En Guanajuato crecen los homicidios, pero no el personal para investigarlos y prevenirlos

En Guanajuato la violencia se multiplica, pero no la fuerza del Estado para investigarla ni prevenirla. Mientras los homicidios se han triplicado en los últimos años, el número de policías, fiscales, jueces y peritos responsables de investigarla sigue siendo el mismo y en algunos casos, incluso, ha disminuido.

Mientras en 2016, por ejemplo, un agente del Ministerio Público especializado en homicidios tenía a su cargo más de 200 nuevos casos por año, para 2019 tiene que hacerse responsable de más de 440. Hace cuatro años el estado tenía seis policías en promedio para prevenir – o al menos reaccionar – cuando se comete un homicidio, pero hoy no junta ni tres por caso.

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Al poco personal y a las fallas en investigaciones, se suma la falta de apoyo y de coordinación de parte de las autoridades federales. Esto ha repercutido en casos como el de la madre del presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien pese a ser señalada públicamente como “operadora financiera” de un grupo del crimen organizado, delitos de tipo federal, no fue acusada de ello. Hoy está libre.

“Las capacidades del estado para prevenir y contener la violencia y la delincuencia son insuficientes en número y deficientes en la calidad de la investigación. A nivel local no hay planes ni estrategia de coordinación con las alcaldías, mientras que la federación, por su parte, está desaparecida”, dijo en entrevista Juan Alcántara Soria, exprocurador de Guanajuato y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública.

Autoridades rebasadas

En ese contexto los recursos humanos de las fuerzas de seguridad y de justicia local se han rezagado. En algunos casos ha crecido el número de servidores públicos, pero de forma marginal respecto al avance de la violencia, mientras que en otros casos hay reducciones.

Por ejemplo. De acuerdo con datos de INEGI, en 2016 la Fiscalía de Guanajuato tenía 1 mil 749 funcionarios para investigar delitos, pero para 2019 dicha cifra se redujo a 1 mil 691. Es decir, se debilitó la fuerza destinada a la investigación.

Pero aun dando por un hecho que el personal de homicidios hubiera crecido, esto se queda corto frente al avance de la violencia. Ello ya que mientras en 2016 a cada una de las cinco agencias le tocaban indagar 219 nuevos homicidios en promedio al año, para 2020 a cada una de las ocho agencias le tocan más de 440 nuevos asesinatos.

El equipo pericial también está rebasado. Aun cuando de 2016 a 2018 creció marginalmente la cifra de peritos, de 162 a 200, para 2019 los peritos disminuyeron a 189. Los mismo sucede con los médicos forenses que de 2018 a 2019 decrecieron de 110 a 100 en total.

Esto significa que mientras en 2016 a cada perito le tocaban revisar siete nuevos homicidios (además de todos los demás delitos), para 2019 le corresponden 19 homicidios dolosos, casi el triple. En tanto, la carga por médico forense también se triplicó al pasar de 12 a 35 nuevos casos.

La fuerza para prevenir o reaccionar ante la comisión de un homicidio en Guanajuato también se ha visto afectada. Si bien la cifra de policías estatales y locales en la entidad avanzó de 8 mil 942 en 2017 a 10 mil 91 en 2019, esto es insuficiente, pues el promedio de policías por cada crimen bajó de seis a menos de tres.

La debilidad del estado de fuerza policial en Guanajuato se confirma al comparar a dicha entidad con otras de población similar. Mientras el estado tiene una proporción de 176 policías preventivos por cada cien mil habitantes, la proporción en Jalisco es de 201 uniformados por cada cien mil habitantes; en Chiapas es de 212; en el Estado de México es de 228; en Nuevo León es de 238; y en Ciudad de México la tasa es de 454 policías.

Lo mismo se aprecia al comparar los aparatos de investigación. Mientras que Guanajuato cuenta con una proporción de 31 agentes del MP, policías ministeriales y peritos por cada cien mil habitantes, Chiapas tiene 37, Nuevo León 51, y Ciudad de México mas de cien.

El estado de fuerza de las policías preventivas y de investigación en Guanajuato también se ha visto mermado por la propia violencia. Tan solo el día de ayer tres policías preventivos del municipio de Silao fueron asesinados, y en lo que va de 2020 cerca de medio centenar de agentes han perdido la vida.

Los jueces en Guanajuato también han visto duplicado su trabajo. Mientras que en 2016 a cada juez le tocaba trabajar 32 homicidios, para 2019 la proporción era de 64 asesinatos

Pocos y dudosos

Las deficiencias en Guanajuato no solo tienen que ver con el numero de elementos. Existen dudas en cuanto a la preparación, calidad del trabajo y coordinación para plantarle cara al crimen.

Por ejemplo, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, hasta el cierre del año pasado solo 614 de los 1 mil 264 policías investigadores de la Fiscalía del estado, menos de la mitad, contaba con el denominado Certificado Único Policial (CUP) que avala que cuenta con las competencias y habilidades necesarias para hacer bien su trabajo.

De forma similar, de los 6 mil 500 elementos de la policía municipal de la entidad solo 3 mil 995 contaban con el CUP a finales del año pasado, al igual que 2 mil 685 de los 3 mil 133 agentes estatales.

Aunque la Fiscalía de Guanajuato ha sido catalogada como la de mejor desempeño en diversos análisis de organizaciones civiles como Impunidad Cero y el Observatorio Nacional Ciudadano, la verdad es que no esclarece la mayoría de los delitos graves. En el homicidio, por ejemplo, los niveles de impunidad rondan el 90%.

Hay casos de alto impacto que han evidenciado las deficiencias en las investigaciones. El último de ellos fue el caso de María Eva “N”, madre de José Antonio Yépez alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. La señora, detenida en supuesta posesión de droga, fue liberada luego de que se comprobaron serias irregularidades en su aprehensión, entre ellas alteración de evidencia y tortura.

Incluso la perito que presentaría la Fiscalía para aportar evidencia relacionada con la detención no acudió a la audiencia.

“La Fiscalía del Guanajuato ha invertido muchos recursos en construcción de inmuebles y adquisición de equipos tácticos, pero no se ha dado la suficiente atención al crecimiento cuantitativo y cualitativo de ministerios públicos, de peritos, y de policías ministeriales”, dijo Alcántara Soria.

El exprocurador recalcó que el propio gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, ha reconocido que el personal de la Fiscalía es insuficiente para atender las cargas de trabajo, al igual que los efectivos de las policías. Pero queda la duda de qué trabajo y qué coordinación se esta llevando a cabo y la colaboración con los municipios.

“No se ha acompañado a los alcaldes para que construyan policías municipales o las fortalezcan. El propio gobernador hace un mes reconocía públicamente que solo 5 o 6 municipios están trabajando razonablemente bien, lo que significa que otros 36 municipios no están haciendo su tarea”, dijo.

Alcántara Soria consideró que el estado no ha logrado desarrollar una estrategia de prevención social de la violencia efectiva, situación en la que también ha impactado negativamente la ausencia de instancias de fiscalización independientes o ciudadanas.

La ausencia federal

Pese a que Guanajuato es la entidad con mayor nivel de violencia homicida del país, la cifra de elementos de la Guardia Nacional desplegados por el gobierno federal en apoyo a las autoridades locales es inferior a la registrada en otros estados.

Al cierre del año pasado, por ejemplo, la cifra de elementos desplegados era de casi tres mil, cantidad inferior a la de estados con poblaciones similares y con menor violencia como el estado de México, Veracruz, Jalisco o Michoacán.

Y si la comparación se hace por tasas respecto a la población, hay entidades como Querétaro – de las mas seguras del país – donde hay una mayor proporción de guardias nacionales que en Guanajuato.

El distanciamiento entre las autoridades federales y locales también quedó evidenciado en el referido caso de la detención de la madre de “El Marro”. El gobernador del estado reclamó en su cuenta de Twitter el hecho de que la Fiscalía Genera de la República (FGR) no haya querido atraer el caso y reclamó mayor apoyo de peritos , agentes y fiscales federales.

Fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional la que en un comunicado había identificado a la madre del capo como “presunta operadora financiera”, situación de la que derivan delitos federales como lavado o crimen organizado. Pero la FGR dijo que no tenia investigaciones relacionadas con la mujer y no quiso atraer el caso tras concluir que existían irregularidades.

El extitular del Sistema Nacional de Seguridad Pública concluyó que estos hechos evidencian una falta de confianza entre autoridades federales y estatales, lo que da pie a descoordinaciones graves que son inadmisibles en una crisis de seguridad como la que atraviesa Guanajuato.

“Es urgente que el gobierno federal aparezca. El robo de combustible que por años se permitió y fortaleció a los grupos criminales en el estado es una responsabilidad federal. Se supone además que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado denuncias ante la Fiscalía federal sobre el lavado de estos grupos. Pero esos resultados no llegan”, añadió.

Cambiar al fiscal, ¿solución?

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa, lleva doce años en el cargo. En 2009 fue designado procurador de la entidad, cargo en el que fue ratificado en 2012 tras el cambio de gobierno. Luego, en 2017, una reforma aprobada con motivo del cambio de la Procuraduría a Fiscal le dio el paso automático al puesto de Fiscal general, puesto en el que aun pude mantenerse un sexenio más.

Colectivos ciudadanos como “Fiscalía que Sirva” han criticado fuertemente el que se haya permitido al mismo funcionario permanecer tanto tiempo en el cargo. Incluso promovieron demandas de amparo en contra de dicho pase automático.

Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a las anomalías que permitieron que la madre de “El Marro” recuperara su libertad, también criticó el largo periodo que lleva en el cargo Zamarripa. Dijo que ante lo “atípico” de lo que sucede en la entidad era deseable “una renovación en ese puesto”.

Cuestionado sobre este hecho, Alcántara Soria coincidió en que ningún funcionario en cargos de esta naturaleza debe permanecer tanto tiempo en dicha responsabilidad, por lo que sí es necesario que haya un cambio. No obstante, dijo que eso por sí solo tampoco arregla el problema.

“Se necesitan cambios mucho más estructurales. Soluciones para problemas que no solo padece Guanajuato. Por ejemplo, es necesaria ya una reforma hacendaria para que ya no estén centralizados los recursos de seguridad y se termine con el manejo perverso que hay del dinero y que termina afectando la viabilidad de los aparatos de seguridad en los estados”, dijo Alcántara.