COVID-19: Demandas por despidos injustificados se sumarán a miles de casos rezagados
Una persona despedida injustamente durante la actual pandemia y que decida demandar a su patrón ante una Junta de Conciliación y Arbitraje podría ver resuelto su caso hasta 2024. Eso, si el trámite es ágil. Y no existe garantía de que el fallo sea a su favor.
Las demandas por despidos injustificados en la emergencia sanitaria por COVID-19 se sumarán a cientos de miles de casos rezagados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federales como locales.
En 2019, en las Juntas federales había un rezago de 438 mil casos, algunos de los cuales tenían una antigüedad de 25 años. La Secretaría del Trabajo ha indicado recientemente que, a la fecha, la cifra aumentó y ronda el “medio millón” de expedientes.
La situación de atraso es idéntica en las Juntas de Conciliación locales, donde se acumulan otros 500 mil casos aproximadamente, de acuerdo con Héctor Mercado López, magistrado del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de la Ciudad de México.
Además del rezago, las Juntas atraviesan una crisis de insuficiencia presupuestal y de recursos humanos para dar trámite a los casos atorados y a los nuevos aportados por la emergencia actual.
Por ahora, dichas instituciones se encuentran cerradas debido a la pandemia. Para entender la avalancha de nuevos expedientes que llegará a las Juntas una vez que el semáforo epidemiológico permita su reapertura, hay que tomar en cuenta que, en sólo dos meses, en marzo y abril, 2.1 millones de personas que trabajaban en el sector formal perdieron su empleo, conforme cifras del INEGI.
“Supongamos que solamente un tercio de esos trabajadores que hayan sido despedidos iniciara alguna petición o demanda ahora que abran los tribunales y las Juntas. Simplemente la infraestructura de las Juntas no dan para resolver los asuntos”, alerta el magistrado Mercado López.
“Las Juntas son las que van a recibir la avalancha de estas demandas con poco personal y los mismos problemas históricos de corrupción, de tráfico de influencias, con problemas graves de infraestructura, y entonces, si llega a ingresar una cantidad por encima de los promedios que normalmente reciben, no tendrán capacidad de responder a los requerimientos de justicia y todos esos asuntos se irán a la resolución de 4, 5 o 6 años, como es usual”.
En octubre comenzará la transición de las Juntas de Conciliación a los nuevos tribunales laborales en 10 entidades –entre las que no se incluye a la Ciudad de México– con la finalidad de que la impartición de justicia laboral pase de las manos de la Secretaría del Trabajo al Poder Judicial, conforme la reforma en la materia aprobada en 2019.
A mediados de ese año, la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) elaboraron un diagnóstico sobre el estado del sistema de impartición de justicia laboral. El panorama ya era crítico.
En documento señalaba que las 66 Juntas Especiales con que opera la JFCA estaban rebasadas de trabajo y que les faltaba personal y presupuesto.
“La carga de trabajo que enfrenta esta autoridad jurisdiccional y que se incrementa en forma continua, con relación a la plantilla de personal, permite advertir una superación casi absoluta de las capacidades técnicas y humanas, ya que sólo se cuenta con mil 647 servidores públicos adscritos en Juntas Especiales. Lo anterior se ilustra con los datos estadísticos contenidos en la numeralia del mes de junio de 2019, en la que se observa que la carga de trabajo en asuntos individuales asciende a la cantidad de 438 mil 008, lo que implica un promedio per cápita de 266 expedientes por servidor público que atiende”, decía el estudio.
En ese momento, la JFCA urgió una ampliación presupuestal de 70.2 millones de pesos para poder cumplir con obligaciones elementales como el pago de renta de inmuebles y de servicios como luz, agua, limpieza e internet, y también solicitó la autorización de 600 plazas eventuales adicionales a las existentes con la finalidad de concluir los 438 mil asuntos rezagados.
Este año, sin embargo, la situación para la JFCA en términos de recursos, lejos de mejorar, empeoró. Si en 2019 se le había otorgado un presupuesto anual de 805.4 millones de pesos, en 2020 bajó a 746.3 millones de pesos.
El magistrado Mercado López sostiene que los gobiernos federal y estatales de todos los partidos contribuyeron al abandono de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que abrió las puertas a actos de corrupción y, en última instancia, derivó en una impartición de justicia laboral “simulada”.
“El problema radica en que las Juntas locales y federales fueron históricamente abandonadas en términos de presupuesto, personal y buenos salarios”, afirma.
“Todos los gobiernos, de cualquier signo, las abandonaron, no les dieron lo suficiente para actuar, lo cual provocó que, a lo largo de los últimos 40 años, se haya degradado la calidad de la justicia a nivel de las Juntas, existiendo muchos problemas de corrupción y de tráfico de influencias, cosas tan aberrantes como, por ejemplo, contratación afuera de las mismas Juntas de testigos o de pseudo representantes del patrón para hacer declaraciones en juicios. Es decir, la administración de justicia de este país se convirtió en una simulación”.
El magistrado laboral sostiene que el gobierno federal y los estatales deben fortalecer presupuestalmente a las Juntas a fin de que cuenten con mejor infraestructura y personal suficiente para dar trámite al cúmulo de demandas por venir.
“Si no se refuerzan, las Juntas van a tener problemas serios, porque, además, el propio proceso de reanudación de labores no va a ser al ritmo que teníamos antes, yo creo que va a ser con menos personal actuante, pero que, paradójicamente, requiere de más personal del que ya existe para poder hacer bien su trabajo. El panorama yo no lo veo con optimismo”, advierte.
