En cuatro meses estados ejercen solo 3% del fondo anticrimen, pese a récord de violencia
En México la violencia sube, pero la inversión para combatirla no. En los primeros cuatro meses de 2020, donde los homicidios llegaron a niveles récord, los estados solo ejercieron el 3 por ciento del fondo destinado para la seguridad aprobado por el Congreso que asciende a 9 mil 600 millones de pesos.
Hay casos como el de Guanajuato o Colima, entidades líderes en violencia homicida, donde no se ha invertido un solo peso transcurrida la tercera parte del año.
Dicho presupuesto, tanto lo etiquetado y lo poco que se ha gastado, se ha destinado principalmente para la compra de equipos, patrullas y controles de confianza. En cambio, se contempla menos del 0.1 por ciento para impulsar el modelo aprobado por los gobiernos para modernizar y desarrollar a las policías.
Así lo revela un análisis oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre el ejercicio del denominado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que es el principal fondo para acciones de seguridad que se transfiere a los estados.
En 2020 se autorizaron 9 mil 607 millones de pesos en el FASP, un incremento en términos reales inferior al 1 por ciento respecto a 2019, pese a que dicho año había cerrado con 35 mil 620 asesinatos, un nuevo máximo de violencia.
El análisis muestra que transcurridos los primeros cuatro meses del año se han ejercido 301 millones de pesos, que equivale a solo el 3.1 por ciento del presupuesto total. Se trata del dinero que se ha recibido, programado y pagado en las entidades.
Si se toma en cuenta que la Secretaría de Hacienda ya ha transferido a los estados 3 mil 716 millones de pesos del FASP, esto significa que, en promedio, las entidades solo han ejercido 1 de cada 10 pesos del dinero que ya tienen en sus manos.
Además, hay otros 5 mil 891 millones de pesos del fondo que de acuerdo con el reporte están aprobados, pero aun están pendientes de ser repartidos a los estados.
Violencia sí, inversión no tanto
En 2020 los homicidios en el país continúan incrementándose. Tan solo entre enero y mayo más de 15 mil personas fueron asesinadas, una cifra récord. Casi el 13 por ciento de dichos crímenes se han cometido solo en Guanajuato, uno de los epicentros de la violencia en el país.
Para dicho estado se han destinado 330 millones de pesos del FASP, de los cuales ya le fueron transferidos 132 millones. Sin embargo, hasta el cierre de abril no se había ejercido un solo peso de dicho dinero.
El panorama es similar en otros estados. Por ejemplo, en Colima – la entidad con la mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes – tampoco se ha echado mano de los 247 millones de pesos del FASP. Misma situación en Baja California, el segundo estado con la mayor tasa de crímenes, donde están intactos los 354 millones de pesos que tiene asignados.
Chihuahua, otro de los estados mas violentos, tiene asignados casi 369 millones de pesos de los que ya se le transfirieron 148 millones sin que hasta ahora haya ejercido nada. Idéntica situación de Jalisco, donde no se ha ejercido ni un peso de los 378 millones que le corresponden.
La excepción entre las entidades con más homicidios es el estado de México donde el gobierno local ya ejerció y pagó casi 103 millones de pesos y tiene próximos a pagar otros 124 millones, de los 640 que le corresponden en total. Es decir, en dicho estado ya se ha gastado la tercera parte del FASP en la tercera parte del año.
Los fierros, la prioridad
El análisis del Sistema Nacional de Seguridad muestra para las áreas en las que se tiene previsto invertir los recurso del FASP. Al igual que en años anteriores, la prioridad es la adquisición de insumos materiales.
Del total del dinero aprobado 4 mil 441 millones – el 46 por ciento – está destinado exclusivamente para “equipo e infraestructura”, y de ese total 2 mil 900 millones de pesos es para insumos de las instituciones de seguridad como patrullas, chalecos, entre otros. Dentro de este rubro se ha previsto la compra de equipo para búsqueda de personas desaparecidas, peor solo por 143 millones.
Se etiquetaron 2 mil 352 millones de pesos del FASP, equivalentes 24 por ciento del total, para el rubro “Sistemas de Información”, que también está relacionado con adquisición de equipos y tecnología, principalmente radios, cámaras y software de distinto tipo.
La tercera partida mas grande es de 1 mil 324 millones destinada para certificación y evaluación de control de confianza, que es la batería de exámenes obligatorios que tiene que cumplir una persona para ser policía. Cabe señalar que se trata de un proceso que a mas de una década de haber sido diseñado, no se ha logrado concluir.
Por otro lado, de los recursos del fondo se han destinado poco mas de 730 millones para el sistema penitenciario en los estados. Se trata de menos del 8 por ciento del FASP para uno de los mayores rezagos que tienen el sistema de justicia del país. Las cárceles en México, según informes de CJNG y organismos internacionales, adolecen de falta de espacios y de sistemas efectivos de readaptación, mientras prevalece la corrupción.
Una proporción aun menor es la que se ha destinado para el concepto prevención social de la violencia: 310 millones de pesos que equivalen al 3.2 por ciento. Este es el rubro donde se contemplan, por ejemplo, acciones que faciliten el acceso a la justicia para las mujeres o asesorías jurídicas para gente de bajos recursos que lo requieren.
Pero el concepto al que menos recursos se etiquetaron es el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, diseñado por el gobierno federal y aprobado por los estados como el mecanismo para dignificar a las policías del país con mejores salarios, formación y carrera. Es un modelo que plantea transformar la policía fortaleciéndolo con capacidades de investigación, pero también con enfoques hacia la solución de problemas.
Para todo ese modelo se asignarán desde el FASP cerca de 679 mil pesos, que apenas equivale al 0.007 por ciento del monto total del fondo.
Esta política de gasto que privilegia lo material sobre el desarrollo humano es la misma que se ha repetido en años anteriores, como se reveló en el reportaje Crimen y Violencia en México: la guerra que no acaba. Especialistas consultados para dicho trabajo consideran que, mientras esa prioridad de gasto no cambie, será difícil obtener mejores resultados.
COVID-19, un nuevo gasto
El 15 de abril el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) emitió la circular oficial denominada “Adecuaciones a los recursos convenidos del financiamiento conjunto FASP, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19”.
En el documento se anuncia a los secretarios ejecutivos de los estados que las metas planteadas con el FASP se verán “afectadas” por el “contexto sanitario” que se vive, y se advierte que es “urgente disminuir la brecha entre los recursos necesarios y los disponibles para la atención de la emergencia sanitaria”.
Por ese motivo el oficio autoriza a los estados a hacer adecuaciones (modificaciones) en el uso de los recursos para destinarlos a compra de insumos médicos o similares que tengan como finalidad proteger a los policías y agentes de seguridad de la enfermedad provocada por el coronavirus.
Hasta ahora no se ha dado a conocer a cuanto ascendería el monto de dichas adecuaciones ni los recursos afectados del FASP en ello.
El otro fondo municipal
El FASP es el fondo de mayor monto que se destina cada año para la seguridad. No obstante, existe otro fondo enfocado a u municipios con altos índices de violencia conocido como “FORTASEG”, antes denominado “Subsemun”, para el cual se etiquetaron 4 mil 706 millones de pesos en 2020.
Los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad no permiten conocer aun el monto ejercido de dicho fondo. Lo que si se adelanta son los conceptos en los que se podrá invertir el recurso.
Al igual que ocurre con el fondo estatal, la mayor parte del dinero va para infraestructura: 2 mil 299 millones de pesos que equivalen al 60 por ciento del presupuesto. Le sigue el rubro de control de confianza para el cual se han etiquetado poco más de 932 millones de pesos.
A diferencia de lo que ocurre en los estados, a nivel municipal se tiene contemplado un porcentaje mayor al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica con 802 millones de pesos, que equivale al 17 por ciento del total del FORTASEG.
