Enfermeras con hijos con discapacidad se amparan para no trabajar durante pandemia
El mayor miedo de A. era que pudiera contraer COVID-19 en su empleo como enfermera y contagiar a su hijo de menos de dos años, que tiene discapacidad y retraso psicomotor provocados por el Síndrome de West, y se alimenta por una sonda de gastrostomía. Pero cuando pidió dejar de ir a trabajar, por vivir con alguien considerado población de riesgo, le negaron la autorización.
Así que a mediados de mayo, apoyada por la asociación civil por los derechos de personas con discapacidad Bienvenido a Holanda, interpuso un amparo para que se garantizara el derecho a la salud de su hijo y ella fuera considerada dentro de las trabajadoras con licencia durante la pandemia.
Apenas unos días después de iniciar el proceso legal, sus temores se hicieron realidad: empezó a tener mucho dolor de cabeza y malestar general. En donde trabaja, el Hospital de Psiquiatría con Unidad Médica Familiar 10, la revisaron y le dijeron que sí eran los síntomas de COVID-19, pero la mandaron a su clínica familiar por un diagnóstico.
Ahí le dijeron que solo se le hace la prueba a una de cada diez personas con síntomas leves, como estableció el modelo Centinela, y a ella no le tocaba, aunque fuera personal médico y hubiera estado en contacto directo con pacientes de coronavirus. Así que solo le dieron siete días de incapacidad, le mandaron tomar mucha agua, reposar y tomar paracetamol.
Con el amparo en trámite y el abogado enviando documentos, su hospital le llamó para que se fuera ahí a hacerse la prueba. Un nuevo médico la revisó, le diagnosticó bronquitis y le recetó unos inhaladores que la ayudaron porque se había ido agravando, hasta que llegó la confirmación: se había contagiado de SARS-CoV-2.
Regresó a su clínica familiar con el diagnóstico confirmado, donde solo le agregaron una semana y media más de incapacidad, y poco después la dieron de alta.
Con la enfermedad encima y su incapacidad a punto de vencer, por fin un juez de la Ciudad de México le concedió el amparo para “no asistir a su centro de trabajo (…) sin responsabilidad jurídica alguna, y con goce de sueldo, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades federales sanitarias suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria decretada en el país por el COVID-19; con la finalidad de conservar viva la materia del amparo, evitando daños o perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa y su menor hijo”.
El daño para ella, ya está hecho. Si su hijo no se contagió, fue porque ella misma, por precaución, desde que empezó la pandemia se había mantenido separada de él y de su esposo lo más posible. Viven en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en una casa pequeña. Ella empezó a dormir en un cuartito aparte, en un sleeping bag en el suelo, y ahora está completamente aislada, mientras su marido, que se dedica a transporte privado tipo taxi con un coche que sacaron a crédito, cuida al niño.
“Yo ya entraba a trabajar este sábado que pasó, pero justo un día antes me llegó la resolución del amparo, que fue satisfactorio a beneficio de mi pequeño y mío. Que ya no me presentara a mi unidad donde trabajo, por precaución y prevención para mi pequeño”, cuenta en entrevista con Animal Político.
En teoría, a los 12 días de confirmado el diagnóstico, deberían hacerle una segunda prueba para ver si ya se curó. Pero le dijeron que no hay pruebas y en su clínica ya la dieron de alta. Todavía tiene dolor de cabeza, así que ella piensa en mantenerse aislada un mes, antes de volver a entrar en contacto con su familia.
El caso de A. es el segundo amparo que consigue una enfermera en esta situación.
Hace unas semanas, M. ganó su propio amparo para uno de los dos lugares donde trabaja, el Toxicológico de Xochimilco. Desde que empezó la pandemia, como no es un lugar donde se reciba a pacientes de COVID-19, ignoraron que es la única cuidadora de su hijo, que vive con autismo, y no le autorizaron dejar de presentarse.
En ese caso, el juez que recibió la solicitud de amparo ordenó al hospital garantizarle todas las medidas de seguridad para evitar un contagio de coronavirus, y no solo los cubrebocas quirúrgicos de un solo uso, goggles y caretas, que era lo que tenía.
Según M., solo se lo proporcionaron un día, pero entonces hubo una sensación de que no podían hacer distinciones con otras enfermeras, así que tuvo dos efectos positivos: a ella le dijeron que ahora sí podía solicitar licencia por vivir con una persona que está dentro de la población considerada de riesgo y se la concedieron, y a sus compañeras les mejoraron el equipamiento, asegura.
Ahora va por un segundo amparo para su segundo trabajo, en el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí, originalmente, cuando se desató la emergencia sanitaria, le dieron el permiso de no acudir porque se habilitó un piso entero para niños que se contagiaran de la nueva enfermedad, lo que la ponía en riesgo directo. Sin embargo, esa licencia venció el 30 de abril, y aunque en mayo la curva de contagios seguía creciendo y creciendo, tuvo que volver al trabajo.
Consciente del riesgo, pidió sus días de vacaciones para evitar el hospital y poder estar con su hijo, que necesita rehabilitación diaria y sufre de ansiedad por los ya más de dos meses de encierro. Espera que esos días alcancen para que nuevamente, se le conceda un amparo que la libre de estar expuesta.
La fundadora de la organización Bienvenidos a Holanda, Margarita Garfias, que apoyó a las enfermeras en el trámite del amparo, explicó que por fortuna estos dos casos han sido los únicos entre unas 25 enfermeras con las que tiene contacto y a las que sí les concedieron licencia laboral por tener hijos con discapacidad que requieren cuidados especiales.
Sin embargo, lamentó que estén sujetas a buenas voluntades y no a derechos garantizados como cuidadoras.
