Dos relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron el 6 de noviembre de 2019 una carta al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, donde expusieron de manera “urgente” una relación de presuntos abusos de derechos humanos sufridos por médicos de Cuba que participan en misiones internacionales, como las contratadas entre abril y mayo en México por los gobiernos estatales de Veracruz y CDMX para atender la pandemia de COVID-19.
En su carta de noviembre, las relatoras se mostraron preocupadas por las “condiciones de trabajo y de vida que estarían afectando a los médicos cubanos” enviados a esas misiones, al presumir que “muchos” de ellos “estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras, (y) pagos salariales inadecuados. Además, muchos de estos profesionales estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del Gobierno de su Excelencia”.
De acuerdo con Diario de Cuba, el reclamo de las relatoras vino después de que en mayo de 2019 la organización Cuban Prisoners Defenders presentara ante la ONU diferentes pruebas y 110 testimonios de médicos cubanos que han desertado de dichas misiones y que han narrado los supuestos abusos a los que fueron sometidos por las autoridades cubanas.
En suma, las relatoras Urmila Bhoola (Esclavitud) y Maria Grazia Giammarinaro (Trata de Personas) cuestionaron al gobierno de Díaz-Canel sobre al menos nueve supuestas malas prácticas en estas misiones que encendieron sus alertas y que las llevaron a solicitar una explicación a las autoridades cubanas, aunque también reconocieron que la participación de estos médicos “en las misiones de internacionalización es oficialmente voluntaria”.
En síntesis señalaron:
Las relatoras de la ONU además agregaron que otros profesionales cubanos, entre ellos maestros, ingenieros o artistas “estarían sometidos a condiciones de trabajo y de vida parecidas”, de allí que advirtieran que “las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional de Trabajo… (que) constituye una forma contemporánea de esclavitud”.
Hasta el día de hoy el Gobierno de Miguel Díaz-Canel no ha respondido a los planteamientos de las relatoras de la ONU, sin embargo, el 5 de diciembre de 2019 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un pronunciamiento titulado: “La cruzada de Estados Unidos contra la cooperación médica internacional de Cuba Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores”, donde responsabilizó a Norteamérica de desplegar, desde 2018, “una intensa e injuriosa campaña contra la colaboración médica que Cuba ofrece, combinada con la amenaza de sanciones a dirigentes cubanos y presiones contra los Estados receptores para que prescindan de ella”.
En su postura de seis cuartillas, la cancillería enumeró una serie de acciones presuntamente emprendidas por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, senadores y congresistas asociados a la “mafia anticubana de la Florida y de frenéticos funcionarios del Departamento de Estado”, así como de gobiernos de otros países como Brasil, de estar detrás de esta campaña de acusar a Cuba de “supuestos crímenes de lesa humanidad… en relación con la cooperación médica cubana en el exterior”.
“Altos funcionarios de los Estados Unidos han usado la calumnia de que las brigadas médicas cubanas en la República Bolivariana de Venezuela son tropas militares, lo que Bolsonaro repitió como un papagayo, en septiembre de 2019, durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, triplicando de manera ridícula, por maldad o ignorancia, la cifra mentirosa e infundada, utilizada por Washington”.
La cancillería cubana también habló de los resultados obtenidos en sus brigadas, como en Ecuador, donde 3 mil 565 profesionales de la salud cubana realizaron 6 millones 749 mil 666 consultas médicas o en Bolivia donde sus médicos ofrecieron 73 millones 330 mil 447 de consultas.
“En el caso de las naciones con condiciones económicas más desfavorables, Cuba asume prácticamente los gastos de la colaboración”, expuso la Cancillería.
En relación al sueldo de los médicos cubanos que asisten a estas misiones, la Cancillería expuso que los “técnicos y profesionales cubanos que participan en esos programas lo hacen absolutamente de manera libre y voluntaria. Durante el cumplimiento de su misión, continúan recibiendo íntegramente su salario en Cuba y disponen, además, de un estipendio en el país de destino, junto a otras prestaciones”.
“Cuando Cuba recibe compensación por la cooperación prestada, esos colaboradores tienen el mérito de brindar un aporte justo y totalmente legítimo para el financiamiento, la sostenibilidad y el desarrollo del sistema de salud masivo y gratuito, accesible a todos los cubanos, así como para los programas de cooperación que se despliegan, sin ningún pago a nuestro país, en muchas partes del mundo”.
Actualmente los gobiernos de la CDMX y Veracruz, en México, mantienen convenios de colaboración con las autoridades cubanas, quienes entre abril y mayo enviaron a estas dos entidades 693 médicos, enfermeras y técnicos en salud para enfrentar la emergencia provocada por el COVID-19.
En el caso de la CDMX, las autoridades capitalinas contrataron a 585 de estos médicos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, Oliva Pérez Arellano, el convenio es por 135 millones de pesos (6 millones 255 mil 792 dólares con un tipo de cambio de 21.58 pesos por dólar), y no sólo es para el pago de sueldos de este personal sino para otro tipo de actividades como capacitación, especialización, atención directa, asesoría e investigación conjunta.
La ONU ha estimado que sólo entre 2011 y 2015 (los datos más actualizados que se tienen) los profesionales cubanos contratados en el exterior habrían aportado un promedio anual de más de 11 millones de dólares a la Isla. De esa cantidad, al menos un 80% (8.8 millones) habría sido tributado por los especialistas de la salud.