Por recortes y burocracia, Ley de Amnistía no se aplica y no ha beneficiado a ninguna persona presa
La Ley de Amnistía aprobada de forma urgente desde el 20 de abril para ayudar a despresurizar los penales del país ante la pandemia del coronavirus no se aplica hasta la fecha. ¿La razón? No se ha podido crear la comisión que la ley contempla como primer paso para recibir las solicitudes de los reos que quieran acceder al beneficio.
Problemas burocráticos surgidos a partir de los recortes al presupuesto por las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han retardado la instalación de esta comisión, luego de que originalmente se prometió que el proceso sería rápido y no se agotarían los plazos legales.
Mientras tanto los niveles de sobrepoblación en las cárceles del país se han agravado. En mayo el número de personas en reclusión superaba las registradas al cierre del año pasado. La pandemia ha enfermado ya a cerca de 450 internos y 68 de ellos han perdido la vida. Según especialistas las cifras podrían ser mayores, pero existe opacidad en los registros oficiales.
La Ley de Amnistía fue aprobada por el Senado el pasado 20 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 del mismo mes. Pero un día después, el 23, se publicó el decreto de las medidas de austeridad firmado por el presidente, con recortes de 75% en los presupuestos de diversas dependencias.
Maïssa Hubert, subdirectora Ejecutiva de Equis Justicia, organización promotora de la referida ley ante el gobierno, dijo que aunque la norma plantea un plazo de 60 días para crear la comisión, había el compromiso político de no agotar este ni otros plazos para que la ley pudiera tener un impacto en el contexto de la pandemia.
Sin embargo, ya transcurrieron dos terceras partes de dicho periodo y la comisión no existe. El problema, explica Hubert, es presupuestal, ya que en los artículos transitorios de la Ley de Amnistía se ordenó la transferencia de recursos a la misma.
“Hay un borrador del acuerdo para crear la comisión de amnistía en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que está bloqueado por un tema que es presupuestal. Los transitorios marcaban que tenía que haber recursos, pero luego vino el decreto de austeridad y ahora no saben cómo darle salida al tema. Está bloqueado y no hay señal de que se mueva”, señalo en entrevista.
La Secretaría de Gobernación confirmó que la intervención de Hacienda ha detenido el proceso. Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de dicha dependencia, detalló en una conferencia en línea organizada por la organización Reinserta el jueves pasado el escollo presupuestal.
“Por cuestiones burocráticas para instalar la comisión, Hacienda nos pidió dar un reporte de suficiencia presupuestal de INMUJERES y del IMPI que no tienen que ver en la operación, sino que solo son integrantes de la comisión de Amnistía. Entonces hemos subsanado desde hace dos semanas este requerimiento y estamos al pendiente de la respuesta de Hacienda para poder terminar con el trámite y poder hacer la instalación”, dijo la funcionaria.
La tardanza en la implementación de la Ley de Amnistía federal también ha impactado negativamente en la posible implementación de dicha medida a nivel de los estados. Hubert explicó que hay 19 entidades con proyectos iniciales para crear sus normas.
“Pero están viendo que a nivel federal no se puede avanzar ni en lo mas básico que es la comisión, lo que ha despertado dudas sobre el modelo que se quiere implementar”, dijo.
Inútil contra pandemia y hacinamiento
Mas allá de los retrasos en su puesta en marcha, expertas en temas de seguridad y justicia advierten que la Ley de Amnistía, por sí sola, es una herramienta inútil para disminuir los riesgos de la pandemia en el sistema penitenciario, tanto por los tiempos que conlleva así como por su limitado alcance.
En su intervención en la conferencia en línea organizada por Reinserta, Catalina Pérez Correa, investigadora de la Universidad de Stanford, explicó que aun cuando se logre poner en marcha la comisión, lo que sigue es un periodo de presentación de solicitudes y el análisis de una por una, procedimiento que puede tomar otros cuatro meses al menos.
“Hay que separar a la Ley de Amnistía de la epidemia de COVID. La ley de Amnistía no es una respuesta para COVID. Los tiempos que requieren no dan para eso. Aunque se le rescató en ese contexto de la pandemia, la amnistía es mas bien una respuesta al uso excesivo que estamos haciendo del derecho penal y del sistema carcelario”, dijo.
Pérez Correa y la doctora en Derecho Ana Laura Magaloni coincidieron en la sesión en que la ley manda un mensaje correcto ,al contemplar que ciertas personas no deben estar en prisión, como una mujer que es acusada de practicar un aborto o un sujeto de bajos recursos detenido por narcomenudeo.
No obstante, su alcance para despresurizar por sí sola el sistema penal es limitado, ya que solo contempla delitos en el fuero federal. Animal Político publicó en abril que la ley, en el mejor de los casos, podría beneficiar solo al 7% de todos los presos.
Aun más relevante, destaca Pérez Correa, es la contradicción en la política pública en el ámbito penitenciario. Esto ya que el año pasado se aprobaron reformas constitucionales para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, lo que facilita el encarcelamiento de personas en vez de dificultarlo.
Preliberaciones insuficientes, sobrepoblación crece
Hasta ahora ni una persona ha podido ser liberada por la aplicación de la Ley de Amnistía. No obstante, algunos gobiernos estatales anunciaron que aprovechando las posibilidades que desde hace años permite la Ley Nacional de Ejecución Penal se intentaría acelerar las libertades anticipadas y preliberaciones de personas en prisión, durante la pandemia del coronavirus.
Paulina Téllez dijo que Gobernación elaboró una guía de preliberaciones para asesorar a las entidades en esta estrategia.
De acuerdo con cálculos de organizaciones que dan seguimiento a temas penitenciarios, como AsíLegal o Documenta, entre marzo y mayo se habría conseguido preliberar de esta forma de 2 mil a 3 mil internos en el país. Datos oficiales de los cuadernos de información penitenciaria nacional arrojan que de enero a abril se concedieron 1 mil 404 libertades anticipadas.
Sin embargo, lo anterior ha sido insuficiente para aminorar el crecimiento de la población penitenciaria. De hecho, el problema se ha agravado.
Las cifras oficiales arrojan que mientras en enero la población penitenciaria del país era de 202 mil 337 internos, para el arranque de mayo la misma había crecido a 207 mil 890. Es decir, casi 5 mil 500 internos más en un plazo de apenas cuatro meses. En el mismo lapso el número de centros penitenciarios en el país con problemas de hacinamiento pasó de 110 a 115 reclusorios.
Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de Ciudad de México. A principios de mayo la jefa de Gobierno anunció la intención de liberar a 800 internos de las cárceles capitalinas. El poder Judicial de Ciudad de México dijo, no obstante, que cada caso tendría que ser evaluado en lo individual para determinar si se cumplen o no los requisitos.
Hasta la semana pasada, de acuerdo con cifras del Poder Judicial, las personas preliberadas no rebasaban las 200, es decir, apenas la cuarta parte de lo que el gobierno capitalino había previsto.
Lo que sí ha crecido, en cambio, es la población en las cárceles de la ciudad. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario mientras que en diciembre de 2019 la cifra de reos en penales capitalinos era de 24 mil 702, para abril la cifra había crecido a 25 mil 324 reos, y al cierre de mayo subió a 25 mil 711.
Maïssa Hubert, subdirectora de Equis Justicia, dice que la explicación detrás de esto es sencilla: las preliberaciones no se diseñaron pensando en que fueran masivas o para vaciar las cárceles en una pandemia. De hecho, las que se han concedido en 2020 se encuentran en la misma proporción que las que se venían facilitando antes de la crisis de salud.
“La ley de ejecución no está hecha para enfrentar una pandemia sino para garantizar los derechos de las personas y hay un sinfín de requisitos que se tienen que cumplir, los jueces tienen que medir esos requisitos, si todas esas disposiciones se cumplen, si hay reparación del daño. Y si no es el caso no se puede conceder esa preliberación”, dijo en entrevista.
Nohemí Juárez, abogada de la organización Documenta, hizo hincapié en que la decisión de si se cumplen estos requisitos dependen de jueces de ejecución los cuales tampoco han estado laborando al cien por ciento, lo que repercute en que el número de beneficios no sea mayor.
“Durante los meses de la pandemia mucha de la actividad en los juzgados se detuvo. Es cierto que se quedaron algunos de guardia, pero para ver casos urgentes, y como casos urgentes era una orden de aprehensión o reaprehensión. No necesariamente los requisitos de una preliberación. Eso también afectó”, dijo Juárez.
Y a todo ello se suma el efecto contrario que ha traído consigo el ampliar la cantidad de delitos de prisión oficiosa, situación que ya ha revertido el descenso de la población penitenciaria que se venía registrando en los últimos tres años.
Los muertos por COVID… y los que no se saben
De acuerdo con un monitoreo que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta el pasado 10 de junio se habían confirmado 429 casos de coronavirus en los centros penitenciarios del país. Además, se tenían registrados 219 casos como sospechosos. En cuanto a decesos, la cifra confirmada era de 68 internos muertos.
Sin embargo, las especialistas advierten que las cifras podrían ser mayores. Pérez Correa cuestionó que haya entidades federativas que reportan cero casos en sus cárceles.
“Eso no es creíble y más bien parece que se ocultan los datos o peor, ni se conocen”, dijo en la conferencia en línea.
Hubert criticó el hecho de que las autoridades de salud federal y estatales no den un reporte mucho más pormenorizado y constante sobre los casos de COVID, ni sobre las políticas de prevención y atención que se están implementando en los centros penitenciarios, y que hasta el día de hoy la única información que se publica proviene de CNDH.
