de servicios básicos del gobierno.
Las instituciones públicas gastaron 3 mil 442.5 millones de pesos por concepto de electricidad, agua, gas, telefonía fija y acceso a internet.
Otros servicios esenciales cubiertos son el arrendamiento de edificios y terrenos (717 millones de pesos); servicio de limpieza y manejo de desechos (511.8 millones de pesos); servicio de protección y vigilancia (1 mil 252 millones de pesos); seguro de bienes patrimoniales (1 mil 224.8 millones de pesos); servicios financieros y bancarios (453.8 millones de pesos) y servicios postales (61.9 millones de pesos).
Todas estas erogaciones por servicios esenciales suman 7 mil 677.1 millones de pesos, que equivalen al 15.4% del gasto del capítulo 3000 durante el primer trimestre del año.
Inversiones prioritarias
Con recursos del capítulo “2000 Materiales y Suministros”, la CFE adquirió combustibles nacionales y de importación para sus plantas productivas con una inversión de 31 mil 263.1 millones de pesos, de acuerdo con el informe de Avance del Gasto de Hacienda.
Esa cifra representa el 52.4% de todos los fondos del capítulo 2000 ejercidos el primer trimestre de año.
Los recursos sobrantes de ese capítulo se destinaron, por ejemplo, a la partida de “Medicinas y productos farmacéuticos”, en la que se invirtió 7 mil 153.3 millones de pesos, principalmente por parte de tres instituciones: IMSS (4 mil 408.1 millones), ISSSTE (2 mil 417 millones) y Pemex (320.3 millones).
Existe también una partida de “Materiales, accesorios y suministros médicos”, a la que las dependencias destinaron 1 mil 318.4 millones de pesos, especialmente del IMSS (979.3 millones), ISSSTE (249 millones) y Pemex (86.5 millones).
El recorte podría afectar la partida “Materiales, accesorios y suministros de laboratorio”, que implicó un gasto gubernamental de 419.3 millones de pesos, que en mayor proporción fue erogado por el IMSS (287.1 millones), Pemex (55.5 millones), ISSSTE (35.3 millones) y SEP (30 millones).
Aunque de nombre semejante, en el capítulo 2000 también existe un partida llamada “Refacciones y accesorios de equipo e instrumental médico de laboratorio”, a la que exclusivamente el IMSS destinó un gasto de 100.5 millones de pesos.
Con el recorte, asimismo, podría resultar impactada la partida “Materiales y útiles de enseñanza para planteles educativos”, en la que la SEP invirtió 693.3 millones de pesos. Esos recursos se distribuyeron así: 566.3 millones de pesos para la UNAM; 70.8 millones para el IPN; 31.6 millones para la UAM; 18.3 millones para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, entre otras instituciones.
Con fondos del capítulo 2000, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) compró 3.5 millones de pesos en plaguicidas, abonos y fertilizantes; por su parte, la SEP invirtió 1.3 millones de pesos en dichos insumos y los destinó a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, al IPN y al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
La administración pública también destinó 34 millones de pesos de este capítulo en la partida “Prendas de protección personal”, en su mayoría invertidos por la CFE (14.6 millones), Pemex (8.7 millones) y SEP (4.6 millones).
Las instituciones públicas también acudieron a los recursos del capítulo 2000 para adquirir vestuario y uniformes para el personal por un monto global de 447.9 millones de pesos. De ese monto, la CFE invirtió 253.6 millones de pesos; el IMSS 63.5 millones; la Secretaría de Cultura 43.5 millones -para el INAH y el INBA-; la SEP 31.4 millones y el ISSSTE 30.6 millones.
Aunque el capítulo 3000 se llama, abstractamente, de “Servicios Generales”, en él existe una partida para “Investigación científica y desarrollo”, en la que el gobierno invirtió 20.2 millones de pesos durante los primeros tres meses del año. De ese total, tan sólo Pemex destinó 12.4 millones de pesos a la elaboración de estudios e investigaciones, seguido de otras instituciones como la Secretaría de Turismo (3.2 millones), la Sader (1.7 millones) y la Secretaría de Bienestar (1.4 millones).
En este capítulo, en el apartado de pago de pago de alquileres -generalmente de inmuebles y vehículos-, existe una partida específica para “Arrendamiento de equipo e instrumental médico”, en la que el IMSS y el ISSSTE invirtieron, respectivamente, 33.4 y 6.3 millones de pesos.
Con los recursos del capítulo 3000, la administración ha financiado también la partida destinada a la impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos (identificaciones, formatos fiscales, certificados y títulos), a la que destinó 96.3 millones de pesos.
El gobierno también invirtió 94 millones de pesos en la instalación, reparación y mantenimiento del equipo de cómputo empleado en las instituciones públicas.
La SEP y la Sader utilizan los recursos de este capítulo para financiar una partida de “Servicios generales para planteles educativos”, en la que invirtieron 1 mil 168.4 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 1 mil 060.7 millones de pesos a la UNAM (90.7% de dicho monto); 113.3 millones a la Universidad Autónoma de Chapingo; 45.5 millones al IPN y 34.1 millones a la Subsecretaría de Educación Media Superior, que administra bachilleratos públicos como el Conalep, CETIS y CBTIS.
La Secretaría de Gobernación (Segob) cuenta con una partida para financiar traslados aéreos y terrestres, así como viáticos, de funcionarios vinculados a programas de seguridad pública y seguridad nacional; la dependencia invirtió en ello 15.1 millones de pesos.
Con fondos del capítulo 3000, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pagó gastos generales de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano (SEM) por un monto de 1 mil 130.6 millones de pesos.
Durante el primer trimestre del año, el gobierno también invirtió 683 millones de pesos en el arrendamiento de vehículos destinados a funcionarios para la operación de programas públicos (capítulo 3000), y otros 409.5 millones de pesos para el combustible de dichas unidades.
Estos servicios fueron contratados principalmente por instituciones como el IMSS, CFE, SEP, SCT, Semarnat, Bienestar y Pueblos Indígenas.
Gastos superfluos
Los capítulos 2000 y 3000 constan también de partidas que podrían considerarse gastos superfluos o prescindibles.
Por ejemplo, entre enero y marzo, la administración federal invirtió 630.6 millones de pesos en el pago de vuelos y pasajes terrestres, así como viáticos, de funcionarios públicos en “comisiones oficiales” dentro y fuera del país (capítulo 3000).
También gastó 163.7 millones de pesos en el arrendamiento de vehículos para funcionarios, excluyendo las funciones de seguridad pública (capítulo 3000), y 8.8 millones de pesos en el combustible necesario para su funcionamiento (capítulo 2000).
El gobierno también erogó 26.1 millones de pesos en la realización de congresos y exposiciones, y 40.2 millones en capacitaciones a servidores públicos (capítulo 3000).
En el primer trimestre del año se destinó un monto de 37.4 millones de pesos para gastos de publicidad oficial, y 2.5 millones específicamente en servicios de monitoreo de medios (capítulo 3000).
Las instituciones públicas también gastaron 37.7 millones de pesos en la compra de materiales de oficina, impresión y fotocopiado, así como 442.6 millones de pesos en el servicio de comedor para funcionarios (capítulo 2000).
